La ex de Koldo también apunta a financiación ilegal del PSOE

Las investigaciones en torno al denominado “caso Koldo” han dado un nuevo giro tras las declaraciones de Patricia Uriz, quien ha señalado prácticas de pago en efectivo dentro del PSOE que han intensificado el debate sobre una posible financiación irregular.

Durante su intervención, Uriz describió un sistema de reembolso de gastos vinculado a la sede socialista en la calle Ferraz, en Madrid.

Según su testimonio, los pagos se realizaban “siempre en efectivo”, una afirmación que ha generado controversia en un contexto donde las transacciones bancarias son el estándar habitual.

“En el Partido Socialista siempre en efectivo”, aseguró, al ser preguntada por el mecanismo de devolución de gastos adelantados.

Explicó que estos reembolsos se efectuaban generalmente de forma mensual, tras la presentación de justificantes.

“Se hacía una relación con los tickets, con fecha, lugar e importe, y se enviaba a Ferraz”, detalló.

La ex pareja de Koldo García subrayó que la organización exigía documentación para proceder a los pagos.

“Si no había ticket, no se cobraba”, afirmó, insistiendo en la rigidez del sistema en cuanto a la justificación de los gastos.

Sin embargo, el elemento que más controversia ha generado es el uso de dinero en metálico.

“Desde que llegué a Madrid siempre fue en efectivo”, reiteró, al tiempo que describía entregas en sobres con billetes de distinta cuantía.

Este punto ha sido interpretado por algunos analistas como un indicio llamativo, aunque no necesariamente ilegal por sí mismo.

Las declaraciones de Uriz se suman a otros testimonios previos, como el de familiares del propio Koldo, que también apuntaban a entregas de dinero en la sede del partido.

En paralelo, otras figuras mencionadas en la causa, como José Luis Ábalos, permanecen bajo el foco mediático, aunque han negado cualquier irregularidad.

En el mismo contexto, la investigación se originó en torno a contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia, pero con el paso de los meses ha ido ampliando su alcance hacia otras posibles prácticas.

Este desarrollo ha alimentado interpretaciones sobre una eventual derivación hacia cuestiones de financiación política.

No obstante, expertos jurídicos consultados en distintos foros coinciden en señalar la complejidad de probar un delito de financiación ilegal.

“No basta con acreditar pagos en efectivo; es necesario demostrar el origen ilícito de los fondos y su destino concreto dentro de la estructura del partido”, explicaba un jurista durante un análisis reciente.

El debate también ha girado en torno a la validez de los testimonios.

Para que estos tengan valor probatorio, deben mantenerse coherentes en el tiempo y contar con elementos de corroboración.

En este sentido, la acumulación de declaraciones similares podría reforzar determinadas líneas de investigación, aunque todavía queda un largo recorrido judicial.

Otro aspecto que ha llamado la atención es la referencia a comunicaciones digitales.

Uriz aseguró no reconocer algunos mensajes atribuidos a ella en el marco de la investigación.

“No encajan con mi manera de escribir”, afirmó, sugiriendo la posibilidad de descontextualización o manipulación, aunque reconoció parcialmente otros intercambios.

El uso de efectivo en organizaciones políticas no es, por sí mismo, ilegal si está debidamente justificado y registrado.

Sin embargo, en un entorno donde predominan las transferencias bancarias y los sistemas electrónicos, su recurrencia puede suscitar dudas y requerir un mayor nivel de transparencia.

En paralelo, han surgido menciones a movimientos de grandes cantidades de dinero en metálico en los últimos años, lo que ha intensificado las preguntas sobre los controles internos y los mecanismos de supervisión.

Aun así, desde el entorno socialista se insiste en que todas las actividades del partido se ajustan a la legalidad vigente.

“El proceso judicial será el que determine si existe o no irregularidad”, apuntaba un analista político.

“Por ahora, estamos ante indicios, testimonios y sospechas, pero no ante conclusiones firmes”.

La evolución del caso será clave para esclarecer el alcance real de estas prácticas.

Mientras tanto, las declaraciones de Patricia Uriz han añadido presión mediática y política a una investigación que continúa ampliándose y que podría tener implicaciones relevantes en el panorama político español.