Óscar Puente, PILLADO con un PELOTAZO inmobiliario: “Debe dar explicaciones”
🏠 Una operación inmobiliaria de hace más de una década vuelve a poner el foco sobre Óscar Puente.
Las cifras de la compra, una antigua subasta y las explicaciones ofrecidas entonces por el actual ministro reabren un debate político que sigue generando controversia.
Una operación inmobiliaria realizada hace más de una década ha vuelto a situar a Óscar Puente en el centro de la polémica.
El actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible adquirió en febrero de 2013, junto a su esposa, una vivienda de 282,11 metros cuadrados construidos situada en el Paseo de Zorrilla de Valladolid.
La operación fue publicada y cuestionada públicamente años después, especialmente por la diferencia entre el valor de tasación utilizado para la subasta y el precio finalmente abonado por el matrimonio.
Según la documentación citada en las informaciones publicadas entonces, el inmueble había salido a subasta en abril de 2012 con una tasación de 724.
123,28 euros.
La subasta quedó desierta y el banco acreedor, Caixa Geral de Depósitos, terminó adjudicándose la vivienda por 434.
473,96 euros, una cantidad equivalente al 60 % de la tasación en las circunstancias previstas por la legislación vigente.
Posteriormente, en febrero de 2013, Puente y su esposa adquirieron el inmueble por 290.
000 euros.
La diferencia económica es el elemento que ha alimentado desde entonces las críticas.
Entre los 724.
123 euros de la tasación utilizada para la subasta y los 290.
000 euros pagados finalmente existe una diferencia de aproximadamente 434.
000 euros.
Sin embargo, presentar esa diferencia como una prueba de irregularidad sería incorrecto: las cifras corresponden a momentos y operaciones diferentes, y la vivienda había sido previamente adjudicada al banco después de una subasta sin postores.
Existe además un antecedente relevante.
En diciembre de 2011, Puente y su esposa habían presentado una oferta de 600.
000 euros para hacerse con la vivienda.
Aquella operación no llegó a materializarse porque, según las informaciones publicadas, Puente no consiguió vender su anterior vivienda.
El propio Puente ofreció años después su explicación sobre cómo terminó adquiriendo el inmueble.
En declaraciones recogidas en 2015, sostuvo que el banco había realizado una nueva valoración más ajustada a la realidad del mercado y explicó que terminó accediendo a la vivienda a través de una inmobiliaria después de que otra persona que había entregado una señal desistiera de la compra.
«Como mucho otros bancos, Caixa Geral hizo una tasación más realista que era la mitad de la inicial.
Yo me hice con el piso de carambola a través de una inmobiliaria de Medina del Campo, después de que una señora presentara una señal y luego se retiró.
Me enteré y ofrecí lo mismo», afirmó entonces, según la información publicada por OKDIARIO.
La controversia se intensificó por la existencia de otro posible comprador.
Según una información publicada posteriormente, un particular había llegado a firmar un contrato de arras por 20.
000 euros y había manifestado su disposición a pagar 550.
000 euros por la vivienda.
El mismo medio señaló que aquel comprador no llegó a participar en la subasta porque no tuvo conocimiento de ella en ese momento.
Estos antecedentes han sido utilizados políticamente para cuestionar si la operación recibió algún tipo de trato de favor.
No obstante, con la información disponible no puede afirmarse como hecho probado que existiera un trato de favor, una operación ilegal o una actuación irregular por parte de Puente.
Las informaciones periodísticas plantearon interrogantes sobre la operación, pero una diferencia de precio o la existencia de compradores anteriores no demuestra por sí sola una conducta ilícita.
El episodio también adquirió una dimensión política porque, durante aquellos años, Puente había criticado públicamente determinadas actuaciones de las entidades financieras en materia de vivienda.
Esa coincidencia fue utilizada por sus adversarios para cuestionar la coherencia entre su discurso político y la compra de su propia residencia.
La cuestión, por tanto, no es nueva ni responde a una adquisición realizada recientemente por el actual ministro.
Se trata de una operación de 2013 que ya fue objeto de controversia pública en 2018 y que periódicamente reaparece en el debate político español.
Los datos esenciales sí están documentados: una vivienda de 282,11 metros cuadrados, una tasación de 724.
123,28 euros para una subasta celebrada en 2012, una adjudicación bancaria por 434.
473,96 euros y una posterior venta a Puente y su esposa por 290.
000 euros.
Lo que no está acreditado por estos datos, por sí solos, es que hubiera una actuación irregular o un trato de favor.
Más de una década después, la operación continúa siendo utilizada como argumento de confrontación política.
Para determinar si existió alguna irregularidad sería necesario disponer de pruebas adicionales que acreditasen una actuación ilícita o un acuerdo privilegiado, algo que no puede deducirse simplemente de las diferencias entre las distintas valoraciones y precios registrados durante el proceso.
Descargo de responsabilidad: Este contenido puede haber sido creado por IA con fines de entretenimiento.
Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia.
