El noreste antioqueño y la subregión del Bajo Cauca se han convertido en el epicentro de una crisis humanitaria sin precedentes en este 2026. El avance del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, está reconfigurando el mapa del conflicto en el país.

Este grupo armado le está ganando terreno de manera agresiva a las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN. La disputa no es solo por el control de la tierra, sino por las inmensas rentas que genera la minería ilegal en la región.

En el corregimiento de Guarumo, el temor se respira en cada esquina mientras los habitantes observan el cambio de mando. Las paredes que antes tenían grafitis de las guerrillas ahora aparecen tachadas con las siglas del Clan del Golfo.

Este acto simbólico de “marcar” el territorio es la antesala de una ocupación que desplaza a todo el que se opone. Steven Mora, enviado especial de Testigo Directo, documentó cómo el conflicto por el oro está asfixiando a las comunidades locales.

La guerra por la minería y sus recursos ha generado un desabastecimiento de alimentos que ya es crítico en varias veredas. En algunas zonas, los campesinos denuncian que no se consigue ni una libra de tomate debido al bloqueo de los suministros.

El vandalismo empieza a asomar su rostro conforme el hambre se apodera de los municipios de Antioquia y Córdoba. Esta es una de las crisis humanitarias más difíciles de gestionar para el departamento en los últimos años de conflicto interno.

La economía de la región depende de la minería a gran escala a cielo abierto, pero el Estado la considera ilegal. Mientras el gobierno ordena la quema de maquinaria amarilla, el Clan del Golfo ofrece a los mineros una “legalidad” criminal.

Detrás de cada mina informal, el grupo armado cobra impuestos de guerra y suministra potentes dragones brasileños. El Estado no formaliza a los mineros ancestrales, pero las autodefensas les permiten trabajar a cambio de una tajada del negocio.

Esta dinámica ha provocado que muchas familias salgan a protestar a las carreteras exigiendo que no les quemen sus herramientas. Los mineros aseguran ser trabajadores honestos que quedan atrapados entre la persecución oficial y el control de los ilegales.

En el municipio de Briceño, la situación es tan tensa que el propio alcalde ha tenido que abandonar su cargo físicamente. Panfletos amenazantes de las disidencias de los frentes 36 y 18 han obligado al mandatario a despachar desde la distancia.

Su esquema de seguridad se ha extremado mientras el secretario de gobierno, William Londoño, intenta mantener el orden local. Los grupos armados no respetan ni siquiera las fechas sagradas como la Semana Santa para ejecutar atentados con motobombas.

El desplazamiento masivo en Briceño ha causado la pérdida total de cultivos fundamentales para la subsistencia de la zona. Además, la crisis ha golpeado el sistema educativo, dejando a tres centros rurales sin docentes por falta de garantías de seguridad.

El río Espíritu Santo corre testigo de la degradación ambiental y social que sufren los municipios ribereños del Bajo Cauca. Esta zona rural es una ruta estratégica para conectar el norte de Antioquia con el Urabá y el occidente del país.

Las “guerrillas campesinas de Cabuyo” se enfrentan a muerte con el frente 36 de alias Calarcá por el control de las veredas. En medio de este fuego cruzado, el Clan del Golfo aprovecha cada debilidad para infiltrarse y copar nuevos espacios de poder.

El general Luis Martínez, secretario de seguridad de Antioquia, confirma que la alianza entre ELN y FARC intenta resistir al avance gaitanista. Sin embargo, esta defensa mutua solo ha traído más confinamientos y desplazamientos forzados para la población civil del campo.

Frente a la gobernación en Medellín, una minga indígena protesta exigiendo respuestas ante la creciente inseguridad en sus resguardos. Los líderes indígenas solicitan que el gobierno nacional reconozca y vincule formalmente a su guardia para vigilar el territorio.

La seguridad no solo afecta a los adultos, sino que tiene un impacto silencioso y devastador en la juventud de la región. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en la forma más cruel de obtener capital humano de guerra.

Los jóvenes del norte de Antioquia y el sur de Córdoba huyen hacia la capital para evitar ser reclutados por los fusiles. Aquellos que se quedan son tentados o presionados por el dinero fácil que ofrece la minería controlada por las mafias.

En los municipios de Valdivia y Tarazá, los majestuosos paisajes contrastan con un control social que mantiene a todos en vilo. Los cultivos de hoja de coca siguen siendo una realidad presente que alimenta la hoguera de esta guerra interminable.

El Clan del Golfo busca reclamar como suyo todo el negocio que antes pertenecía exclusivamente a las guerrillas de las FARC. Esta transición de poder se da bajo una sombra de violencia que recuerda los peores años del paramilitarismo en Colombia.

Las familias que protestan aseguran que son mineros ancestrales y no parte de los grupos armados que los extorsionan. No obstante, la línea entre la minería de subsistencia y la minería criminal es cada vez más delgada bajo el control gaitanista.

El secretario de seguridad advierte que la región del río Nechí es ahora un foco de atención prioritario para las fuerzas militares. La extracción ilegal de minerales es el combustible que mantiene viva la llama de estas organizaciones delincuenciales activas.

La crisis humanitaria en Antioquia y Córdoba no es un evento aislado, sino un síntoma de un conflicto que se niega a morir. Mientras el país habla de procesos de paz, el terreno dicta una realidad de sangre, fuego y despojo de bienes.

El reportaje de Steven Mora pone rostros humanos a las cifras de desplazados que los noticieros suelen olvidar rápidamente. La sombra de la guerra se extiende sobre los ríos Cauca y Nechí, amenazando con devorar el futuro de toda una generación.

Colombia debe decidir si recupera estos territorios por la vía de la fuerza o si permite que el Clan del Golfo imponga su ley. Por ahora, los habitantes de Briceño y Valdivia solo pueden esperar que la paz deje de ser una palabra y se convierta en alivio.

La historia de la mujer que amó a Carlos Castaño y sobrevivió a la cárcel es un recordatorio de la longevidad de esta tragedia. Entre rejas y balas, la región sigue buscando una salida que parece estar bloqueada por el brillo del oro y la sombra de la coca.

El especial de Testigo Directo termina su recorrido, pero la guerra en el noreste antioqueño continúa su curso implacable. Cada grafiti tachado es una herida nueva en el tejido social de una comunidad que se resiste a desaparecer en el olvido.

¿Crees que la única forma de frenar al Clan del Golfo es a través de una ofensiva militar total o hay espacio para la intervención social?