Iván Cepeda fue abordado en plena calle por influenciadores y activistas de derecha que le gritaron acusaciones relacionadas con las antiguas FARC mientras el senador evitó responder y continuó escoltado por su esquema de seguridad

La tensión política en Colombia volvió a escalar tras un episodio protagonizado por el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, quien fue abordado en plena vía pública por varios activistas e influenciadores cercanos a sectores de derecha que cuestionaron su relación histórica con el proceso de paz y con las antiguas FARC. El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre los límites del activismo político, el discurso de odio y la polarización que domina la campaña presidencial anticipada.

Los videos difundidos muestran a Cepeda caminando escoltado mientras varias personas le gritan acusaciones relacionadas con el reclutamiento de menores por parte de las extintas FARC. “¿Por qué no va a debate?”, “guerrillero”, “responda por los niños reclutados”, se escucha en distintas grabaciones difundidas por influenciadores vinculados a sectores conservadores y uribistas.

El senador evitó confrontaciones directas y continuó su recorrido acompañado por su esquema de seguridad. Sin embargo, desde sectores progresistas calificaron el episodio como un acto de intimidación política. “Eso no es debate democrático, es acoso en la calle”, señalaron dirigentes cercanos al Pacto Histórico, quienes denunciaron una estrategia de provocación diseñada para generar reacciones virales.

La controversia aumentó cuando algunos participantes aseguraron que Cepeda “salió huyendo”, mientras simpatizantes del senador defendieron que simplemente continuó su trayecto sin responder a provocaciones. Durante los videos también se escucharon expresiones despectivas contra sectores populares, lo que provocó fuertes críticas por presunto clasismo.

En medio de la discusión apareció nuevamente la polémica cifra de los 18.677 menores reclutados por las antiguas FARC, revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sectores de derecha utilizaron esa cifra para atacar públicamente a figuras del progresismo como María José Pizarro y Aída Quilcué, acusándolas de guardar silencio frente a los crímenes de la antigua guerrilla.

Pizarro fue interceptada por un influenciador que le entregó un botón alusivo a los menores reclutados. La senadora respondió brevemente y siguió caminando, mientras el video fue compartido masivamente en plataformas digitales.

Por su parte, Quilcué respondió públicamente a cuestionamientos hechos por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, quien propuso realizar un mural en memoria de los niños víctimas del reclutamiento. La lideresa indígena contestó con dureza: “También le invito a caminar conmigo por las ruralidades de Colombia para rescatar niños reclutados, tal como lo he hecho durante décadas”.

Quilcué recordó además el asesinato de su esposo y los ataques que ha sufrido por su defensa de los derechos humanos. “¿Puede probar usted que yo no he defendido a la niñez de este país?”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó.

El ambiente político se tensó aún más luego de que Cepeda respondiera a recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien utilizó la palabra “apache” para referirse al senador. Cepeda calificó la expresión como racista y aseguró: “No me siento insultado por pertenecer a un país de múltiples etnias y pueblos, pero un expresidente no debería recurrir a expresiones discriminatorias”.

La confrontación ocurre en un momento de extrema polarización política y social. Mientras sectores de izquierda denuncian una campaña de persecución contra el progresismo, dirigentes de oposición insisten en investigar presuntos vínculos entre integrantes del gobierno y estructuras criminales.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro recibió una nueva noticia judicial luego de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abriera una investigación preliminar relacionada con supuestas declaraciones del extraditado alias “Pipe Tuluá”, señalado jefe de la estructura criminal La Inmaculada.

Según audios revelados por medios colombianos, el narcotraficante habría asegurado que entregó dinero a la campaña presidencial de Petro en 2022. Hasta el momento no se han presentado pruebas documentales que confirmen dichas afirmaciones, pero la Comisión decidió avanzar con una indagación formal.

La decisión generó controversia debido a que la representante encargada del caso, Gloria Elena Arizabaleta, pertenece al Pacto Histórico. Sectores petristas consideran que la apertura de la investigación se basa únicamente en declaraciones sin soporte judicial y denuncian un intento de construir un proceso político contra el mandatario.

Durante una entrevista reciente, Petro aseguró que teme una persecución política si el progresismo pierde el poder en las próximas elecciones. “Si el progresismo pierde, a mí me van a perseguir”, afirmó el presidente. También recordó episodios históricos de represión política en América Latina y Europa, mencionando los casos de Golpe de Estado en Chile de 1973 y la dictadura franquista en España.

“No es que me asuste, pero soy objetivo. Una cosa es cómo tratamos nosotros a la oposición y otra cómo esa oposición nos trató a nosotros”, declaró Petro en una intervención que reactivó el debate sobre garantías democráticas y estabilidad institucional.

En paralelo, también surgió una nueva polémica tras declaraciones del abogado Ramiro Bejarano, quien rechazó la posibilidad de que Petro llegue algún día a dirigir la Universidad Externado de Colombia. “Ni siquiera como portero”, afirmó Bejarano, comentario que fue interpretado por dirigentes progresistas como una expresión de elitismo y desprecio social.

Mientras el país entra en una nueva etapa preelectoral, las confrontaciones verbales, las acusaciones cruzadas y las investigaciones judiciales continúan profundizando una polarización que parece no tener freno en la política colombiana contemporánea.