¡ASÍ CAPTURÓ HARFUCH A 8 POLICÍAS TRAIDORES EN MANZANILLO: LLEVABAN 10 AÑOS TRABAJANDO PARA EL CJNG!

Un operativo coordinado a nivel federal destapó uno de los casos más graves de infiltración institucional en México en los últimos años.

Ocho policías municipales de Manzanillo fueron detenidos tras confirmarse su presunta colaboración durante años con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), filtrando información estratégica en tiempo real que permitió al grupo criminal evadir operativos y mantener el control de rutas clave.

Las detenciones fueron ejecutadas bajo la coordinación del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien ordenó una acción simultánea para evitar cualquier filtración de último momento.

El despliegue involucró fuerzas estatales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina, logrando capturar a los implicados sin que pudieran alertar a la organización criminal.

El caso comenzó a desentrañarse tras un homicidio que condujo a cateos judiciales.

Fue durante el análisis forense de dispositivos móviles incautados donde los investigadores encontraron evidencia clave: el uso de la aplicación cifrada Threema, una herramienta de mensajería encriptada que no requiere número telefónico y que elimina mensajes automáticamente.

Dentro de la app, se identificó un grupo denominado “Group Reportes”, donde los policías compartían información sensible.

Según la Fiscalía del Estado de Colima, los agentes filtraban datos críticos como la ubicación de retenes, órdenes de captura activas y reportes internos del sistema de videovigilancia C5i.

Esta información permitía al CJNG anticiparse a los operativos y modificar rutas, frustrando acciones de seguridad de manera sistemática.

La evidencia fue contundente.

Los horarios de los mensajes coincidían con operativos fallidos, detenciones frustradas y movimientos sospechosos del crimen organizado.

“Era una estructura de inteligencia invertida, operada desde dentro de la policía”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

Los detenidos —siete hombres y una mujer— contaban con trayectorias que iban de los 8 a los 25 años dentro de la corporación.

Algunos, según las indagatorias, llevaban al menos una década colaborando con el cártel.

Este dato encendió las alarmas, pues evidencia que la red logró sobrevivir a múltiples administraciones, controles de confianza y cambios institucionales.

Tras su captura, los ocho fueron trasladados al centro de reinserción social local y dados de baja de inmediato.

Enfrentan cargos por asociación delictuosa y uso indebido de información de seguridad pública, delitos que podrían derivar en penas severas.

La presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, condenó los hechos con dureza: “Traicionaron la confianza del pueblo por coludirse con quienes buscan arrebatarle la paz a la población”.

Sus palabras reflejan el impacto social del caso en una ciudad estratégica para el comercio y también para el crimen organizado.

Manzanillo no es un punto cualquiera.

Su puerto es el más importante del país en movimiento de carga, lo que lo convierte en un nodo clave para actividades legales e ilegales.

Para el CJNG, contar con acceso directo a información policial representaba una ventaja operativa crucial.

El secretario García Harfuch fue enfático al advertir: “Los generadores de violencia no solo están afuera, también pueden estar dentro de las instituciones”.

Añadió que cualquier elemento que traicione su función enfrentará consecuencias, en lo que analistas interpretan como una señal de endurecimiento en la estrategia de depuración institucional.

Tras el operativo, se anunció un refuerzo inmediato de la seguridad en la zona, incluyendo nuevas patrullas, revisión de toda la corporación policial y aplicación de controles de confianza más estrictos.

La investigación, sin embargo, no se detiene.

Autoridades federales analizan ahora si existen más redes similares operando en otros municipios o estados.

El uso de aplicaciones cifradas como Threema ha sido detectado en otros casos recientes, lo que sugiere un patrón operativo del CJNG para blindar sus comunicaciones.

El caso también abre interrogantes sobre posibles niveles superiores de protección dentro del sistema.

La duración y sofisticación de la red hacen pensar que no se trataba de una operación aislada, sino de una estructura sostenida con recursos y coordinación.

Mientras avanza el proceso judicial, el impacto institucional ya es profundo.

La confianza en las corporaciones de seguridad se ve nuevamente golpeada, y el desafío para las autoridades será no solo castigar a los responsables, sino reconstruir la credibilidad en un sistema vulnerado desde dentro.

La caída de estos ocho policías no marca el final del problema, sino el inicio de una revisión más amplia.

En un país donde la lucha contra el crimen organizado también se libra dentro de las propias instituciones, este caso se convierte en un recordatorio contundente de la dimensión del desafío.