Sectores de oposición liderados por Mauricio Cárdenas denunciaron un presunto saboteo y falta de garantías electorales para los votantes colombianos en el consulado de Londres, acusación que fue desmentida de inmediato por la embajadora Laura Sarabia al confirmar la participación de 1.783 ciudadanos en la primera jornada en el exterior

A pocos días de que se abran las urnas en el territorio nacional, la carrera por la Presidencia de la República ha entrado en una fase de máxima tensión institucional, trasladando el debate político de las plazas públicas a los tribunales y a las misiones diplomáticas.

La apertura de las mesas de votación en el extranjero, diseñada para garantizar el sufragio de la diáspora colombiana a lo largo de una semana, se ha convertido en el nuevo epicentro de las disputas entre los sectores de oposición y el Gobierno Nacional.

Mientras las campañas de la derecha denuncian presuntas trabas administrativas en los consulados europeos, el Ejecutivo defiende la transparencia del proceso y los organismos de control aceleran requerimientos judiciales contra el jefe de Estado, configurando un escenario de profunda polarización y desconfianza institucional.

El primer foco de confrontación se encendió en el Reino Unido, donde voceros de las campañas de oposición manifestaron su inconformidad con el desarrollo de las jornadas electorales.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y actual integrante del equipo político de la candidata Paloma Valencia, lanzó una severa advertencia pública sobre supuestas irregularidades en la capital británica, cuestionando directamente la gestión de la representación diplomática.

“Ojo con la denuncia que acaba de llegar desde Londres. No están dejando votar a los colombianos que se sintonizan o se acercan al consulado. Y el 8 de marzo en la consulta a las personas no les entregaron el tarjetón. Me lo dijeron varias personas que estuvieron allá. Lo pidieron y no se los dieron y hoy no los dejan votar. A la embajadora Laura Sarabia: ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Ustedes están tratando de sabotear las elecciones o qué? ¿Por qué no se apersona de esto? ¿Por qué no da una explicación? En Londres no hay garantías para votar”, denunció el exfuncionario.

La respuesta de la embajadora en Londres fue inmediata y contundente, desestimando las acusaciones de saboteo y aportando las cifras oficiales del primer día de votación supervisado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En su réplica, Sarabia defendió la total normalidad del proceso institucional y rechazó el uso de la desinformación como mecanismo de presión electoral.

“Hoy en Londres votaron 1783 colombianos. El consulado estuvo abierto desde las 8 a las 4 pm con las mesas habilitadas por la registraduría y seguro usted no lo sabe, pero en el exterior estaremos toda la semana garantizando el derecho al voto de nuestros ciudadanos. Si no pudieron votar este lunes, pues podrán votar hasta el domingo. Desinformar no da votos tampoco. ¿Credibilidad?”, argumentó la diplomática, enfatizando el carácter multipartidista y vigilado de las mesas en el exterior.

Paralelamente a las controversias consulares, la contienda electoral se vio sacudida por alertas tecnológicas relacionadas con la privacidad de los votantes y el financiamiento de la publicidad digital.

Una investigación independiente liderada por el experto en ciberseguridad Camilo Andrés García reveló la existencia de un ecosistema de propaganda anónima compuesto por más de 600 anuncios en Google Ads y YouTube.

Los anuncios dirigen a los usuarios a un formulario que recolecta nombres, edades, ciudades y números de WhatsApp bajo la premisa de organizar a los simpatizantes del candidato opositor Abelardo de la Espriella.

La operación ha despertado suspicacias debido a que el anunciante no ha verificado su identidad ante los canales digitales de Google ni incluye políticas de tratamiento de datos personales, lo que presuntamente vulneraría la Ley 1581 de 2012 y la Circular Externa de la Superintendencia que regula los canales digitales en campañas electorales.

Mientras estas tensiones se desarrollaban en el plano digital, el debate institucional alcanzó su punto álgido en la Comisión de Seguimiento Electoral, donde la candidata presidencial Claudia López irrumpió con una severa ofensiva jurídica contra el presidente Gustavo Petro.

En una comparecencia ante delegados ministeriales, entes de control y mandos de la Fuerza Pública, la exalcaldesa de Bogotá formalizó una serie de recursos legales por considerar que el Ejecutivo ha roto el principio de neutralidad electoral.

“Ninguna garantía electoral. Vengo a interponer una denuncia formal, penal y disciplinaria por abuso de poder, indebida participación política y violencia política desde el gobierno nacional contra mi candidatura”, manifestó con vehemencia López.

Minutos más tarde, ante los medios de comunicación, la candidata reiteró sus señalamientos: “El mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República. Él es el mayor factor perturbador de este proceso electoral y como tal tendrá que responder no solo en las urnas, sino tendrá que responder ante la autoridad penal, ante la autoridad disciplinaria, nacional e internacional”.

Ante la gravedad del cruce de acusaciones, los entes de control adoptaron medidas drásticas a escasos días de la apertura de las urnas en el territorio nacional.

El Procurador General de la Nación intervino formalmente al finalizar las audiencias de la Comisión de Seguimiento Electoral para dar trámite prioritario a las denuncias presentadas por la oposición.

El jefe del Ministerio Público ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, único órgano constitucional competente para procesar al primer mandatario, la entrega de un informe detallado sobre el estado de todas las investigaciones vigentes por presunta intervención en política, otorgando un perentorio plazo de tres días que vencerá antes del domingo de votación.

“Se ha escuchado en forma detallada a los voceros de los partidos y movimientos, la procuraduría ha tomado nota de los reclamos que han hecho, especialmente en tema de seguridad y de presunta indebida participación en política, particularmente del presidente de la República, tema que ya puso en conocimiento de la comisión de investigación y acusación de la cámara representantes, que es el único órgano que puede ocuparse de la conducta del señor presidente de la República”, confirmó el Procurador, sellando una de las jornadas previas más complejas e judicializadas en la historia democrática reciente del país.