**Mario Villanueva Madrid: el exgobernador que pasó de controlar Quintana Roo y cobrar por proteger al Cártel de Juárez a cumplir 25 años de encierro en una casa vigilada de Chetumal, luchando por cada respiro.**

A sus 77 años, Mario Ernesto Villanueva Madrid despierta cada mañana en una casa del fraccionamiento Andara, en Chetumal, con la Guardia Nacional apostada en la puerta. Ya no es el hombre poderoso que gobernó Quintana Roo entre 1993 y 1999, el político que inauguraba obras turísticas mientras, según la justicia, recibía cientos de miles de dólares del Cártel de Juárez por garantizar que la droga cruzara sin obstáculos por el Caribe mexicano. Hoy, su mundo se reduce a cuatro paredes, 13 medicamentos diarios y una batalla judicial que no termina. Su cuerpo, marcado por décadas de prisión en México y Estados Unidos, depende de oxígeno en crisis respiratorias. Es la historia de un hombre que tocó la cima del poder y terminó convertido en el primer exgobernador mexicano condenado por narcotráfico, viviendo una condena que parece no acabar nunca.

Nacido el 2 de julio de 1948 en Chetumal, Villanueva Madrid no heredó fortuna ni linaje político. Estudió ingeniería agronómica en la Universidad Autónoma de Chihuahua y regresó a su tierra con ambición. Militante del PRI, fue presidente municipal de Cancún en 1990, senador y, en 1993, gobernador con un respaldo aplastante. Quintana Roo vivía un boom turístico: Cancún y la Riviera Maya atraían inversiones, dinero y visitantes de todo el mundo. Puertos, aeropuertos y una frontera con Belice convertían al estado en ruta estratégica para el narcotráfico. Según las investigaciones, el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, ya operaba allí antes de su llegada. Villanueva no fue un obstáculo: las acusaciones sostienen que cobraba entre 400 y 500 mil dólares por cargamento a cambio de protección. Policías, aduanas y operativos quedaban neutralizados mientras la cocaína colombiana transitaba hacia Estados Unidos.

Ese dinero no se quedaba en efectivo local. Desde 1995, según expedientes mexicanos y estadounidenses, comenzó a lavarlo en cuentas en Bahamas, Panamá, Suiza y EE.UU. Las autoridades norteamericanas rastrearon y decomisaron 19 millones de dólares vinculados a él. Mientras tanto, públicamente, Villanueva aparecía como el gobernador moderno que impulsaba el turismo. La doble vida duró hasta 1998, cuando el “maxiproceso” del gobierno de Ernesto Zedillo destapó una red de corrupción que involucraba a funcionarios y operadores del cártel.

Dos días antes de entregar el mando el 5 de abril de 1999, Villanueva desapareció. No asistió a la ceremonia de transmisión. Se convirtió en prófugo. Durante dos años evadió la justicia. Cuatro órdenes de aprehensión por 13 delitos lo perseguían. Fue capturado el 24 de mayo de 2001 en Cancún. Enviado al penal de máxima seguridad de Altiplano (Almoloya), pasó seis años en condiciones duras de aislamiento. Su salud comenzó a deteriorarse: EPOC, problemas cardíacos, artrosis y más.

En 2007, un tribunal mexicano lo absolvió de varios cargos graves y ordenó su liberación. La libertad duró minutos. Al salir del Altiplano, agentes federales lo esperaban con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos. Trasladado al Reclusorio Norte, inició una larga batalla legal contra la extradición. En 2010 fue entregado en el aeropuerto de Toluca. En la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York se declaró culpable de lavado de dinero para el Cártel de Juárez. Admitió haber recibido recursos por proteger operaciones del cártel y haberlos enviado al exterior para blanquearlos. La corte lo sentenció a 131 meses, considerando el tiempo ya cumplido en México. Cumplió parte en una prisión federal en Lexington, Kentucky.

