Budapest – Apenas unas semanas después de lograr una victoria electoral histórica que puso fin a más de una década y media de dominio político de Viktor Orbán, el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha abierto un nuevo frente de batalla institucional.

El líder del partido Tisza anunció que promoverá una reforma constitucional destinada a destituir al presidente de la República, Tamás Sulyok, profundizando así la confrontación entre las nuevas autoridades y las estructuras heredadas del anterior gobierno.

La decisión llega después de que Sulyok rechazara renunciar voluntariamente al cargo antes del plazo fijado por Magyar para el 31 de mayo.

El presidente, elegido en 2024 gracias a la mayoría parlamentaria de Fidesz, el partido de Orbán, sostiene que su mandato es legítimo y que cualquier intento de expulsarlo antes de 2029 podría desencadenar una grave crisis constitucional.

El fin de la era Orbán no ha terminado

Aunque Viktor Orbán perdió el poder tras las elecciones parlamentarias de abril de 2026, muchos de los principales cargos del Estado continúan ocupados por figuras designadas durante sus años de gobierno.

Para Péter Magyar, estos funcionarios representan una red de influencia capaz de obstaculizar las reformas prometidas durante la campaña electoral.

El partido Tisza obtuvo una mayoría de dos tercios en el Parlamento, una cifra suficiente para modificar la Constitución y aprobar cambios estructurales de gran alcance.

Esta ventaja parlamentaria ha dado al nuevo gobierno una herramienta poderosa para desmontar gradualmente el sistema político construido por Orbán durante sus 16 años al frente del país.

Magyar ha sido especialmente crítico con Tamás Sulyok, a quien acusa de no haber actuado como un árbitro neutral del sistema democrático.

Según el primer ministro, el jefe de Estado permaneció en silencio ante medidas controvertidas impulsadas por el anterior gobierno, incluidas leyes consideradas discriminatorias contra la comunidad LGBTQ+ y otras iniciativas que fueron criticadas por organismos europeos y defensores de los derechos humanos.

Un cargo ceremonial con capacidad de bloquear reformas

Aunque la presidencia húngara es principalmente una institución simbólica, el puesto posee ciertas facultades relevantes dentro del sistema político.

El presidente tiene la responsabilidad de promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento y también puede remitir determinadas normas al Tribunal Constitucional para una revisión jurídica antes de su entrada en vigor.

Precisamente por ello, los aliados de Magyar consideran que la permanencia de Sulyok podría convertirse en un obstáculo para la agenda reformista del nuevo gobierno.

El temor dentro de Tisza es que el presidente utilice sus atribuciones para retrasar o dificultar cambios destinados a revertir políticas adoptadas durante la administración Orbán.

Tras reunirse personalmente con Sulyok en el Palacio Sándor, residencia oficial de la presidencia, Magyar confirmó que el mandatario se negó a dimitir.

Horas después anunció que ordenaría a los legisladores de su partido iniciar de inmediato los procedimientos necesarios para su destitución.

Según el jefe del gobierno, el proceso podría completarse en aproximadamente un mes.

La respuesta de Sulyok y de la oposición

La reacción del presidente no tardó en llegar.

Sulyok defendió la legitimidad de su mandato y aseguró que continuará desempeñando sus funciones mientras la Constitución vigente así lo establezca.

También señaló que está dispuesto a colaborar con el gobierno en cuestiones de interés nacional, incluyendo las reformas necesarias para desbloquear miles de millones de euros en fondos europeos retenidos durante los últimos años.

Además, el presidente solicitó una evaluación jurídica a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en asuntos constitucionales.

Con este movimiento, busca obtener respaldo internacional frente a lo que considera una posible vulneración del orden institucional.

Por su parte, Fidesz ha acusado al nuevo gobierno de actuar de manera autoritaria.

Dirigentes del partido conservador sostienen que la destitución de un presidente elegido conforme a las reglas constitucionales representaría un abuso de poder y sentaría un precedente peligroso para la democracia húngara.

Una lucha por redefinir el Estado húngaro

La disputa entre Magyar y Sulyok va mucho más allá de una confrontación personal.

Para numerosos observadores, se trata de una batalla por definir el rumbo institucional de Hungría después de la caída de Orbán.

Durante años, el ex primer ministro fue acusado por la Unión Europea de erosionar la independencia judicial, restringir la libertad de prensa y concentrar el poder político.

Magyar llegó al gobierno prometiendo restaurar los contrapesos democráticos, fortalecer las instituciones y acercar nuevamente al país a los estándares europeos en materia de Estado de derecho.

Sin embargo, sus detractores advierten que utilizar una mayoría parlamentaria para remover a funcionarios incómodos podría interpretarse como una repetición de las mismas prácticas que el nuevo gobierno dice combatir.

La cuestión central es si la reforma constitucional será vista como una corrección democrática o como una nueva forma de concentración del poder.

Un momento decisivo para Hungría

Con una amplia mayoría legislativa y una fuerte legitimidad electoral, Péter Magyar parece decidido a avanzar.

La incógnita ahora es si el proceso de destitución logrará superar los obstáculos jurídicos y las presiones internacionales que seguramente acompañarán una decisión de semejante magnitud.

Mientras tanto, Hungría observa cómo se desarrolla uno de los episodios políticos más importantes desde la llegada de Orbán al poder en 2010.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de Tamás Sulyok, sino también la forma en que el país redefinirá sus instituciones tras un cambio histórico de gobierno.

Las próximas semanas podrían determinar si Hungría inicia una nueva etapa de reconstrucción democrática o si entra en una prolongada confrontación constitucional con consecuencias imprevisibles para la estabilidad política del país.