¡Escándalo total! Filtran el video donde humillaron y torturaron al influencer Jeremías Monzón
El tejido social de una nación se fragmenta por completo khi la crueldad más absoluta proviene de quienes apenas comienzan a vivir.
El 6 de julio de 2026, Argentina se encuentra inmersa en un profundo y doloroso debate sobre la delincuencia juvenil, la imputabilidad y los vacíos legales que a menudo dejan a las familias de las víctimas desamparadas en un desierto de impunidad.
Seis meses han transcurrido desde que el nombre de Jeremías Monzón pasó de ser el de un adolescente lleno de sueños en el barrio Luján de Santo Tomé, a convertirse en el símbolo de una tragedia que obligó a reformar las leyes penales del país.
El horror que rodea su asesinato no solo radica en la saña con la que fue ejecutado, sino en la escalofriante madurez criminal y la perversión con la que un grupo de menores planeó, ejecutó, filmó y celebró el fin de la vida de un amigo.
Hoy, con la perspectiva del tiempo y el avance de las causas judiciales, la verdad sobre lo que realmente ocurrió con Jeremías expone una trama de manipulación psicológica, complicidad familiar y un reclamo de justicia que cambió la historia legislativa argentina.
Jeremías Monzón tenía solo 15 años cuando su vida fue truncada el 18 de diciembre de 2025.
Criado en un entorno de amor y valores firmes por sus abuelos, Aldo y Miriam, el joven era descrito por sus vecinos como un chico solidario, inocente y siempre dispuesto a tender una mano a quien lo necesitara.
Fue precisamente esa bondad innata la que sus agresores utilizaron como la carnada perfecta para guiarlo hacia una trampa mortal.
Milagros Altamirano, una joven cercana a su entorno, tejió una red de mentiras para manipular la empatía de Jeremías.
Utilizando un apellido falso, Juárez, para ocultar su verdadera identidad, Milagros le aseguró que se encontraba en situación de calle, desamparada y sin un techo bajo el cual pasar la noche.
Jeremías, conmovido por la supuesta desgracia de su amiga, no dudó en acudir en su ayuda.
Aquella tarde de diciembre, se despidió de sus abuelos, tomó su bicicleta y pedaleó durante treinta minutos cruzando el puente que conecta Santo Tomé con la ciudad de Santa Fe, convencido de que iba a explorar un lugar que serviría de refugio temporal para la joven.
Lo que Jeremías no podía imaginar era que marchaba completamente incomunicado hacia un matadero premeditado.
Horas antes, mientras jugaba en el patio de su casa, un accidente doméstico provocó que su teléfono celular cayera a una piscina, quedando inservible.
Un amigo le prestó un dispositivo de reemplazo, pero este solo funcionaba con conexiones Wi-Fi y carecía de datos móviles, lo que dejó al adolescente aislado durante todo el trayecto.
Mientras él avanzaba con total inocencia, la maquinaria del crimen ya estaba en marcha. Las cámaras de seguridad de la zona sur de Santa Fe registraron cómo los dos cómplices de Milagros, Bautista Valenzuela y Lauriano Pietranoli, ambos de apenas 14 años, llegaron a una antigua fábrica abandonada de envasado de gas aproximadamente media hora antes del encuentro.
Su único objetivo era esconderse en las sombras del recinto y esperar a que la víctima cruzara el umbral.
El escenario elegido para la emboscada no era un paraje desolado en las afueras, sino un predio céntrico ubicado en el ingreso sur de la ciudad, justo enfrente del estadio del club Colón.
A pesar de ser una zona monitoreada y de constante tránsito, los tres menores operaron con la sangre fría y la planificación estratégica de una organización criminal experimentada.
Cuando Jeremías ingresó al galpón creyendo que ayudaría a ordenar el lugar para su amiga, fue atacado de inmediato.
Valenzuela y Pietranoli lo acorralaron armados con armas blancas, un destornillador y un arma de fuego.
El motivo aparente que esgrimían los atacantes era la supuesta existencia de un video íntimo de Milagros con varios jóvenes, el cual creían que estaba en poder de Jeremías.
