Diputado fué a buscar a contratista de Dilían a la propia Gobernación

🚨 Una visita inesperada a la Gobernación terminó destapando una nueva controversia política en el Valle del Cauca.

Contratos, redes sociales, propaganda institucional y un contratista en el centro de la polémica.

Lo que ocurrió dentro de las oficinas del gobierno departamental está generando un intenso debate.

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La confrontación política entre el diputado departamental Esteban Oliveros y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, sumó un nuevo episodio tras una serie de denuncias relacionadas con el uso de recursos públicos para campañas de comunicación institucional y la presunta instrumentalización de iniciativas contra la misoginia con fines políticos.

Durante una sesión de control político en la Asamblea Departamental, Oliveros cuestionó el gasto destinado a estrategias de comunicación de la Gobernación y aseguró que cerca de 20.

000 millones de pesos habrían sido entregados mediante contratación directa a entidades públicas de comunicación para fortalecer la imagen de la mandataria.

“Demostré que 20.

000 millones de pesos se gastan en propaganda para lavar su pésima imagen”, afirmó el diputado durante una de sus intervenciones más polémicas.

Según su versión, esos recursos habrían sido utilizados en campañas publicitarias, producción audiovisual, eventos institucionales, pauta en medios de comunicación y contenidos para redes sociales.

Las declaraciones surgieron en medio de la controversia generada por la campaña “No Más Misoginia”, impulsada desde la administración departamental.

La gobernadora ha defendido públicamente esa iniciativa argumentando que muchas mujeres que ejercen liderazgo político siguen siendo víctimas de ataques y estigmatización por razones de género.

“Sé que muchas de nosotras hemos callado y sufrido en silencio.

Las agresiones, los estereotipos y el odio disfrazado de control político que nos estigmatiza por ser mujeres.

Yo lo vivo”, expresó Toro en una de las intervenciones difundidas por los canales institucionales.

Sin embargo, Oliveros sostiene que la campaña estaría siendo utilizada como un mecanismo para deslegitimar las críticas a la gestión departamental.

Durante el debate afirmó que “esto no es misoginia” y aseguró que las denuncias realizadas por la oposición están relacionadas exclusivamente con asuntos administrativos, presupuestales y de contratación pública.

El diputado también enumeró una serie de proyectos cuestionados durante los últimos años.

“Violencia es que se pierdan y se roben 8.

000 millones de pesos en ventiladores en salud.

Violencia son los retrasos y sobrecostos de obras que llevan años sin terminar.

Violencia es gastar dinero público tratando de engañar a la gente”, manifestó ante la corporación.

La controversia escaló cuando Oliveros decidió acudir personalmente a la sede de la Gobernación del Valle para buscar a un contratista identificado como Jesús Céspedes Montoya, a quien relacionó con actividades de manejo de contenidos digitales y difusión de información institucional.

Acompañado por una cámara, el diputado recorrió varias dependencias preguntando por el contratista.

“Estoy buscando a Jesús Céspedes Montoya.

Tiene un contrato vigente y ha tenido varios contratos con entidades del departamento”, señaló mientras dialogaba con funcionarios y trabajadores de la administración.

La presencia del diputado generó incomodidad entre algunos empleados.

Uno de ellos le respondió: “Si vas a hacer alguna diligencia, hazla directamente con la persona encargada, pero no tienes que hacer un show de esto”.

El intercambio continuó mientras Oliveros insistía en localizar al contratista.

“¿Dígame cuál norma estoy transgrediendo?”, preguntó el diputado cuando se le sugirió presentar solicitudes formales de información mediante los mecanismos institucionales.

En otro momento de la discusión, uno de los funcionarios le recordó que existían procedimientos establecidos para obtener información oficial.

“Usted es diputado, entonces utilice la norma, escriba y nosotros le respondemos”, afirmó.

Posteriormente, Oliveros presentó documentos y registros contractuales que, según dijo, evidencian que Céspedes Montoya ha prestado servicios relacionados con la gestión de canales digitales institucionales.

El diputado sostuvo que dentro de algunos informes de actividades aparecen referencias a la divulgación, interacción y compartición de contenidos emitidos por la Gobernación a través de redes sociales.

La denuncia también incluye señalamientos sobre supuestas cuentas digitales que, según Oliveros, favorecerían la imagen de la gobernadora y atacarían a figuras de la oposición política.

Hasta el momento, esas afirmaciones no han sido comprobadas por autoridades judiciales o de control.

Mientras tanto, desde la administración departamental se mantiene la defensa de las campañas institucionales enfocadas en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la participación de las mujeres en espacios de liderazgo.

La discusión ha terminado convirtiéndose en un nuevo capítulo de la creciente tensión política en el Valle del Cauca, donde el debate ya no gira únicamente alrededor de contratos y presupuestos, sino también sobre los límites entre la comunicación institucional, la promoción de la gestión pública y el control político ejercido por la oposición.