¡Se rompió la lealtad! Los abelardistas explotan contra Abelardo y le exigen “coherencia” inmediata
La resaca electoral suele ser un trago amargo, pero pocas veces en la historia política reciente de Colombia se había presentado con una rapidez tan fulminante y con un guayabo tan colectivo.
Apenas han transcurrido unas semanas desde que el país acudió a las urnas aquel domingo 21 de junio, y el ambiente de júbilo que inundaba a los sectores más radicales del espectro conservador se ha transformado en un coro de lamentos, reclamos y una profunda desilusión.
Hoy, 15 de julio de 2026, los mismos ciudadanos que salieron a las calles a celebrar la entrega de credenciales en Corferias por parte del Consejo Nacional Electoral a la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, contemplan con asombro cómo las promesas de campaña se diluyen en el pragmatismo burocrático más tradicional.
El autodenominado «Tigre», que basó su narrativa en una supuesta pureza antisistema y en la promesa de barrer con las maquinarias de siempre, ha tardado menos de un mes en demostrar que su ferocidad no era más que un elaborado disfraz de campaña para seducir a un electorado ávido de mesías.
La paradoja del votante arrepentido se ha tomado las redes sociales y los debates de opinión pública en el territorio nacional.
No ha hecho falta esperar a la posesión oficial para que los cimientos del relato de la «extrema coherencia» de De la Espriella se desmoronen ante la terca realidad de los pactos políticos.
Durante meses, el candidato sostuvo que su llegada al poder se haría de la mano de «los nunca», aquellos ciudadanos apartados de los círculos tradicionales de poder.
Sin embargo, la conformación de su equipo de transición y los primeros anuncios ministeriales revelan un panorama completamente opuesto: una repartición de cuotas diseñada para saldar los favores recibidos en la segunda vuelta por parte de partidos tradicionales como Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal.
Las maquinarias que supuestamente combatía son hoy las llamadas a cohabitar en la Casa de Nariño, dejando a las bases de su movimiento en una incómoda posición de estafa electoral que muchos ya no están dispuestos a callar.
Uno de los focos más alarmantes de esta temprana crisis de confianza se encuentra en el sector de los trabajadores estatales, particularmente en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Durante la contienda electoral, el entonces candidato fue enfático al catalogar a la institución como un «cáncer» que debía ser extirpado de raíz, prometiendo su liquidación inmediata.
Hoy, la angustia se ha apoderado de más de 18.000 familias a nivel nacional que dependen laboralmente de esta entidad.
Sindicatos regionales, como el del Tolima, ya han alzado su voz de protesta advirtiendo que la desaparición del instituto dejaría en el limbo a cientos de hogares en su departamento.
La contradicción resulta aún más dolorosa y cínica cuando se recuerda que, en plena campaña, el hoy vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, fue grabado en reuniones políticas con miembros de la guardia del INPEC prometiendo una «reestructuración en beneficio de los trabajadores».
La demagogia de prometer estabilidad en privado mientras se ondea la bandera de la liquidación en público es el primer gran golpe de realidad para un electorado que creyó ciegamente en las bondades de un recorte del gasto estatal sin medir sus consecuencias sociales.
La propuesta de suprimir más de 700.000 empleos públicos bajo la premisa de la eficiencia fiscal plantea interrogantes económicos que la administración entrante no ha sabido responder con seriedad.
El argumento de De la Espriella de que las indemnizaciones millonarias se pagarán con ahorros estatales carece de sustento técnico en un presupuesto nacional ya de por sí altamente comprometido.
Aún más fantasiosa resulta la promesa de trasladar a esta masa de desempleados al sector privado mediante supuestos acuerdos de buena voluntad.
El mercado laboral privado no opera bajo criterios de beneficencia pública ni tiene la obligación legal de absorber el personal descartado por las reformas del Ejecutivo.
Esta desconexión entre la teoría populista de la reducción del Estado y la viabilidad práctica es el caldo de cultivo perfecto para la oleada de descontento que empieza a tomarse las calles y los foros digitales a mediados de este julio de 2026.
“Nos prometieron que gobernaríamos con los nunca, y ahora resulta que nos imponen a los de siempre.
Es una falta de respeto absoluta con el electorado que se desgastó defendiendo este proyecto en las calles”, manifestaba recientemente un reconocido activista y analista político afín a la campaña, evidenciando que la fractura interna ya no es un secreto de pasillo, sino una realidad palpable.