Bajo amenazas de muerte, le exigieron de rodillas que entregara la contraseña de su celular para borrar dicho archivo.
La violencia que se desató en los siguientes cinco minutos quedó registrada en un escalofriante archivo audiovisual de cinco minutos de duración que los propios asesinos filmaron.
En la grabación, que posteriormente se viralizó en las redes sociales provocando la indignación de todo el país, se escucha a un Jeremías aterrorizado, incapaz de pensar debido al dolor y la confusión, suplicando por su vida y entregando contraseñas al azar en un intento desesperado por detener la tortura.
Sin embargo, la investigación fiscal determinaría meses después que el mencionado material íntimo jamás existió en el teléfono de la víctima.
Los agresores intentaron instalar la narrativa de que Jeremías extorsionaba y abusaba de varias jóvenes para justificar su accionar, pero la falsedad de estas acusaciones cayó por su propio peso ante la ausencia total de denuncias y el testimonio unánime de una comunidad que defendía la integridad del adolescente asesinado.
Durante el calvario, la crueldad alcanzó niveles perversos. Mientras los dos varones de 14 años dudaron por un momento al notar que Jeremías probablemente decía la verdad sobre la inexistencia del video en su aparato prestado, Milagros Altamirano, entre risas y burlas, insistió firmemente en que debían acabar con él.
Antes de arrebatarle la vida, los atacantes cometieron vejaciones severas en sus genitales, demostrando un sadismo absoluto destinado a humillar a la víctima antes de su deceso.
Jeremías Monzón falleció en una pequeña habitación del galpón abandonado, tapado con cartones y sumergido en un charco de su propia sangre, tras recibir un total de 27 puñaladas, de las cuales 23 afectaron órganos vitales.
La autopsia oficial confirmó que el joven intentó defenderse desesperadamente, presentando múltiples cortes en las manos y los antebrazos, antes de sucumbir a un shock hipovolémico provocado por la masiva pérdida de sangre.
Mientras el cuerpo de Jeremías yacía en el olvido del galpón, sus asesinos iniciaron un proceso de encubrimiento que involucró a su propio núcleo familiar.
Tras limpiarse la sangre y cambiarse de ropa en la casa de la abuela de Milagros, las cámaras de seguridad captaron al grupo reuniéndose en las inmediaciones del estadio de Colón con Nadia Juárez, la madre de Milagros.
Durante una conversación de cinco minutos que denotaba total normalidad, los menores le exhibieron la pantalla de un teléfono celular, escena que la fiscalía consideró suficiente para dictar la detención de la mujer como partícipe secundaria del crimen, sospechosa de haber visto el video de la tortura en ese mismo instante.
Con un ademán de su brazo, la madre les indicó hacia dónde dirigirse para descartar las armas y las pertenencias de la víctima.
Siguiendo sus instrucciones, los jóvenes se trasladaron al Parque del Sur, donde tiraron las evidencias e incluso, en un acto de cinismo extremo, escribieron el nombre “Jere” junto a la fecha del crimen sobre una losa de cemento, confiados en que su condición de menores de edad los mantendría a salvo de cualquier castigo penal.
Paralelamente, la desesperación se apoderaba del hogar de los Monzón. Al caer la tarde del 18 de diciembre, su abuela Miriam notó la prolongada ausencia del joven.
Jeremías le había mentido a su familia diciendo que se encontraría con su amigo Facundo Mancilla para encubrir su cita con Milagros.
Cuando los abuelos acudieron a la casa de Mancilla, este terminó por confesar que Jeremías había viajado a Santa Fe para verse con una chica del barrio Centenario.
Tras conseguir el número telefónico de Milagros, la tía del joven, también llamada Miriam, se comunicó con ella.
Con una frialdad espeluznante para sus 16 años, la asesina atendió el teléfono limitándose a decir que Jeremías estaba con ella, para luego cortar abruptamente.
En comunicaciones posteriores ocurridas entre el 19 y el 21 de diciembre, Milagros continuó fingiendo preocupación y enviando mensajes falsos a la familia afirmando que saldría a buscarlo y sugiriendo pistas erróneas sobre supuestas novias y locaciones falsas para desviar la atención de los investigadores.