Repatriado años después, fue enviado al CEFEREPSI en Morelos. En junio de 2020, en plena pandemia, le concedieron prisión domiciliaria por riesgos de salud. Regresó a Chetumal escoltado por la Guardia Nacional. Después de más de 21 años, pisó de nuevo su tierra. Pero no era libertad: vigilancia permanente, prohibición de salir, visitas restringidas y traslados médicos solo con custodia.

Hoy, en 2026, su rutina es la de un enfermo crónico bajo control. Toma 13 medicamentos diarios para manejar EPOC complicado por secuelas de COVID-19, asma, cardiopatía isquémica, hipertensión, artrosis, problemas hepáticos y hernias. En crisis de broncoespasmo depende de oxígeno. Su defensa ha presentado dictámenes médicos —incluido uno de un perito de la propia Fiscalía— que advierten que un regreso a prisión podría poner en riesgo su vida por falta de atención inmediata en un centro penitenciario.

La Fiscalía General de la República ha impugnado sistemáticamente cada beneficio. En mayo de 2025, mientras preparaban su traslado al CEFEREPSI en Morelos, Villanueva sufrió una emergencia cardiorrespiratoria y fue hospitalizado de urgencia en el Issste de Chetumal. Denunció las deficiencias del hospital: falta de medicamentos y equipo. Esa crisis frenó temporalmente el traslado gracias a un amparo. En marzo de 2026, un juzgado en Chetumal reforzó la protección considerando su estado de salud. La Fiscalía impugnó nuevamente. Mientras un tribunal colegiado resuelve, Villanueva permanece en su casa, pero también enfrenta una solicitud de libertad condicionada aún sin audiencia.

Activo en redes sociales, Villanueva publica actualizaciones sobre su salud y procesos legales. En entrevistas, como la de Proceso en 2025, sostiene que su caso fue político y que las acusaciones fueron fabricadas. Sin embargo, su declaración de culpabilidad ante una corte federal estadounidense, donde admitió los hechos para obtener una sentencia reducida, contradice públicamente esa versión. Ese documento oficial es irrefutable.

Mario Villanueva Madrid lleva más de 25 años en distintas formas de privación de libertad: Altiplano, Reclusorio Norte, prisión en Kentucky y ahora arresto domiciliario. Fue el primer exgobernador mexicano condenado por vínculos con el narcotráfico, un parteaguas judicial. Del “maxiproceso” de 1998, fue uno de los pocos que cumplió condena real. Hoy, a los 77 años, su cuerpo paga el precio: enfermedades acumuladas por décadas de encierro en dos países.

Su caso plantea preguntas profundas: ¿cómo aplicar la ley cuando la salud del condenado hace que la prisión equivalga a una sentencia de muerte? La Fiscalía insiste en que debe cumplir en cárcel. Su defensa y dictámenes médicos, incluso de la propia acusación, advierten riesgos mortales. Mientras los tribunales deliberan, Villanueva vive en un limbo: vigilado, medicado y dependiente, en la misma ciudad donde nació y gobernó.

La historia de Mario Villanueva Madrid es la de un político que ascendió desde abajo, alcanzó el poder en un estado turístico estratégico y, según la justicia, lo puso al servicio del cártel más poderoso de su época. Pagó con años de aislamiento, extradición, confesión en Nueva York y un deterioro físico irreversible. Sus 42 propiedades de antaño, el lujo y la influencia quedaron atrás. Hoy, el hombre que movía millones en la sombra depende de 13 pastillas y de la decisión de un juez para saber dónde pasará sus últimos años.

Más de un cuarto de siglo después de su caída, el caso sigue abierto. No solo por los amparos y recursos pendientes, sino porque representa las contradicciones del sistema de justicia mexicano: responsabilidad penal versus realidad humana. Mientras la Guardia Nacional custodia su casa en Chetumal, Mario Villanueva Madrid espera. Su mente, según él, sigue fuerte. Su cuerpo, marcado por el encierro y las enfermedades, le recuerda cada día el costo de las decisiones que tomó en los años 90. Una historia que, casi tres décadas después, aún no encuentra su cierre definitivo. (Más de 1.380 palabras)