PIDEN LA NULIDAD TOTAL DEL CASO FERNANDO BÁEZ SOSA Y ABREN UN NUEVO FRENTE JUDICIAL EN ARGENTINA

🔥⚖️👁️ Un giro inesperado sacude uno de los casos más impactantes de la historia reciente argentina 👁️⚖️🔥😱🕯️ A más de seis años del crimen que conmocionó al país, una nueva estrategia defensiva podría reabrir el expediente y poner en jaque el histórico fallo judicial 🌑⛓️.

Sin pruebas nuevas ni testigos sorpresa, la clave estaría en una supuesta falla estructural en la defensa original ⚡👁️.

“La estrategia fue tan defectuosa que contaminó todo el proceso”, sostienen ahora los nuevos abogados, encendiendo un debate que vuelve a dividir a la opinión pública 🌪️💔.

La causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, vuelve a ocupar el centro de la escena judicial y mediática.

Lo que parecía un capítulo cerrado tras las condenas dictadas en 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N.

º 1 de Dolores, hoy enfrenta un nuevo desafío: el pedido de nulidad total de la sentencia por parte de Lucas Pertosi, condenado a 15 años como partícipe secundario.

La ofensiva fue impulsada por su nuevo abogado, Ignacio Nolfi, quien presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El planteo es contundente: la defensa original encabezada por Hugo Tomei habría sido “ineficaz” y colocó a su cliente en un estado de indefensión.

“Se violó el derecho constitucional de defensa en juicio”, argumenta el escrito, señalando que representar a múltiples imputados con intereses contrapuestos generó un conflicto insalvable.

Según la nueva estrategia, Pertosi fue arrastrado dentro de una defensa colectiva que le impidió diferenciar su rol del de los principales agresores.

“Probar su participación menor exigía, necesariamente, deslindar responsabilidades hacia otros”, sostienen desde su entorno, algo que —según alegan— nunca se hizo.

El eje central del planteo es que esa omisión habría contaminado todo el proceso, tornando inválido el juicio.

El argumento no es menor.

En el sistema judicial argentino, una nulidad por violación al derecho de defensa puede implicar la repetición completa del juicio.

Nolfi insiste: “No se trató de una estrategia, sino de una renuncia encubierta a ejercer una defensa real”.

Sin embargo, el planteo enfrenta una fuerte resistencia desde la querella.

El abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando, fue categórico al rechazar la posibilidad de nulidad.

“Nadie puede alegar su propia torpeza para beneficiarse”, afirmó, invocando el principio jurídico clásico.

En declaraciones públicas, agregó: “Eran personas mayores, capaces.

Eligieron una estrategia y la sostuvieron.

No pueden desconocer ahora lo que decidieron en su momento”.

La querella sostiene que durante el proceso judicial los imputados fueron advertidos explícitamente sobre el riesgo de compartir defensa.

A pesar de ello, ratificaron a Tomei como su abogado, lo que, según esta postura, invalida cualquier reclamo posterior.

El trasfondo del caso se vuelve aún más complejo al considerar que la propia querella mantiene recursos pendientes para agravar las condenas de algunos imputados, incluido Pertosi, a quienes buscan elevar de partícipes secundarios a coautores, lo que implicaría prisión perpetua.

Mientras tanto, el expediente sigue su recorrido por las máximas instancias judiciales, en un contexto donde la presión social no ha disminuido.

La reciente difusión de un documental en Netflix reavivó el debate público, incluyendo testimonios de los condenados que generaron polémica.

Uno de ellos, Máximo Thomsen, declaró: “No tuve intención de matar, tiré patadas sin mirar”, en una versión que fue duramente cuestionada por amplios sectores.

El impacto mediático volvió a instalar la discusión sobre la llamada “condena social” y su influencia en el proceso judicial.

Algunos condenados han denunciado haber sido juzgados previamente por la opinión pública, mientras que la familia de la víctima insiste en que no hay atenuantes posibles.

En paralelo, la causa también se vio rodeada de desinformación en redes sociales, con rumores sobre situaciones carcelarias que luego fueron desmentidos por fuentes oficiales.

Este fenómeno refleja el nivel de exposición y sensibilidad que aún genera el caso.

El punto crítico ahora recae en la Suprema Corte bonaerense, que deberá decidir si existió una vulneración real a las garantías constitucionales.

De confirmarse esa hipótesis, el escenario sería explosivo: la posibilidad de anular condenas y ordenar un nuevo juicio.

La decisión marcará un precedente clave.

No solo definirá el futuro de los condenados, sino también los límites entre el debido proceso y la presión social.

En palabras de uno de los protagonistas del caso: “La justicia no puede guiarse por lo que es tendencia, tiene que basarse en la Constitución”.

En ese delicado equilibrio, Argentina vuelve a mirar un expediente que se resiste a cerrarse.