El descontento de figuras visibles del abelardismo, como Edel Margarita o el influyente creador de opinión Fernando Orjuela Galeano, evidencia que la indignación no proviene únicamente de la oposición tradicional, sino del propio núcleo que financió, defendió y votó por el proyecto político del «Tigre».
Las quejas en redes sociales apuntan directamente a la pérdida de autoridad moral frente al petrismo, sector al que fustigaron durante años por sus contradicciones políticas.
Hoy, esos mismos votantes se encuentran sin argumentos en los grupos de mensajería instantánea y en las plazas públicas, convertidos en el blanco de burlas debido a la evidente incoherencia de su líder electo.
La ilusión del candidato impoluto y ajeno a los vicios de la política tradicional se ha quebrado antes de recibir la primera banda presidencial, dejando un vacío discursivo difícil de llenar para quienes compraron el relato de la salvación nacional.
Quizás el golpe más demoledor para la pureza ideológica del abelardismo ha sido la designación de Carlos Alonso Lucio en el equipo de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
Para un electorado que basó su odio y su rechazo político en el pasado insurgente del actual mandatario, ver a un exmiembro del M19 —quien además estuvo involucrado de manera directa en los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia— liderando el proceso de transición en la Casa de Nariño es una afrenta inaceptable.
Las justificaciones de De la Espriella, quien en el pasado calificó a Lucio como «una de las mentes más claras del país», no son suficientes para calmar los ánimos de unas bases radicalizadas que exigen la exclusión de cualquier figura vinculada al pasado guerrillero del país.
La incoherencia de satanizar a un sector mientras se abraza a otro con el mismo historial delictivo es la prueba reina del pragmatismo desalmado que define a la nueva administración.
A este complejo panorama se suma la preocupante sombra de figuras cuestionadas que orbitan en el círculo de confianza del presidente electo.
La reciente aparición del general en retiro Eduardo Zapateiro en los actos oficiales de entrega de credenciales en Bogotá, compartiendo mesa con los familiares más cercanos de De la Espriella, ha encendido todas las alarmas en materia de derechos humanos y ética gubernamental.
Zapateiro, quien arrastra serios cuestionamientos y procesos de investigación por presunto acoso sexual dentro de las filas del Ejército y supuestos vínculos con organizaciones criminales al margen de la ley, representa el retorno de un militarismo cuestionable al centro del poder político.
Este tipo de alianzas desmiente por completo la narrativa de decencia y restauración institucional con la que se engatusó a las clases medias y altas del país durante la contienda electoral.
La desilusión tampoco ha tardado en cruzar las fronteras, afectando de manera directa a la numerosa diáspora colombiana en los Estados Unidos, sector donde el discurso de mano dura del «Tigre» caló con especial fuerza.
Muchos migrantes que votaron con entusiasmo desde el exterior hoy enfrentan un panorama sombrío tras las recientes declaraciones conjuntas de De la Espriella con políticos republicanos estadounidenses, orientadas a endurecer los procesos de asilo y facilitar la deportación de ciudadanos indocumentados de regreso a Colombia.
La ironía de haber apoyado activamente al candidato que ahora promueve políticas migratorias hostiles en su contra es un trago amargo para miles de compatriotas que esperaban un respaldo diplomático y ahora contemplan la posibilidad real de ser retornados a una patria que dista mucho de ser el milagro económico prometido.
El inicio de este mandato se perfila bajo la sombra de la sospecha y la decepción temprana.
Aquellos que esperaban un cambio radical en las formas de hacer política se enfrentan a la cruda realidad de un gobierno que, antes de empezar, ya ha entregado sus principales banderas a los clanes familiares de la costa caribe, a las directivas de los partidos tradicionales y a figuras de dudosa reputación ética.
El show mediático, las canciones de campaña y la retórica agresiva del «Tigre» han dado paso a las reuniones a puerta cerrada donde se transa el futuro del país a cambio de gobernabilidad parlamentaria.
Para el electorado colombiano, el aprendizaje vuelve a ser costoso e histórico: los mesías no existen y la coherencia en política suele ser la primera baja en el altar del poder.
El tiempo de las excusas se agota y los abelardistas que hoy lloran en las redes sociales empiezan a comprender que, tal como se les advirtió de múltiples formas, terminaron siendo los peones útiles de una maquinaria diseñada para perpetuar los privilegios de los mismos de siempre.
