¡SHEINBAUM LES GANÓ! Cancela negociazo de 2,000 MDD contra taxistas

🚕⚖️💥 Un arbitraje internacional, una concesión cuestionada y más de 2,000 millones de dólares que estuvieron a punto de salir del bolsillo de los mexicanos 💥⚖️🚕
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles de uno de los casos más polémicos heredados del antiguo gobierno capitalino: un proyecto que buscaba obligar a miles de taxistas a usar tabletas electrónicas privadas y pagar comisiones por cada viaje 📲💸.

Tras años de litigio internacional, el tribunal falló a favor de México y abrió la puerta para exponer cómo se habría construido un negocio señalado por irregularidades desde su origen 🔥📂.

El gobierno de México obtuvo una victoria clave en un arbitraje internacional que amenazaba con costarle al país más de 2,000 millones de dólares y que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, destapó uno de los esquemas más controvertidos relacionados con el sistema de taxis de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

La resolución, emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), rechazó las reclamaciones de las empresas que demandaban al Estado mexicano tras la cancelación de un proyecto que pretendía sustituir los taxímetros tradicionales por tabletas electrónicas obligatorias para cerca de 140 mil taxistas capitalinos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el fallo internacional confirmó que la cancelación del contrato fue legal y que no existió violación alguna a tratados comerciales internacionales.

“Estuvo bien como se canceló, no hubo ningún problema”, afirmó la mandataria al referirse al litigio que se mantuvo activo durante casi cinco años.

El caso se remonta a 2016, cuando la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México impulsó un programa para modernizar el servicio de taxis mediante la instalación de dispositivos electrónicos con geolocalización, aplicaciones móviles y sistemas de cobro digital.

El proyecto fue presentado como una transición tecnológica similar a plataformas privadas de transporte.

Sin embargo, desde el inicio surgieron cuestionamientos entre los propios conductores por los costos, las comisiones y la falta de transparencia en la adjudicación.

Según documentos expuestos durante el arbitraje, las empresas involucradas buscaban establecer un modelo en el que cada taxista tuviera que operar obligatoriamente con una tableta electrónica administrada por particulares, además de pagar una comisión por viaje realizado.

Para miles de conductores, aquello representaba una carga económica adicional sobre un gremio ya golpeado por el aumento de combustibles, mantenimiento y competencia con aplicaciones privadas.

“¿Por qué nos obligaban a comprar esa tableta?”, fue una de las preguntas que, de acuerdo con Sheinbaum, escuchó repetidamente de los taxistas durante la campaña electoral de 2018.

Esa inconformidad llevó a su administración a revisar los contratos y detectar presuntas irregularidades en la asignación de la concesión.

El arbitraje internacional también permitió que salieran a la luz detalles sobre la forma en que se otorgó el contrato original.

El propio tribunal concluyó que la concesión presentaba “vicios de origen” y cuestionó el proceso mediante el cual fue entregada a las empresas involucradas.

Uno de los nombres señalados dentro del expediente es el de Héctor Serrano Cortés, entonces secretario de Movilidad durante el gobierno de Mancera.

De acuerdo con la defensa legal presentada por México ante el tribunal, el contrato fue adjudicado sin licitación pública abierta y con múltiples irregularidades administrativas.

Serrano respondió recientemente a cuestionamientos asegurando: “No escuché mi nombre.

No me siento de ninguna forma involucrado en un tema así”.

La resolución internacional representó un alivio financiero para el gobierno mexicano.

De haber perdido el caso, el Estado habría tenido que cubrir una indemnización multimillonaria reclamada por las compañías demandantes bajo el marco del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Para Sheinbaum, el fallo no solo evitó un golpe económico, sino que confirmó que el esquema impulsado en 2016 respondía a intereses privados más que a una verdadera modernización del transporte público.

“Se va a presentar todo el entramado de cómo se dio esta asignación”, adelantó la presidenta, quien prometió revelar más detalles sobre las negociaciones, contratos y actores involucrados una vez concluido el litigio internacional.

En la Ciudad de México, el resultado del arbitraje también fue interpretado como una victoria para miles de taxistas que rechazaban el modelo obligatorio de tabletas electrónicas.

El esquema finalmente nunca entró en operación masiva y quedó cancelado definitivamente tras la llegada del nuevo gobierno capitalino.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas.

La oposición ha rechazado los señalamientos del gobierno federal, pero el expediente del CIADI ya forma parte de la discusión pública sobre cómo se manejaron contratos estratégicos durante administraciones anteriores.

Para el gobierno mexicano, la resolución representa algo más que una victoria jurídica: es también una narrativa de combate a presuntos privilegios y negocios construidos alrededor de servicios públicos esenciales.