La captura de Ángel Alexis “N”, alias “El Pariente” o “El Vaquero”, desató una nueva ola de debate en Baja California. Las autoridades estatales presentaron la detención como un golpe importante contra los responsables del asesinato del agente Silvano Méndez Aguilar, integrante del Escuadrón Violeta ejecutado a plena luz del día en un sobre ruedas de la colonia Guaycura, en Tijuana. Sin embargo, detrás del discurso oficial y de las fotografías difundidas por la Fiscalía, el caso dejó al descubierto una realidad mucho más oscura: policías asesinados, estructuras criminales infiltradas, ciudadanos aterrorizados y un sistema de seguridad que parece desmoronarse frente a la violencia del crimen organizado.

Silvano Méndez Aguilar tenía 35 años y formaba parte del Escuadrón Violeta, una unidad creada para atender casos de violencia de género y proteger a mujeres en situación de riesgo. El agente había sido reasignado a esa división apenas unos meses antes de ser asesinado. Sus compañeros lo describían como un elemento disciplinado y comprometido con su trabajo. El domingo del ataque se encontraba fuera de servicio. Vestía ropa casual y había acudido a un mercado sobre ruedas ubicado en la delegación Cerro Colorado. Lo acompañaba una mujer de 52 años identificada como María del Rosario.

La escena parecía cotidiana hasta que dos hombres armados aparecieron caminando entre los puestos del mercado. Testigos aseguraron que se acercaron directamente al agente y dispararon a quemarropa sin mediar palabra. El ataque provocó pánico entre comerciantes y familias que se encontraban realizando compras dominicales. Niños corrieron buscando refugio mientras los vendedores se tiraban al piso para evitar ser alcanzados por las balas.

Silvano Méndez cayó gravemente herido tras recibir impactos en el tórax. La mujer que lo acompañaba también fue alcanzada por los disparos y terminó hospitalizada con lesiones severas. Los agresores escaparon caminando entre los puestos del mercado y desaparecieron sin que nadie pudiera detenerlos.

El asesinato sacudió a Tijuana no solo por la brutalidad del ataque, sino porque evidenció el nivel de vulnerabilidad en el que trabajan los propios agentes encargados de combatir la violencia. El Escuadrón Violeta había sido presentado por el gobierno estatal como una de las principales estrategias para proteger a las mujeres bajacalifornianas. Patrullas moradas, capacitación especializada y discursos oficiales prometían una nueva etapa en materia de seguridad y atención a víctimas. Pero la ejecución de uno de sus integrantes dejó una pregunta inquietante flotando en el ambiente: si el Estado no puede proteger a sus propios policías, ¿cómo podrá proteger a los ciudadanos?

La captura de “El Pariente” ocurrió 26 días después del asesinato. Según la Fiscalía General del Estado, el presunto sicario fue localizado en la colonia Chapultepec Alamar mediante trabajos de inteligencia y seguimiento de campo. La detención se realizó sin enfrentamientos y fue inmediatamente presentada como un triunfo institucional. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó públicamente el operativo y destacó la coordinación entre fuerzas estatales y federales.

Sin embargo, múltiples voces cuestionaron la narrativa oficial. Para muchos habitantes de Tijuana, resulta difícil creer que un hombre señalado por participar en el asesinato de un policía especializado pudiera permanecer oculto durante casi un mes en la misma ciudad donde ocurrió el crimen. La sospecha de filtraciones, protección criminal e infiltración dentro de las corporaciones volvió a tomar fuerza.

La situación se volvió todavía más delicada luego de que la propia fiscal estatal reconociera meses atrás que decenas de policías municipales habían sido detenidos por colaborar con organizaciones criminales. El problema de corrupción y complicidad dentro de las corporaciones de seguridad se convirtió en uno de los temas más preocupantes para la población.

Mientras tanto, la violencia no se detuvo. El asesinato de Méndez ocurrió en una jornada especialmente sangrienta para Tijuana, donde se contabilizaron nueve homicidios en menos de 24 horas. A pesar de ello, las autoridades continuaron defendiendo cifras oficiales que hablan de una reducción importante en los índices delictivos. Organizaciones civiles y periodistas independientes han cuestionado esas estadísticas, señalando presuntas reclasificaciones de delitos y diferencias entre los números oficiales y la percepción real de inseguridad en las calles.

Otro elemento que generó indignación fue el poco espacio que las autoridades dedicaron a la otra víctima del atentado. María del Rosario quedó prácticamente relegada en los comunicados oficiales, pese a haber resultado gravemente herida durante el ataque. Para muchos ciudadanos, este detalle reflejó la frialdad con la que el sistema suele tratar a las víctimas colaterales de la guerra entre criminales y fuerzas de seguridad.

La captura de “El Pariente” tampoco resolvió completamente el caso. Las investigaciones confirmaron que participaron al menos dos atacantes, por lo que uno de los presuntos sicarios continúa prófugo. Esa situación alimentó el temor entre integrantes del Escuadrón Violeta y otros cuerpos policiales que diariamente salen a patrullar sabiendo que pueden convertirse en objetivos del crimen organizado.

Expertos en seguridad consideran que el asesinato de Silvano Méndez es un reflejo de la compleja realidad que vive Baja California. Las organizaciones criminales mantienen presencia en múltiples zonas urbanas, mientras las instituciones enfrentan problemas de corrupción, falta de confianza ciudadana y enormes desafíos operativos. En ciudades como Tijuana, el miedo se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Muchos testigos prefieren guardar silencio antes que arriesgarse a represalias.

A pesar de la captura anunciada con bombo y platillo, la sensación entre gran parte de la población es que el problema de fondo sigue intacto. Las redes criminales continúan operando, los homicidios persisten y la percepción de inseguridad permanece profundamente arraigada.

La muerte de Silvano Méndez Aguilar dejó mucho más que un expediente judicial abierto. También dejó una pregunta incómoda que resuena en Baja California: ¿cuántos policías más tendrán que morir antes de que las autoridades logren recuperar el control real de las calles?