Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades estatales, tomaron el palacio municipal de Progreso de Obregón, Hidalgo, para detener a nueve policías locales acusados de golpear y causar la muerte a un ciudadano detenido el pasado 10 de mayo

El clima de tensión e incertidumbre que se vive en diversas regiones de México ha alcanzado un punto crítico con la ejecución de operativos de alto impacto que involucran directamente a las fuerzas armadas y a corporaciones policiales locales.

En las últimas horas, elementos del Ejército Mexicano, en una acción coordinada con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, sitiaron y tomaron las instalaciones del palacio municipal de Progreso de Obregón.

Este despliegue táctico tuvo como objetivo principal asegurar la captura de nueve elementos de la policía municipal, quienes están plenamente acusados de su presunta participación en los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones graves.

Las investigaciones estatales señalan que los uniformados ejercieron una brutal violencia física en contra de un ciudadano que previamente había sido arrestado por la corporación el pasado 10 de mayo.

Tras percatarse de la gravedad de las heridas infligidas que terminaron por arrebatarle la vida a la víctima, los agentes involucrados habrían sacado el cuerpo de las instalaciones oficiales para abandonarlo clandestinamente en el vecino municipio de Mixquiahuala de Juárez, donde posteriormente fue localizado por las autoridades ministeriales.

Esta severa intervención militar en el ayuntamiento de Progreso de Obregón no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva mucho más amplia en la región del Valle del Mezquital.

Apenas un día antes de este suceso, las fuerzas de seguridad estatales y federales asestaron otro duro golpe a la estructura policial de la demarcación colindante de Tezontepec de Aldama.

En las inmediaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, un operativo sorpresa derivó en la detención de Raimundo, quien se desempeñaba como el director de la corporación, junto al subdirector de la misma institución y a un exagente policial.

Al momento de su captura, a los altos mandos policiales se les decomisaron diversas dosis de sustancias ilícitas y múltiples cartuchos útiles para armas de fuego, lo que robustece las indagatorias de la Fiscalía sobre posibles vínculos directos y de complicidad con los grupos delictivos que operan y se disputan el control territorial en esa zona del estado de Hidalgo.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la alcaldesa de Tezontepec de Aldama, Ana María Rivera Contreras, convocó a una conferencia de prensa respaldada por su partido político para deslindar por completo a su administración de las conductas criminales de sus subordinados, manifestando que, si bien el perfil académico de los mandos cumplía con los requisitos al momento de su contratación, no pondría las manos al fuego por ningún servidor público.

Mientras el estado de Hidalgo asimilaba la desarticulación de sus policías municipales, el foco rojo de la seguridad nacional se trasladó simultáneamente hacia el norte del país, específicamente al estado de Sinaloa.

La capital, Culiacán, amaneció bajo un estricto e impresionante despliegue militar que combinó patrullajes terrestres con el sobrevuelo constante de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Armada de México.

Este robusto operativo federal coincidió con una racha de homicidios registrados de manera casi simultánea en distintos puntos del oriente, poniente y centro de la ciudad, lo que provocó que los medios de comunicación locales adjudicaran la movilización a una estrategia urgente de contención y disuasión contra las células delictivas.

Sin embargo, la publicación de reportes de inteligencia de alto nivel por parte de medios de circulación nacional modificó drásticamente la narrativa de los hechos.

De acuerdo con estas versiones periodísticas, la presencia de helicópteros tácticos tipo Little Bird y de al menos seis drones de gran tamaño sobre el perímetro del palacio de gobierno respondía en realidad a un esquema exclusivo y permanente de resguardo para el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien presuntamente se encontraba dentro del inmueble padeciendo complicaciones de salud relacionadas con un debilitamiento de su sistema inmunológico.

La controversia en torno a la verdadera naturaleza del operativo en Sinaloa no tardó en escalar a los niveles más altos de la política mexicana.

