El Gabinete de Seguridad de México desmanteló una red de 40 empresas fachada que evadió 23,000 millones de pesos mediante el contrabando de combustibles declarados falsamente como lubricantes

El Gabinete de Seguridad de México ha asestado uno de los golpes más contundentes a la estructura financiera del crimen organizado en la historia reciente.

No se trata esta vez de la imagen rústica del ducto perforado en un campo agrícola, sino de un sofisticado entramado de “cuello blanco” que, mediante una red de 40 empresas fachada, logró simular operaciones por un monto estratosférico de 23,000 millones de pesos.

Bajo el disfraz de importar lubricantes y aditivos, esta organización introdujo millones de litros de gasolina y diésel al país para evadir el pago de impuestos, drenando recursos públicos que debían destinarse a infraestructura y salud.

La operación, revelada este martes 22 de abril por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el Fiscal Ulises Lara López, puso al descubierto la magnitud de los llamados “Petrofactureros”.

Durante siete meses de inteligencia profunda, las autoridades rastrearon una logística multimodal que utilizaba buques, ferrocarriles y transporte terrestre para mover el combustible ilegal desde los puertos hasta estaciones de servicio en Querétaro, Tamaulipas, Hidalgo, Chihuahua y el Estado de México.

El Fiscal Ulises Lara López abrió la conferencia con una declaración que marcó la pauta de la severidad del caso: “Agradezco su interés en esta conferencia que ofrecemos al pueblo de México sobre las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal con relación al combate del contrabando de combustible en una acción sin precedentes”.

El fiscal detalló cómo estas estructuras utilizaban documentación apócrifa y datos inexactos para fragmentar la trazabilidad del producto desde su ingreso al territorio nacional.

“Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23,000 millones de pesos.

Han hecho uso de documentación falsa o con datos inexactos, empresas fachada y el aprovechamiento de áreas de oportunidad en sistemas de control”, explicó Lara López, subrayando que el objetivo principal era construir un entramado que les permitiera evadir obligaciones fiscales y regulatorias de manera sistemática.

La investigación no solo se limitó al papel.

Los operativos simultáneos resultaron en la captura de figuras clave, incluyendo a líderes logísticos y operadores financieros que daban apariencia de legalidad a las transacciones.

Entre los detenidos destaca un sujeto identificado como Mauricio “N”, alias “El Pepón”, señalado como el cerebro logístico encargado de coordinar el envío de los hidrocarburos robados.

También fueron capturados Jorge “N” y Lorenzo Javier “N”, dueños de gaseras que servían como el último eslabón de la cadena para blanquear el dinero y vender el producto al público.

Por su parte, Omar García Harfuch enfatizó que este operativo responde a una política de tolerancia cero bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Informamos resultados relevantes derivados de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desmantelar una de las más importantes redes delictivas al mercado ilícito de combustibles en el país”, afirmó el secretario.

Harfuch detalló que la red tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en ciertas regiones.

“Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos”, señaló Harfuch durante su intervención.

El secretario también vinculó estas actividades con el desmantelamiento previo de otras células lideradas por sujetos como Sergio “N”, alias “Sirio”, evidenciando que el crimen organizado ha intentado mutar sus formas de operación para sobrevivir.

El saldo de las acciones recientes es impresionante: 14 personas vinculadas a proceso, el aseguramiento de 20 inmuebles —incluyendo 10 gaseras operativas—, 47 vehículos de alta gama, joyas, dinero en efectivo y más de 150,000 litros de gas LP recuperados.

Además, se clausuraron tomas clandestinas estratégicamente ubicadas cerca de los centros de almacenamiento para facilitar la movilidad del combustible.

El Fiscal Lara López concluyó con una advertencia clara sobre el futuro de los implicados y la recuperación de los activos robados al Estado: “La FGR seguirá investigando estos delitos de manera prioritaria.

Buscaremos recuperar activos a favor del Estado, debilitar la capacidad operativa de las redes criminales y evitar que estos recursos sigan siendo utilizados para actividades ilícitas.

Al margen de la ley, nada.

Por encima de la ley, nadie”.

Este golpe a los “Petrofactureros” no solo representa un éxito policial, sino que pone en evidencia la colusión de empresarios, abogados y operadores financieros en un delito que tradicionalmente se asociaba solo a bandas locales.

Con la implicación de agencias internacionales y la detección de filtraciones en instituciones como la Marina, la investigación promete seguir escalando.

El mensaje del Gabinete de Seguridad es inequívoco: la era del huachicol de “traje y corbata” ha comenzado a desmoronarse bajo el peso de la inteligencia financiera y la coordinación federal.