El exalcalde de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez, fue detenido por la Guardia Civil Estatal en la Huasteca Potosina junto a su esposa mientras transportaba un arsenal de uso exclusivo militar a bordo de una camioneta Dodge Ram roja

Una camioneta Dodge Ram de color rojo avanzaba despacio por una carretera solitaria en la Huasteca Potosina.

El sol de mayo pegaba fuerte sobre los cerros y adentro iban dos personas: un hombre de 52 años y su esposa de 47.

Todo parecía un viaje ordinario por los caminos rurales de la región hasta que divisaron a los uniformados de la Guardia Civil Estatal.

En ese instante tomaron una decisión evasiva que delató el cargamento bélico que transportaban.

Tras intentar huir sin éxito a la altura del rancho El Diamante, en la ruta Tampamolón-San José de la Cruz, los agentes inspeccionaron la cabina y hallaron un arsenal de uso exclusivo militar: un fusil AK-47, un rifle AR-15 calibre .

223, una escopeta semiautomática, dos rifles adicionales, tres armas cortas, siete cargadores y 86 cartuchos útiles.

Detrás del volante no iba un desconocido, sino Isidro Mejía Gómez, alias “El Chilo”, exalcalde del municipio indígena de Tampamolón Corona, cuyo historial político se entrelaza de forma sistemática con los registros de operación del Cártel de Sinaloa y otras células delictivas que disputan el control territorial de la zona centro del país.

La captura, ejecutada el sábado 23 de mayo de 2026, reactivó de inmediato el reclamo social en una demarcación de apenas 13,000 habitantes que durante años mudó sus temores en denuncias archivadas.

El nombre de Mejía Gómez evoca un pasado institucional controvertido; gobernó la localidad bajo las siglas del partido Nueva Alianza durante los periodos 2015-2018 y 2018-2021, antes de ser inhabilitado por el Congreso del Estado debido a irregularidades financieras y la omisión de consultas indígenas obligatorias.

En 2024, desafiando la sanción administrativa, intentó retornar al poder postulándose por el partido oficialista Morena, pero las urnas entregaron el triunfo a Silvia Medina Burgaña, una de sus principales detractoras y hermana de un aspirante político acribillado en 2017.

Tras concretarse el decomiso en la carretera, la narrativa familiar intentó desviar la atención mediante redes sociales, donde Eulogio Mejía, hermano del detenido, difundió acusaciones de persecución civil.

“Hasta este momento no sabemos dónde están él ni su esposa, Gabi. No vamos a quedarnos callados. Una familia entera está sufriendo y el pueblo merece respuestas”, denunció públicamente en las plataformas digitales antes de que el boletín de la Secretaría de Seguridad estatal detallara los fusiles encontrados en la camioneta.

El arresto de “El Chilo” representa un punto de quiebre para la Fiscalía General de la República, institución que ahora analiza un expediente cargado de homicidios y desapariciones forzadas que las víctimas vinculan de forma directa con la gestión del exmandatario.

La sombra de la violencia política marcó su trayectoria desde 2018, cuando Francisco García, entonces secretario del Ayuntamiento, presentó una denuncia formal señalando que el candidato poseía antecedentes de detención en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Días después de sus declaraciones, García fue asesinado a tiros en Tancanhuitz.

Lejos de frenar las protestas, el miedo movilizó a la comunidad.

En agosto del mismo año, Silvia Medina Burgaña encabezó una comitiva de 40 vecinos ante la Fiscalía del Estado para exigir justicia por el homicidio de su hermano Ángel Teodoro y documentar la desaparición del regidor Abelino Herrera Pérez, quien fue visto por última vez abordando un vehículo oficial del municipio.

Frente a las autoridades ministeriales, los portavoces comunitarios fueron categóricos en sus testimonios colectivos al señalar el clima de opresión que se vivía en la alcaldía: “No pedimos privilegios, pedimos condiciones dignas y que se investiguen los crímenes que destruyen a nuestras familias”.

El trasfondo geográfico de la Huasteca explica el interés de los grupos armados por cooptar a las autoridades locales.

Según informes de inteligencia militar filtrados en los Guacamaya Leaks, la región constituye un corredor estratégico disputado activamente por el Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

En este entorno, el arsenal decomisado a Mejía Gómez supera la lógica de la defensa personal rural y se alinea con el equipamiento de combate utilizado por las redes de protección del narcotráfico.

Con la entrega de los sospechosos y el armamento al resguardo federal, el Ministerio Público busca establecer los nexos financieros y operativos que permitieron al exalcalde mantener su capacidad de fuego e influencia regional a pesar de las inhabilitaciones legislativas, mientras los colectivos de derechos humanos presionan para que el proceso judicial no se limite a la portación ilegal de armas, sino que esclarezca el paradero de los funcionarios y maestros rurales desaparecidos durante su administración.