El debate político en Colombia se intensifica tras acusaciones de Abelardo de la Espriella contra Paloma Valencia por supuestamente adoptar propuestas sobre la eliminación del pago del SOAT para motos de hasta 250 cc

En el escenario político colombiano se ha encendido una nueva controversia entre figuras de la derecha y la oposición, luego de que el abogado y aspirante político Abelardo de la Espriella cuestionara públicamente a la senadora Paloma Valencia por lo que calificó como una apropiación de propuestas relacionadas con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El punto de fricción gira en torno a la iniciativa de reducir o eliminar el pago del SOAT para motocicletas de bajo cilindraje, una medida que ha sido utilizada en diferentes momentos como bandera de campaña por varios sectores políticos.

De acuerdo con declaraciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, el equipo de De la Espriella afirmó que Valencia habría incorporado recientemente una propuesta similar a la que él ha defendido en su discurso político.

La polémica se intensificó cuando se conocieron fragmentos de una intervención televisiva en RCN, donde la senadora defendió la necesidad de revisar el costo del SOAT y planteó que en un eventual gobierno suyo las motos de hasta 250 centímetros cúbicos no pagarían este seguro directamente, sino que su financiación sería asumida por el Estado para garantizar la atención en salud de las víctimas de accidentes.

“En nuestro gobierno las motos de hasta 250 centímetros cúbicos no tendrán que pagar SOAT, lo pagará el Estado garantizando la atención de salud”, se escucha en uno de los apartes difundidos de su intervención, donde además argumenta que esta medida beneficiaría principalmente a los estratos populares que dependen de la motocicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo.

El debate no es nuevo en Colombia.

Durante el gobierno de Gustavo Petro se implementó una reducción aproximada del 50% en el valor del SOAT para motocicletas de bajo cilindraje y algunos vehículos de transporte público, una decisión que buscó aliviar la carga económica de millones de conductores, aunque también generó cuestionamientos por su impacto en la sostenibilidad del sistema de salud.

En ese contexto, el presidente ha defendido la medida como una forma de justicia social, mientras críticos advierten sobre el riesgo de trasladar costos al sistema hospitalario.

En medio de la controversia, la discusión ha escalado hacia un terreno político más amplio.

Abelardo de la Espriella sostiene que este tipo de propuestas son utilizadas como estrategias electorales para captar el voto de los motociclistas, un universo que supera los 12 millones de usuarios en el país.

Según su postura, el problema radica en que muchas de estas promesas no son sostenibles fiscalmente y terminan convirtiéndose en medidas inviables una vez se llega al poder.

Por su parte, Valencia ha intentado matizar su posición.

En otra intervención afirmó: “Yo no puedo ser irresponsable y en campaña decirles que lo vamos a quitar”, al referirse a los peajes para motocicletas, aclarando que no se trata de eliminarlos de forma inmediata sino de revisar su pertinencia.

También defendió que su propuesta busca equilibrio entre movilidad y sostenibilidad del sistema.

El debate sobre el SOAT se cruza además con cifras preocupantes de seguridad vial en Colombia.

Autoridades han advertido que los motociclistas representan más del 60% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito, lo que convierte cualquier reforma en este sector en un asunto de alto impacto social y económico.

Solo en los últimos años, los siniestros viales han generado una carga significativa para el sistema de salud pública, lo que explica la resistencia de algunos sectores a eliminar completamente el seguro obligatorio.

En paralelo, la discusión política ha derivado en un intercambio de señalamientos sobre coherencia y discurso.

Críticos han recordado que la misma Paloma Valencia había cuestionado anteriormente las reducciones del SOAT implementadas por el gobierno Petro, calificándolas en su momento como “populismo sin capacidad técnica” y advirtiendo que trasladaban la deuda al sistema sanitario.

Sin embargo, su actual postura ha sido interpretada por sus detractores como un giro estratégico en busca de apoyo electoral.

“Todo lo bueno que haya hecho Petro, lo vamos a mantener”, expresó Valencia en otra entrevista, mencionando iniciativas como la entrega de tierras, el aumento del salario mínimo y espacios de diálogo juvenil.

Estas declaraciones han sido interpretadas por analistas políticos como un intento de ampliar su base de apoyo hacia sectores más moderados, en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Mientras tanto, el debate sobre la financiación del SOAT sigue abierto.

Economistas advierten que una exoneración total implicaría un costo cercano a varios billones de pesos anuales, lo que obligaría a reestructurar el presupuesto nacional o aumentar impuestos.

Otros expertos proponen modelos híbridos que premien el buen comportamiento vial, reduciendo el costo del seguro para conductores sin infracciones o sin siniestros, una alternativa que gana terreno en el debate técnico.

En este contexto, la controversia entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia no solo refleja una disputa por autoría de ideas, sino también una batalla más amplia por el modelo de movilidad, salud pública y sostenibilidad fiscal en Colombia.

Un debate que, lejos de cerrarse, parece profundizarse en plena dinámica preelectoral, donde cada propuesta se convierte en una pieza clave dentro del ajedrez político nacional.