Keralty concentra la gestión de recursos públicos y la prestación de servicios de salud en sus propias clínicas, beneficiando a un grupo reducido de accionistas

Wilson Arias y Jaramillo expusieron recientemente ante la opinión pública la compleja red de empresas controladas por Keralty, alertando sobre cómo el sistema de salud en Colombia se ha convertido en un negocio concentrado en un solo bolsillo.

“Entiende cómo siguen en el negocio. Esa es la preocupación que tengo yo. No hay plata, no hay nada. ¿Cómo siguen en el negocio? Con nuestro dinero, Keralty montó todo un imperio de la salud en Colombia”, afirmó Arias con firmeza, describiendo la magnitud de la concentración empresarial.

La red empresarial de Keralty incluye, entre otras, EPS Sanitas, Colsanitas, Medisanitas, Clínicas Colsanitas, Clínicas Dentales Keralty, Medicina Nuclear Palermo, Oftalmosanitas y la Organización Sanitas Internacional.

Según los informes de gobierno, estas entidades poseen además siete clínicas propias y 30 centros médicos, consolidándose como la red privada de salud más grande del país.

A pesar de las frecuentes afirmaciones sobre falta de recursos, Arias destacó que la empresa ha construido edificaciones privadas impresionantes, lo que evidencia su capacidad financiera y la magnitud de sus operaciones.

El concepto de integración vertical, según explicó Jaramillo, ha permitido que Keralty administre los recursos públicos y, al mismo tiempo, sea propietaria de las clínicas y hospitales donde presta servicios a sus afiliados.

“Con esa estrategia, Sanitas paga y al mismo tiempo presta el servicio, porque ambos hacen parte del mismo grupo empresarial y gracias a ello puede concentrar recursos públicos en sus propias clínicas, afectando la competencia con clínicas independientes”, señaló, explicando cómo este mecanismo centraliza las ganancias en un solo grupo y limita los recursos de otros prestadores de salud.

El entramado societario revela que los mayores accionistas de Colsanitas y de la compañía de medicina prepagada Colsanitas son Keralty y Centauro Capital, una sociedad española administrada por Joséva Michael Grajales Jiménez.

“Las ganancias de las EPS que administran la plata y de la clínica que atiende a sus usuarios van a parar a un mismo bolsillo”, denunció Arias, subrayando que los recursos públicos destinados a salud terminan beneficiando a un reducido grupo privado.

Durante la exposición, Arias recordó cifras contundentes:

“Clínica Colsanitas recibió 1,43 billones de pesos. Fundación Valle de Lili, 523 mil millones. Caja Colombiana de Subsidio Familiar, 1,961 millones. Toda la integración vertical, buenas tarifas para ellas. Nadie los audita. El negocio sigue siendo el negocio”.

Estas declaraciones muestran la magnitud de los recursos canalizados hacia las entidades del grupo y la falta de supervisión efectiva sobre su uso.

El senador enfatizó que el gobierno, por su parte, ha aumentado el presupuesto de manera sostenida, sin que las clínicas cumplan con la prestación eficiente del servicio: “El gobierno lo único que ha hecho es aumentar y aumentar el presupuesto permanentemente.

¿Hasta cuándo vamos a aguantar entregándoles la plata para que se la sigan gastando y no hagan lo que tienen que hacer? Ni dan medicamentos, ni atienden a los pacientes y no hacen absolutamente nada”, concluyó Arias, con un tono de indignación frente a lo que considera un manejo irresponsable de los recursos públicos.

Jaramillo complementó el análisis destacando que la concentración de poder en Keralty ha generado un sistema en el que las ganancias privadas crecen mientras la atención a los ciudadanos sigue siendo deficiente.

La integración vertical ha permitido que las EPS y clínicas del mismo grupo concentren recursos millonarios, lo que, según ambos congresistas, representa un riesgo para la equidad y la competencia en el sector salud colombiano.

El debate sobre Keralty y la concentración de recursos en pocas manos muestra cómo la gestión privada de la salud, combinada con pagos públicos significativos, puede derivar en un sistema donde los intereses empresariales prevalecen sobre la atención efectiva a la población.

La denuncia de Arias y Jaramillo evidencia que, mientras millones de colombianos enfrentan limitaciones para acceder a servicios básicos, un reducido grupo empresarial acumula beneficios extraordinarios gracias a la estructura de integración vertical y al flujo constante de recursos estatales.

Con un tono crítico y detallado, los congresistas llaman a la necesidad de una supervisión más estricta y de reformas que aseguren que los recursos públicos se utilicen para fortalecer la atención médica, en lugar de engrosar bolsillos privados.

“El negocio sigue siendo el negocio”, concluyó Arias, dejando en evidencia la magnitud de un sistema que, según su relato, ha priorizado la rentabilidad sobre la salud de los colombianos.