La gobernadora interina de la entidad, Geraldine Bonilla, desmintió categóricamente los reportes de prensa y aseguró ante los cuestionamientos de los periodistas que la información vertida era completamente falsa, sosteniendo que el mandatario con licencia se encontraba descansando pacíficamente en su domicilio particular y que las movilizaciones aéreas correspondían a los acuerdos ordinarios de las mesas de seguridad del estado.

A pesar de estas declaraciones oficiales, la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que el gobernador con licencia sí había solicitado formalmente la debida protección federal tras haberse separado de su cargo.

Esta confirmación generó de inmediato evidentes contradicciones con lo expuesto días atrás por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien había manifestado públicamente que el resguardo no correspondía a una petición del político sinaloense, sino a una recomendación directa del gabinete de seguridad nacional, el cual determinó la necesidad de asignarle un discreto cuerpo de seguridad tras un exhaustivo análisis de riesgo.

A este panorama de resguardo forzado y sospechas de filtración se sumó la situación del senador Enrique Insunza, quien fue ubicado por informes de inteligencia en una vivienda del municipio serrano de Badiraguato bajo condiciones de estricto aislamiento.

El legislador, señalado por agencias estadounidenses de presuntas operaciones a favor de facciones del Cártel de Sinaloa, alimentó las especulaciones públicas al ausentarse por completo de las sesiones programadas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aunque Insunza justificó su inasistencia a través de mensajes breves en sus plataformas digitales argumentando que buscaba evitar que la oposición utilizara su presencia para armar un escándalo mediático en su contra, su prolongada desaparición del ojo público ha incrementado los cuestionamientos sobre el verdadero trasfondo de su situación jurídica y su seguridad personal.

Para complicar aún más el escenario nacional, la violencia y los operativos se extendieron al denominado Triángulo Dorado, específicamente en la comunidad serrana de El Durazno, perteneciente al municipio de Tamazula, Durango.

En esta región, identificada bajo la fuerte influencia de la facción liderada por Aureliano Guzmán, alias “El Guano”, los persistentes e intensos enfrentamientos armados provocaron el desplazamiento forzado de aproximadamente 25 familias completas.

Los pobladores aterrados decidieron abandonar sus viviendas y pertenencias para buscar refugio seguro en el vecino estado de Chihuahua.

Las autoridades de seguridad de Durango confirmaron el éxodo temporal de los ciudadanos y reportaron daños colaterales menores en la infraestructura local, destacando las afectaciones a una sucursal del Banco del Bienestar, la cual acumulaba cerca de tres meses sin operar debido al entorno hostil de la zona.

Finalmente, el estado de Chihuahua también se convirtió en el epicentro de una severa disputa política y legal que involucra de manera directa a la gobernadora María Eugenia Campos.

La Fiscalía General de la República avanza firmemente en una profunda investigación criminal para determinar si diversos funcionarios de la administración estatal violaron la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Mexicana al permitir la participación ilegal de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos en operativos tácticos dentro del territorio estatal.

Hasta la fecha, el Ministerio Público Federal ha interrogado a 40 de los 47 servidores públicos llamados a declarar, entre los que se contempla la próxima comparecencia del exfiscal general del estado.

Por su parte, la fiscalía local admitió públicamente haber registrado la presencia de cuatro ciudadanos extranjeros armados conviviendo con policías ministeriales dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas horas antes de la salida de un convoy hacia la región de Morelos.

La gobernadora Maru Campos negó rotundamente haber autorizado la intervención de agentes extranjeros y criticó fuertemente el trato desigual del gobierno federal, contrastando la persecución en su contra con la inmediata protección otorgada a Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

La tensión en la entidad norteña se agudizó trágicamente con el asesinato a balazos de Lucía Guadalupe Mora, dirigente del partido oficialista Morena en el municipio de Valle de Allende, un suceso que la dirigencia nacional partidista lamentó profundamente mientras lanzaba duras críticas hacia la gestión de la seguridad pública del gobierno de Chihuahua.