La farsa se derrumbó de manera definitiva el lunes 22 de diciembre de 2025, cuando las autoridades locales reportaron el hallazgo del cadáver descompuesto en la ex envasadora de gas.
Romina Monsón, la madre de Jeremías, tuvo que enfrentarse a la dolorosa tarea de reconocer el cuerpo de su hijo en condiciones devastadoras.
El dolor de la pérdida se transformó rápidamente en una profunda indignación social cuando la comunidad tomó conocimiento de las limitaciones del sistema penal argentino de aquel entonces.
Debido a la legislación vigente heredada de administraciones previas, los menores de 16 años eran considerados penalmente inimputables, independientemente de la gravedad o la atrocidad del delito cometido.
Bajo este tecnicismo legal, Bautista Valenzuela y Lauriano Pietranoli quedaron formalmente sobreseídos y en libertad a las pocas horas de haber confesado minuciosamente el crimen, la ubicación de las armas y la planificación del homicidio ante el juez interviniente.
“Al principio quieres venganza, pero después la vida te da una energía diferente para hacer algo por la sociedad, por los chicos, por sus amigos.
El odio lo convertí en amor para los otros, para que no existan otros Jeremías que pasen por esto”, expresó Romina Monsón en una emotiva declaración pública.
La indignación popular se canalizó en masivas movilizaciones en Santa Fe y Santo Tomé. El repudio de la sociedad civil no solo se limitó a una condena social que obligó a Valenzuela a refugiarse en la provincia de Córdoba y a Pietranoli a ser internado en un centro de rehabilitación rural, sino que impulsó una recolección histórica de más de dos millones y medio de firmas en todo el territorio nacional.
Este movimiento comunitario se convirtió en el motor fundamental para acelerar la sanción del proyecto de reforma conocido popularmente como la Ley Jeremías Monzón, la cual redujo de manera efectiva la edad de imputabilidad en la República Argentina de los 16 a los 14 años para delitos graves, estableciendo que un crimen de adulto merece una condena de adulto.
A pesar del logro legislativo sin precedentes que representa el legado de Jeremías para la protección de futuras víctimas, el panorama actual para su propia familia sigue teñido de un sabor agridulce.
Debido al principio constitucional de irretroactividad de la ley penal, las nuevas reformas no pueden aplicarse de manera retroactiva a los autores materiales del crimen.
De este modo, Milagros Altamirano permanece como la única imputada directa bajo prisión preventiva en un centro de detención de menores en la ciudad de Rosario, enfrentando una pena máxima posible de 15 años de prisión una vez que cumpla la mayoría de edad.
La impunidad de los otros dos coautores sigue provocando un profundo malestar entre los vecinos, especialmente tras descubrirse que semanas después del asesinato, los jóvenes utilizaban perfiles de Instagram para justificar sus actos y burlarse del dolor de los allegados de la víctima.
La causa judicial continúa sumando aristas complejas que apuntan a una aparente red de encubrimiento familiar total por parte de los Altamirano.
Meses después del crimen, la bicicleta de Jeremías, fácilmente identificable por una calcomanía de pizza en su parte frontal y que había quedado en la vivienda de la abuela de Milagros, fue devuelta a la familia Monzón por un ciudadano particular.
Este hombre reveló que había comprado el rodado de buena fe a la hermana mayor de Milagros, quien la puso a la venta días después del homicidio.
Esta revelación motivó nuevas exigencias legales para que se investigue penalmente a todo el clan familiar por complicidad y ocultamiento de pruebas.
El panorama de violencia se completó con la detención del hermano mayor de uno de los asesinos, quien intentó amedrentar a los Monzón mediante amenazas explícitas tras la denuncia del hecho, aunque posteriormente obtuvo la libertad bajo restricciones ambulatorias.
El caso de Jeremías Monzón ha dejado una marca indeleble en la historia criminal y jurídica del país, transformando el dolor desgarrador de una madre en una reforma penal que busca impedir que la minoría de edad sea utilizada nunca más como una licencia impune para la barbarie.
