¡ÚLTIMA HORA! Tensión en Llano Grande por mural de falsos positivos

🔥🇨🇴🎨 Una protesta artística terminó convirtiéndose en uno de los episodios políticos más tensos de la campaña presidencial colombiana.

A pocos metros de la finca de Álvaro Uribe en Llanogrande, un grupo de jóvenes pintó un mural con los nombres y cifras de víctimas de falsos positivos, desatando una confrontación directa con el expresidente ⚖️🔥.

Uribe llegó personalmente al lugar, tomó una brocha y cubrió las pintadas mientras denunciaba un ataque contra su familia 👁️🚨.

Del otro lado, el gobierno de Gustavo Petro defendió el mural como un acto legítimo de memoria histórica.

El país vuelve a dividirse entre memoria, política y verdad 🇨🇴⚠️.

La tranquilidad habitual de Llanogrande, en el oriente antioqueño, quedó rota por una escena que rápidamente encendió el debate nacional.

Un grupo de jóvenes activistas llegó hasta una vía ubicada a pocos metros de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez para pintar un mural relacionado con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas en Colombia como falsos positivos.

El acto, liderado por integrantes de sectores juveniles y respaldado por dirigentes cercanos al Pacto Histórico, terminó provocando una confrontación política y simbólica que obligó al propio Uribe a suspender actividades y trasladarse hasta el lugar para enfrentar personalmente la protesta.

Con pintura roja y amarilla, los activistas escribieron el número 7.

837, cifra documentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como el total de víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas entre 1990 y 2016.

Además de los números, los jóvenes comenzaron a plasmar nombres y rostros de víctimas.

“Estamos acá con los nombres y los rostros”, gritó uno de los manifestantes mientras otros sostenían pancartas y fotografías.

Para los organizadores, la acción representaba un ejercicio de memoria histórica y una forma de exigir verdad y reconocimiento frente a uno de los capítulos más dolorosos del conflicto colombiano.

“Un mural pintado por la juventud no es una amenaza”, afirmaron los activistas durante la jornada.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando seguidores del uribismo alertaron al expresidente sobre lo que estaba ocurriendo cerca de su propiedad.

Uribe, que participaba en un evento político en Medellín, decidió desplazarse hasta Llanogrande acompañado de simpatizantes del Centro Democrático.

La llegada del exmandatario elevó inmediatamente la tensión.

Rodeado por cámaras, militantes y agentes de seguridad, Uribe tomó una brocha y comenzó a cubrir con pintura blanca las frases y dibujos realizados por los jóvenes.

“A mí primero me tienen que matar antes que venir a maltratar a mi familia”, declaró visiblemente molesto frente a los presentes.

El episodio estuvo marcado por gritos, empujones y fuertes intercambios verbales entre simpatizantes del uribismo y colectivos juveniles.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de alta tensión mientras ambos sectores se acusaban mutuamente de provocar violencia política.

Uribe aseguró que detrás de la protesta existía una coordinación política impulsada desde sectores cercanos al senador Iván Cepeda y al gobierno nacional.

Según el expresidente, el mural no era un acto espontáneo de memoria sino una provocación electoral diseñada para afectar su imagen y la del uribismo en plena campaña presidencial rumbo a 2026.

Horas después, desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al incidente durante un evento con jóvenes.

Lejos de desautorizar la manifestación, defendió el derecho de los activistas a expresarse mediante el arte urbano.

“El arte y la expresión son libres”, afirmó Petro.

El jefe de Estado sostuvo además que borrar el mural equivale a intentar borrar la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano.

“Un mural pintado por la juventud no es una amenaza”, reiteró el mandatario, en declaraciones que incrementaron aún más la confrontación política.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse.

Dirigentes del Centro Democrático acusaron al presidente de legitimar el hostigamiento político contra líderes de oposición y de permitir actos de intimidación cerca de residencias privadas.

Por su parte, organizaciones de víctimas y colectivos defensores de derechos humanos respaldaron la intervención artística, argumentando que los falsos positivos continúan siendo una deuda histórica pendiente de verdad, justicia y reparación.

El caso revive uno de los debates más sensibles de la historia reciente de Colombia.

Las ejecuciones extrajudiciales, cometidas principalmente durante los años más intensos de la política de seguridad democrática, siguen generando profundas divisiones políticas y sociales en el país.

Mientras sectores uribistas defienden el legado de seguridad impulsado durante esos años, organizaciones de víctimas insisten en que aún existe resistencia frente al reconocimiento total de responsabilidades políticas y militares.

La Policía y autoridades locales tuvieron que intervenir para evitar que la confrontación escalara hacia hechos de violencia mayores.

Aunque el mural fue finalmente cubierto con pintura blanca, el impacto político del episodio ya se extendió por todo el país.

A menos de las elecciones presidenciales de 2026, Colombia vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda y profundamente polarizante: dónde termina la protesta legítima y dónde comienza la persecución política.

Por ahora, el muro quedó en silencio.

Pero el debate nacional alrededor de la memoria, las víctimas y el poder sigue más encendido que nunca.