Las autoridades colombianas intensificaron los controles fronterizos para capturar a un falso cirujano y una enfermera que huyeron tras sacar inconsciente a Yulixa Toloza de una clínica estética clandestina en el sur de Bogotá

Las autoridades judiciales y policiales de Colombia, en coordinación con Migración Colombia, han desplegado un operativo de búsqueda urgente para localizar a un falso cirujano y a su enfermera, quienes desaparecieron tras evacuar en condiciones críticas a Yulixa Toloza, una mujer de 52 años.

La paciente perdió el conocimiento luego de someterse a un procedimiento estético invasivo en el centro clandestino Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto en el que la mujer, con mínimos signos vitales, fue arrastrada y subida a un vehículo particular por dos hombres.

Tras varios días de incertidumbre y sin rastro de su paradero, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional intensificaron los controles fronterizos para evitar que los sospechosos crucen hacia Venezuela y evadan la justicia, mientras la Secretaría Distrital de Salud confirmó la clausura y el sellado definitivo del establecimiento por carecer de licencias médicas.

De manera paralela al panorama judicial de la capital, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aprobó una reforma histórica para frenar el desarrollo urbanístico descontrolado en las áreas rurales y suburbanas de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.

La medida busca ordenar el territorio en torno a la conservación del agua y mitigar el impacto ambiental sobre la cuenca del río Bogotá, una decisión que no se tomaba desde hace tres décadas.

La aprobación se dio en medio de una notable controversia política por la ausencia del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de sus delegados en la sesión comunal, lo que generó preocupación entre los expertos hídricos debido a que la capital es el mayor consumidor del recurso en la región.

Sociólogos y ambientalistas respaldaron la restricción argumentando que los cambios previos en los planes de ordenamiento territorial permitieron la proliferación de viviendas unifamiliares de estratos altos e industrias en corredores rurales protegidos, desafiando incluso las directrices del Ministerio de Ambiente.

Por otra parte, el Colectivo de Trabajadoras Sexuales Autónomas de Colombia emitió un pronunciamiento público para aclarar los alcances de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, denunciando la manipulación mediática de posturas abolicionistas que buscan estigmatizar su oficio.

La vocera de la organización aclaró que el fallo judicial no penaliza la prostitución entre adultos, la cual es legal y está respaldada por la jurisprudencia constitucional que protege el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

La determinación de la alta corte estipula rigurosamente que cualquier acto sexual con menores de 14 años bajo remuneración constituye un delito de explotación sexual comercial y no puede ser tipificado como trabajo autónomo, una postura con la que el colectivo manifestó total concordancia.

Adicionalmente, lamentaron que el proyecto de ley radicado en el Congreso para regular las garantías laborales del sector fuera archivado sin debate.

Finalmente, la agenda legislativa nacional se encuentra estancada por las discrepancias en torno al proyecto de la jurisdicción agraria debatido en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde participaron magistrados de las altas cortes.

La controversia principal radica en la propuesta del Gobierno Nacional de otorgar facultades judiciales a la Agencia Nacional de Tierras para expropiar y redistribuir predios en zonas baldías mediante actos administrativos.

Los sectores de la oposición y varios juristas advirtieron que estas funciones son de competencia exclusiva de los jueces de la República y que romper la separación de poderes generaría un caos jurídico insostenible, comparándolo con los procesos administrativos utilizados legítimamente en la adquisición de los terrenos para el Metro de Bogotá.

Mientras la oposición mantiene una postura firme de no ceder ante las presiones gubernamentales, las comisiones especiales continuarán el análisis de los artículos para destrabar la reforma la próxima semana.