Carlos Carrillo denuncia una presunta extorsión de 2.000 millones de pesos a un contratista del Fondo de Adaptación en un proyecto de gestión hídrica en La Mojana

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, reveló en una entrevista radial una grave denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción en el Fondo de Adaptación, en la que un contratista asegura haber sido víctima de una exigencia económica ilegal para poder recibir el pago de un contrato ya ejecutado.

Según la información expuesta por el funcionario, el monto exigido ascendería a aproximadamente 2.

000 millones de pesos colombianos, correspondientes a un porcentaje del valor de un proyecto de infraestructura hídrica de gran escala.

De acuerdo con Carrillo, el caso estaría vinculado al proyecto de “dinámicas hídricas de La Mojana”, una iniciativa estructurada durante su gestión previa como gerente encargado del Fondo de Adaptación y que contempla recursos superiores al billón de pesos.

En ese contexto, el contratista involucrado habría manifestado que, pese a haber cumplido con la ejecución contractual, no habría recibido el pago correspondiente, situación que, según su versión, estaría condicionada a la entrega de un porcentaje cercano al 10 % del valor del contrato.

Durante su intervención, el director explicó que decidió hacer pública la denuncia tras recibir el relato del propio contratista, quien solicitó mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad.

“He recibido una denuncia muy preocupante que tiene que ver específicamente con una extorsión”, señaló Carrillo, al tiempo que aclaró que el denunciante estaría dispuesto a acudir a las autoridades judiciales si fuera requerido para ampliar su testimonio.

El funcionario también indicó que la situación involucra presuntas reuniones informales entre particulares, realizadas en espacios cerrados y sin dispositivos de comunicación, en las que supuestamente se habrían planteado exigencias económicas para agilizar el pago de contratos estatales.

Según lo expuesto, estas prácticas corresponderían a un esquema de presiones indebidas dentro de procesos de contratación pública.

Carrillo insistió en que su actuación responde a su obligación como servidor público de poner en conocimiento de la justicia cualquier indicio de irregularidad.

“La gente tiene derecho a la presunción de inocencia, pero también es deber de un funcionario denunciar cuando conoce posibles ilícitos”, afirmó durante la entrevista, en la que reiteró que la denuncia será formalmente trasladada a la Fiscalía para su investigación.

El director explicó además que no cuenta con pruebas materiales directas más allá del testimonio recibido, pero consideró que este elemento es suficiente para activar el inicio de las indagaciones correspondientes por parte de los organismos competentes.

En su intervención, hizo referencia a la necesidad de dar celeridad a los procesos judiciales frente a este tipo de denuncias, señalando que los tiempos de respuesta institucional han sido históricamente prolongados en casos similares.

El caso ha generado atención debido a la magnitud del contrato mencionado, cuyo valor total supera el billón de pesos, y a la proporción del presunto cobro irregular, que equivaldría a cerca de 2.

000 millones de pesos.

Según lo expuesto, el esquema denunciado consistiría en condicionar el pago de obligaciones contractuales al desembolso de porcentajes previamente acordados de manera informal.

En el desarrollo de la entrevista, el funcionario también se refirió a la existencia de prácticas irregulares en distintos niveles de la contratación pública, mencionando que situaciones similares podrían presentarse en otras entidades del Estado e incluso en el sector privado.

Según su explicación, tanto contratistas como funcionarios podrían incurrir en dinámicas ilegales cuando se establecen acuerdos indebidos para la adjudicación o ejecución de contratos.

El caso también ha reactivado el debate sobre los mecanismos de control en la gestión de recursos públicos, especialmente en entidades encargadas de la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y atención de emergencias.

El Fondo de Adaptación, en particular, administra recursos destinados a la mitigación de riesgos y a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, lo que lo convierte en una entidad de alta sensibilidad institucional.

En medio de la exposición del caso, Carrillo insistió en que el denunciante estaría dispuesto a colaborar con las autoridades y aportar la información necesaria para el avance de la investigación.

Según lo señalado, la decisión de no revelar inicialmente nombres responde a la necesidad de proteger la integridad del contratista mientras se formaliza el proceso judicial.

El funcionario subrayó que la denuncia será entregada de manera formal a los entes de control competentes y reiteró que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar la veracidad de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

“Esto debe llegar a una investigación seria y con resultados”, expresó.

El caso, que involucra presuntas irregularidades en un contrato de alto valor dentro del Fondo de Adaptación, se suma a otras denuncias recientes sobre posibles fallas en la gestión de recursos públicos en distintas entidades del Estado.

Las autoridades deberán ahora evaluar los elementos presentados y establecer si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal sobre los hechos expuestos.

Mientras avanza el proceso, la atención se centra en el desarrollo de las indagaciones y en la eventual comparecencia del contratista ante las autoridades judiciales, en caso de ser requerido para ampliar su testimonio y aportar pruebas adicionales que permitan esclarecer lo ocurrido en torno al presunto esquema de exigencias económicas en la contratación pública.