Un audio filtrado revela que alias “Satanás” continúa coordinando extorsiones y ordenando asesinatos desde la cárcel La Tramacúa en Valledupar

El terror impuesto por la estructura criminal conocida como “Satanás” sigue dejando una estela de muerte y भय entre comerciantes del sur de Bogotá, incluso mientras su máximo cabecilla permanece recluido en una cárcel de alta seguridad.
Un audio recientemente filtrado confirma lo que durante meses fue una sospecha: las órdenes de extorsión y asesinato continúan saliendo desde su celda, manteniendo activa una red violenta que somete a barrios enteros.
En la localidad de Bosa, específicamente en el barrio Primavera, la tragedia golpeó con fuerza a una familia trabajadora.
Eran las 5:05 de la tarde cuando dos hombres en motocicleta llegaron hasta una recicladora y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra un joven de 25 años, esposo de la hija de la dueña del negocio.
El crimen ocurrió frente a varios testigos, incluidos niños.
“Lo mataron delante de todos… no les importó que estuvieran los niños, no les importó nada”, relató Lilia Méndez, propietaria del establecimiento, con la voz quebrada.
“Ese muchacho era el esposo de mi hija… apenas tenía 25 años”.
El asesinato, según las autoridades, fue una represalia directa por negarse a pagar una extorsión de 60 millones de pesos.
Minutos después del crimen, la mujer recibió una llamada escalofriante.
Del otro lado de la línea, un integrante del grupo criminal le lanzó una amenaza que aún la persigue: “Eso es culpa tuya… tus hijos sí querían arreglar con nosotros y usted fue la que no quiso.
Ese muchacho lo mató usted”.
El modus operandi de la organización evidencia un nivel de planificación inquietante.
Los delincuentes obtenían los números personales de sus víctimas mediante pequeñas compras en los negocios, realizando transferencias electrónicas para luego utilizar esos datos en campañas de intimidación sistemática.
“Hacían una compra mínima, pagaban por Nequi y así quedaban con el número.
Después empezaban las amenazas”, explicó un investigador del caso.
Durante más de un año, los comerciantes de la zona vivieron bajo presión constante.
Mensajes intimidantes, videos violentos y advertencias explícitas eran enviados a diario.
“Nunca les contesté nada, pero todos los días llegaban mensajes… videos de cómo descuartizaban gente”, contó otra víctima.
“Era una tortura psicológica permanente”.

El caso de Lilia no fue aislado.
En el sector de Bosa Laureles, otro comerciante, Pedro Ortúga, fue asesinado el 12 de enero tras negarse a pagar una extorsión de 15 millones de pesos.
Los ataques eran ejecutados con precisión y brutalidad, dejando claro que la negativa a pagar tenía consecuencias fatales.
Las autoridades lograron un golpe significativo contra esta estructura tras una serie de operativos realizados en la madrugada.
En total, fueron capturados varios integrantes identificados con alias como “Careloco”, “Tatú”, “El Indio”, “Shagi” y “Masacre”.
Según informes oficiales, estos sujetos eran los encargados de ejecutar los ataques armados, intimidar con explosivos y materializar las órdenes de homicidio.
Durante los allanamientos se incautaron armas de fuego, motocicletas utilizadas en los crímenes, explosivos, estupefacientes, teléfonos móviles y panfletos alusivos a la organización.
“Estos delincuentes se dedicaban a extorsionar y a ‘boletear’ a los comerciantes.
Quien no pagaba, era amenazado o atacado directamente”, señaló un alto mando de la Policía Metropolitana.
Sin embargo, el aspecto más alarmante es que, pese a estas capturas, la estructura sigue operando bajo la dirección de su líder, alias “Satanás”, desde el interior de la cárcel de Valledupar conocida como La Tramacúa.
De acuerdo con las investigaciones, el cabecilla mantiene comunicación constante con sus subordinados, coordinando actividades criminales y emitiendo órdenes directas.

Uno de los audios filtrados deja en evidencia la crudeza de su control: “La salvación tuya está en que nos apoyes con 60 millones… ya sabemos todo de ti.
Para la próxima no te vamos a grabar, sino que te vamos a matar”.
Las palabras, cargadas de amenaza, reflejan la impunidad con la que operan.
En los últimos cuatro años, las autoridades han capturado a más de 160 personas vinculadas a esta organización, en al menos 60 diligencias judiciales.
Estas acciones han permitido una reducción cercana al 80% en los casos de extorsión en las zonas intervenidas, aunque el temor persiste entre los comerciantes.
“Cuando este delito toca la puerta, no solo amenaza un negocio, amenaza a toda una familia”, afirmó un oficial involucrado en los operativos.
Y es precisamente ese miedo el que aún domina en barrios donde pagar o resistir puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Mientras las investigaciones continúan y las autoridades buscan cortar definitivamente las comunicaciones del cabecilla desde prisión, las víctimas intentan reconstruir sus vidas.
Pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecen.
“Uno nunca vuelve a estar tranquilo”, dijo Lilia, mirando el lugar donde su yerno cayó asesinado.
“Aquí no solo mataron a una persona… destruyeron una familia entera”.

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