La Fiscalía General de la República desmanteló una red de empresas fachada en Nuevo León que lavaba dinero del tráfico ilegal de combustible para la organización delictiva Los Petrofactureros

El panorama político y empresarial del norte de México enfrenta una sacudida de proporciones tectónicas tras la ejecución de una serie de operativos simultáneos por parte de la Fiscalía General de la República.

La institución ha desplegado una estrategia coordinada que pone en el ojo del huracán al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, vinculándolo de manera directa con una sofisticada estructura de lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de combustible, una actividad ilícita conocida popularmente en el país como huachicol.

Lo que inicialmente se perfilaba como una investigación aislada sobre evasión fiscal ha terminado por destapar una red de complicidades corporativas que involucra de manera sistemática a los despachos jurídicos de la familia del mandatario estatal, cerrando un cerco judicial que amenaza con desestabilizar la administración local.

El detonante de esta crisis institucional comenzó con el desmantelamiento de una organización delictiva denominada El Caballito, la cual operaba mediante la creación de empresas fachada encargadas de emitir comprobantes fiscales falsos en nueve estados de la República.

Sin embargo, el golpe más contundente se asestó en territorio neoleonés, específicamente en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, donde las autoridades federales catearon múltiples inmuebles vinculados a un grupo delictivo bautizado por los investigadores como Los Petrofactureros.

En estos operativos se logró la captura de Jesús Ricardo Puente, señalado como el principal operador financiero de esta vertiente, cuya función principal consistía en blanquear los activos financieros generados por el robo de hidrocarburos mediante la simulación de servicios logísticos y de transporte terrestre.

Además, en la localidad de Cadereyta, una zona estratégica debido a la presencia de infraestructura de refinación petrolera, las fuerzas de seguridad aseguraron un centro de almacenamiento clandestino que resguardaba más de un millón de litros de combustible de procedencia ilegal.

La conexión directa entre el crimen organizado y la cúpula del poder ejecutivo estatal se consolidó al revelarse los registros comerciales y la facturación fiscal de la firma GMA, un despacho jurídico y contable cuyos propietarios formales son el padre del gobernador, Samuel García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.

Las auditorías gubernamentales descubrieron que la empresa de lubricantes administrada por el hoy detenido Jesús Ricardo Puente realizó transferencias millonarias hacia las cuentas bancarias de la firma familiar de los García, justificadas bajo el concepto de honorarios profesionales sospechosamente devengados coincidiendo con el inicio de la actual gestión gubernamental.

Esta firma jurídica, lejos de dedicarse a la defensa legal tradicional, se había transformado en un receptor estratégico de capitales provenientes de corporaciones del ramo energético, acumulando transacciones financieras que superan los miles de millones de pesos y que carecen de un sustento material comprobable.

El escándalo adquiere una gravedad extrema debido a la laxitud y el descuido con el que se operaban estas transacciones, donde los nombres de la dinastía familiar aparecen de manera explícita en las actas constitutivas y en los flujos de capital, prescindiendo de los habituales prestanombres que se utilizan en los esquemas complejos de corrupción política.

A esta vulnerabilidad jurídica se suma la inminente filtración de nuevos expedientes que apuntan a que el aparato estatal de Nuevo León comenzó a ser utilizado como una herramienta de extorsión institucionalizada contra el sector empresarial local.

De acuerdo con las investigaciones en curso, la administración estatal empleaba auditorías fiscales y clausuras por supuestas violaciones medioambientales como un mecanismo de presión para obligar a empresarios agrícolas e industriales a ceder terrenos de alta plusvalía y acciones corporativas a favor de los despachos vinculados al gobernador.

Este escenario ha provocado un aislamiento político absoluto para Samuel García, quien ha perdido la protección política de la que gozaba en el pasado por parte de las estructuras del gobierno federal.

En la actualidad, tanto las facciones oficialistas como los partidos tradicionales de la oposición han unificado criterios en torno a la necesidad de sancionar los excesos financieros de la administración neoleonesa.

Con las cuentas bancarias de sus principales firmas bajo la amenaza inminente de una congelación total por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y un expediente robusto que combina el lavado de dinero del huachicol con denuncias de extorsión empresarial, el gobernador de Nuevo León enfrenta un panorama de vulnerabilidad inédito que marca el fin de la impunidad corporativa que cobijó el ascenso de su grupo político.