La fiscal Ernestina Godoy desarticula una compleja red de lavado de dinero que desvió casi 10,000 millones de pesos mediante las empresas fantasma Optimización Dalga, Lobis y Ohat

Con una determinación que ha sacudido los cimientos del poder económico y político en México, la fiscal Ernestina Godoy ha presentado pruebas contundentes sobre una de las tramas de corrupción y blanqueo de capitales más sofisticadas de la última década.

El anuncio no dejó lugar a dudas: “Aquí están los nombres y aquí están las pruebas”.

Con esta frase, se inició la judicialización de un esquema criminal que involucra a tres empresas fantasma —Optimización Dalga, Lobis y Ohat— que lograron mover la estratosférica cifra de 9,631 millones de pesos en un periodo menor a tres años.

La investigación, que destaca por su rigor técnico y profundidad, logró rastrear 17,000 depósitos sospechosos y más de 55,000 retiros de efectivo.

Este flujo de dinero no fue azaroso; terminó repartido entre cientos de personas físicas y morales en puntos estratégicos como la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Jalisco.

Actualmente, seis personas ya se encuentran en el banquillo de los acusados, enfrentando procesos penales sin la posibilidad de resolver su situación mediante multas económicas, un cambio radical en la forma de impartir justicia en el país.

Para entender la magnitud del daño, es necesario comprender el funcionamiento de una “facturera”.

Estas entidades son empresas de papel que, aunque cuentan con registro fiscal y domicilios legales, no producen bienes ni prestan servicios reales.

Su único propósito es vender facturas falsas, cobrando una comisión de entre el 6% y el 12% del monto total.

El cliente utiliza este documento legal para deducir impuestos de manera ilícita o para justificar la salida de capitales que luego retornan en efectivo, ya lavados y listos para ser utilizados sin dejar rastro.

La meticulosidad de la red era asombrosa.

Mientras Optimización Dalga facturaba servicios inexistentes de consultoría, Lobis hacía lo propio con capacitaciones que nunca se impartieron, y Ohat emitía facturas por estudios de mercado y mantenimiento de equipo ficticios.

Los operadores financieros se movían constantemente entre sucursales de diversos estados para evitar que las alertas del sistema financiero se activaran por concentración de actividad.

Se estima que realizaron un promedio de 50 retiros diarios, los siete días de la semana, durante 36 meses consecutivos.

La fiscal Godoy ha subrayado que este caso marca un antes y un después.

En administraciones anteriores, estos delitos solían castigarse con simples sanciones administrativas o la cancelación de sellos digitales, permitiendo que los delincuentes cerraran una empresa el lunes para abrir otra similar el martes.

En esta ocasión, la respuesta ha sido la cárcel preventiva bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El impacto social de este robo es devastador.

Los casi 10,000 millones de pesos desviados equivalen, por ejemplo, al presupuesto anual de medicamentos oncológicos para varios estados.

Cada peso que se lavó a través de Dalga, Lobis u Ohat representa un hospital sin equipo, una escuela sin mantenimiento o tratamientos médicos que nunca llegaron a pacientes que fallecieron esperando una oportunidad.

Godoy ha conectado estas cifras frías con el dolor real del pueblo mexicano, señalando que la corrupción no es solo un número en un balance, sino un atentado contra la vida de los más vulnerables.

La temporalidad de la red, que operó con mayor intensidad entre 2016 y 2019, coincide con el cierre del sexenio anterior y la transición al actual.

Esto deja en el aire preguntas incómodas sobre la omisión o complicidad de exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la antigua fiscalía que, teniendo las herramientas para detectar estos movimientos, decidieron mirar hacia otro lado.

Fuentes cercanas a la investigación sugieren que en las próximas semanas se darán a conocer nombres de altos mandos del periodo neoliberal y empresarios que se sentían intocables.

Un detalle que ha pasado desapercibido para los grandes medios de comunicación, pero que es central en el expediente, es la conexión política.

Se investiga si una parte importante de estos recursos fue utilizada para financiar campañas electorales del PRI durante los años de mayor influencia del peñanismo, utilizando este complejo esquema de prestanombres para “limpiar” el dinero de contratistas gubernamentales antes de inyectarlo a la arena política.

Ernestina Godoy, abogada penalista con décadas de experiencia en las trincheras judiciales de la capital, ha demostrado que no es una funcionaria de adorno.

Al asumir su cargo, rescató este expediente que yacía archivado a pesar de tener toda la información necesaria para proceder.

Su estrategia ha sido quirúrgica: primero, detener a los operadores de primera capa; segundo, presionar para obtener información sobre los intermediarios (contadores y despachos fiscales); y tercero, alcanzar a los beneficiarios finales.

Este golpe es también el resultado de una nueva coordinación institucional entre la Fiscalía General, el SAT y la oficina de la presidencia.

Al romper la tradición de complicidad institucional, se ha logrado judicializar en tiempo récord un caso que entra directamente en el “top tres” de las redes de lavado de dinero más grandes de la historia reciente de México.

Mientras el viejo régimen guarda un silencio sepulcral, el avance del caso Dalga, Lobis y Ohat promete seguir destapando una caja de Pandora que muchos creían cerrada para siempre.