🚨 ¡ESTALLÓ SANDRA ORTIZ! “Me presionaron para hundir a Petro” 💥 La verdad oculta de la UNGRD

🚨⚖️🔥 Una audiencia judicial terminó convertida en una tormenta política que hoy tiene a Colombia entera dividida 🔥⚖️🚨😱 Desde su lugar de reclusión, Sandra Ortiz lanzó acusaciones explosivas contra la Fiscalía y aseguró que fue presionada para señalar a ministros del gobierno de Gustavo Petro 👁️💥.

“Si no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar”, denunció la exfuncionaria, desatando un nuevo capítulo en el escándalo de la UNGRD 🌪️📂.

Mientras unos hablan de corrupción y maletas con dinero, otros advierten una supuesta persecución política capaz de estremecer las instituciones del país ⚡🇨🇴.

La política colombiana amaneció nuevamente envuelta en una tormenta.

Esta vez, el epicentro fue la audiencia judicial de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien desde su lugar de reclusión lanzó una acusación que amenaza con incendiar aún más el ya explosivo escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD.

Con voz entrecortada, pero firme, Ortiz aseguró ante la juez que la Fiscalía General de la Nación la habría presionado durante meses para entregar nombres de ministros y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro a cambio de beneficios judiciales.

“Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”, afirmó la exfuncionaria al recordar una conversación que, según ella, sostuvo con un coordinador del ente investigador.

La declaración cayó como una bomba en medio de uno de los casos de corrupción más graves que ha enfrentado el actual gobierno colombiano.

El escándalo de la UNGRD ya tiene tras las rejas a varios exfuncionarios y salpicó directamente a figuras del alto poder político, luego de que se conocieran presuntas maniobras para direccionar contratos y mover miles de millones de pesos destinados a emergencias nacionales.

Sandra Ortiz, señalada de haber servido como enlace político dentro de esa estructura, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias.

Sin embargo, durante la audiencia insistió en que el proceso en su contra dejó de ser jurídico hace tiempo.

“Hoy estoy en esta situación por un tema político.

Por haber trabajado con Gustavo Petro”, declaró ante la jueza.

La escena fue tensa.

En varios momentos, la exfuncionaria pareció quebrarse emocionalmente.

Incluso llegó a decir que prefería ser condenada de una vez antes de seguir enfrentando lo que considera una persecución.

“Yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”, repitió.

Su defensa asegura tener pruebas que respaldarían las denuncias.

Según Ortiz, existen cartas, registros y trazabilidades que demostrarían presuntas presiones indebidas para fabricar testimonios contra ministros y funcionarios del llamado “Gobierno del Cambio”.

También denunció irregularidades en el manejo probatorio del caso, incluyendo la desaparición de registros relacionados con Sneyder Pinilla, uno de los principales implicados en el entramado de corrupción.

“Una de las pruebas contundentes que vamos a presentar nos la acaban de entregar”, dijo Ortiz durante la diligencia judicial, dejando entrever que en las próximas semanas podría revelar documentos y grabaciones que, según ella, cambiarían por completo la narrativa del proceso.

El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar.

A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó duramente a la Fiscalía y sugirió que detrás de las actuaciones judiciales existiría una intención política para golpear a su administración.

“Meten a la cárcel si no denuncian ministros”, escribió el jefe de Estado, alimentando aún más la polarización nacional.

Mientras tanto, el país observa dividido.

Para algunos, Sandra Ortiz intenta construir una estrategia desesperada para evadir responsabilidades dentro de una trama de corrupción multimillonaria.

Para otros, sus palabras exponen una peligrosa utilización política de la justicia.

El caso de la UNGRD ha sido devastador para la imagen del gobierno Petro.

Las investigaciones apuntan a presuntas operaciones para comprar apoyos políticos mediante contratos y recursos públicos destinados a atender desastres naturales.

Las declaraciones de exdirectivos como Olmedo López y Sneyder Pinilla ya provocaron capturas, imputaciones y procesos contra congresistas y exministros.

Pero ahora el escándalo parece haber entrado en una nueva fase: la guerra abierta entre quienes hablan de corrupción estructural y quienes denuncian un supuesto “lawfare” o persecución judicial con fines políticos.

En los pasillos judiciales de Bogotá nadie se atreve a predecir qué ocurrirá después.

Si Sandra Ortiz presenta las pruebas que promete, Colombia podría enfrentarse a una crisis institucional de enormes proporciones.

Pero si no logra demostrar sus acusaciones, su discurso podría terminar interpretándose como una maniobra para desacreditar el proceso judicial en su contra.

Por ahora, lo único claro es que el caso dejó de ser solamente un expediente de corrupción.

Se convirtió en una batalla política que amenaza con profundizar aún más las divisiones del país.

Y mientras la justicia avanza lentamente, Colombia observa expectante cómo una audiencia judicial terminó transformándose en uno de los episodios más explosivos y delicados de la era Petro.