La montaña baja de Guerrero volvió a despertar entre humo, miedo y familias huyendo en plena madrugada mientras explosivos caían desde drones sobre comunidades indígenas nauas, en un escenario que para muchos parecía imposible, pero que terminó convirtiéndose en una realidad brutal y aterradora para cientos de personas atrapadas entre dos organizaciones criminales cada vez más violentas.

Lo ocurrido en Alcosacán durante los primeros días de mayo de 2026 no fue simplemente otro episodio de violencia relacionada con el narcotráfico, porque detrás de los ataques existe una disputa mucho más profunda que involucra control territorial, recursos mineros, dinero público y presuntas conexiones dentro de estructuras oficiales que durante años habrían permitido la expansión silenciosa de grupos armados en la región.

Los habitantes de varias comunidades recuerdan que los drones aparecieron antes del amanecer, sobrevolando lentamente las viviendas mientras muchas familias todavía dormían sin imaginar que en cuestión de minutos tendrían que abandonar sus hogares con lo poco que podían cargar en las manos para escapar de los explosivos lanzados desde el cielo.

Ancianos, mujeres embarazadas y niños caminaron durante horas por caminos de tierra intentando encontrar refugio lejos de las detonaciones, mientras el miedo comenzaba a extenderse rápidamente por toda la montaña baja de Guerrero, donde desde hace más de una década los grupos criminales conocidos como los Ardillos y los Tlacos mantienen una guerra sangrienta por el control de la región.

Los Ardillos surgieron originalmente en la zona de Quechultenango bajo el liderazgo de Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, un ex policía rural que construyó una estructura criminal basada no solamente en las armas, sino también en contactos políticos y presuntas relaciones dentro de corporaciones de seguridad estatales.

Después de la muerte de Ortega Rosas en 2011, sus hijos tomaron el control absoluto de la organización y transformaron al grupo en una maquinaria de extorsión, control político y dominio territorial que terminó expandiéndose por numerosos municipios de Guerrero, afectando desde comerciantes hasta sistemas de transporte público y autoridades locales.

Las investigaciones señalan que uno de los negocios más importantes para la organización habría sido el control indirecto de recursos públicos provenientes del llamado Ramo 33, un fondo federal destinado a municipios pobres que terminó convirtiéndose en un objetivo estratégico para quienes buscaban controlar presupuestos millonarios sin necesidad de recurrir únicamente al tráfico de drogas.

Mientras tanto, los Tlacos comenzaron a consolidar poder desde Tlacotepec, creciendo rápidamente hasta convertirse en un rival directo de los Ardillos y desatando una guerra abierta que se intensificó desde 2022, cuando ambos grupos comenzaron a disputarse rutas, territorios y control político en varias regiones del estado.

La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando una tregua negociada en 2024 con mediación religiosa terminó colapsando silenciosamente meses después, dejando a las comunidades indígenas atrapadas nuevamente en medio del conflicto y expuestas a una ofensiva que ahora incluía tecnología militar improvisada mediante drones modificados para lanzar explosivos.

Fuentes cercanas a investigaciones federales aseguran que varios de esos drones agrícolas habrían sido adquiridos mediante operaciones realizadas con criptomonedas, utilizando pagos fraccionados que terminaron siendo rastreados por autoridades financieras desde finales de 2025, mucho antes de los ataques ocurridos en mayo.

Las autoridades también habrían interceptado comunicaciones entre integrantes de la organización y presuntos contactos dentro de corporaciones estatales de seguridad, conversaciones que ahora forman parte de una carpeta de investigación considerada extremadamente delicada por el posible nivel de infiltración institucional revelado en los documentos.

La situación explotó políticamente después del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien apareció decapitado pocos días después de asumir el cargo en octubre de 2024, en un crimen que fue interpretado como una advertencia directa dirigida hacia actores políticos y estructuras gubernamentales de Guerrero.

A partir de ese momento comenzaron investigaciones más profundas encabezadas por equipos federales que durante meses recopilaron información sobre movimientos sospechosos de fuerzas de seguridad, retiros inexplicables antes de ataques armados y silencios operativos que coincidían con desplazamientos criminales en distintas zonas de la montaña.

Las comunidades indígenas afectadas aseguran que durante varios días observaron presencia de elementos de seguridad relativamente cerca de las zonas atacadas, pero sin intervenir de manera directa mientras los drones continuaban sobrevolando pueblos enteros y las familias escapaban desesperadamente buscando protección.

Organizaciones indígenas denunciaron además que el verdadero trasfondo de la violencia estaría relacionado con territorios donde existen importantes depósitos de oro y plata, áreas que durante años han sido defendidas por comunidades organizadas mediante policías comunitarias, asambleas locales y recursos legales contra proyectos extractivos.

Según diversos testimonios recopilados en la región, el desplazamiento forzado de habitantes terminaría facilitando el control territorial y eliminando obstáculos para futuras explotaciones económicas, convirtiendo la violencia en una herramienta estratégica mucho más rentable que cualquier disputa tradicional entre cárteles.

El operativo federal desplegado posteriormente en la montaña baja fue uno de los más grandes realizados en años dentro de Guerrero, involucrando cientos de elementos militares, Guardia Nacional, policías estatales, helicópteros y unidades médicas que comenzaron a cerrar rutas utilizadas históricamente por grupos armados para escapar hacia la sierra.

Los enfrentamientos comenzaron durante la madrugada del 12 de mayo, cuando fuerzas federales avanzaron lentamente intentando evitar daños a civiles que todavía permanecían dentro de algunas comunidades afectadas, especialmente ancianos y personas heridas que no habían logrado evacuar completamente.

Durante el operativo fueron asegurados drones modificados, teléfonos satelitales, dinero en efectivo y documentos considerados de alto valor para reconstruir las redes financieras y políticas que durante años habrían sostenido las operaciones criminales en la región.

Entre los objetos encontrados destacó un cuaderno con nombres, fechas y registros operativos que presuntamente incluirían referencias a funcionarios y contactos institucionales vinculados con la protección indirecta de estructuras criminales dentro de Guerrero, información que todavía no ha sido revelada públicamente de manera oficial.

A pesar del despliegue federal y de las detenciones realizadas, miles de personas continúan viviendo bajo temor constante, conscientes de que el problema no desaparece únicamente con capturas o decomisos, porque la estructura que permitió el crecimiento de estos grupos durante tantos años sigue siendo una incógnita para gran parte de la población.

Las familias que regresaron lentamente a comunidades como Alcosacán encontraron viviendas todavía en pie, pero también un ambiente marcado por el silencio, la incertidumbre y el miedo permanente de que nuevos ataques puedan repetirse en cualquier momento si las redes de protección política y criminal continúan operando en las sombras.

La gran pregunta que hoy permanece abierta en Guerrero no es solamente quién lanzó los drones o quién dirigió los ataques, sino quién permitió durante años que toda esa estructura creciera hasta alcanzar un nivel capaz de bombardear comunidades indígenas enteras sin encontrar resistencia inmediata del Estado.

Mientras las investigaciones avanzan lentamente y las autoridades mantienen bajo reserva parte de la información obtenida durante los operativos, en la montaña baja persiste la sensación de que la verdadera batalla apenas comienza y que detrás de cada explosión existe una red mucho más grande, silenciosa y peligrosa de lo que hasta ahora se ha mostrado públicamente.