El Ministerio de Minas y Energía desmintió la propuesta de Paloma Valencia para la Costa Caribe al señalar que su intención de subsidiar el 50% de la energía en realidad recortaría el beneficio actual del 60% que ya reciben los hogares más pobres

La carrera por la presidencia en Colombia ha entrado en una fase de desesperación retórica por parte de la extrema derecha, donde la búsqueda de votos parece justificar el desconocimiento absoluto de la administración pública y la realidad normativa del país.

El caso más reciente y vergonzoso ha sido protagonizado por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien en una reciente visita a Montería intentó presentar como “revolucionaria” una propuesta energética que no solo ya está siendo ejecutada por el gobierno de Gustavo Petro, sino que, en su formulación técnica, resultaría en un perjuicio directo para las familias más vulnerables de la Costa Caribe.

La senadora Valencia propuso, con gran pompa, establecer un subsidio del 50% para el estrato uno en el servicio de energía.

Sin embargo, la respuesta del Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue tan contundente como humillante para las aspiraciones de la congresista.

El ministro aclaró un dato que cualquier legislador con un mínimo de rigor debería conocer: en la actualidad, el estrato uno ya cuenta con un subsidio del 60%.

Por lo tanto, la “gran propuesta” de Valencia no es un alivio, sino un recorte del 10% que obligaría a los hogares más pobres a pagar más por su factura eléctrica.

Este error no es menor; demuestra una desconexión profunda con las leyes que rigen el sistema tarifario y una falta de asesoría técnica que raya en la irresponsabilidad política.

Resulta cínico que el Centro Democrático intente ahora posar como el salvador de los bolsillos de los costeños, cuando fueron ellos mismos quienes torpedearon la Ley de Financiamiento de 2024.

Es imperativo recordar la imagen del entonces senador Miguel Uribe Turbay celebrando el hundimiento de dicha reforma, una ley que buscaba precisamente pagar la “opción tarifaria” con recursos estatales para bajar los costos de energía de manera estructural.

La oposición prefirió proteger los intereses de las cinco grandes empresas que controlan el 70% de la generación eléctrica en Colombia —un mercado especulativo y desregulado heredado de décadas de uribismo— antes que permitir un alivio real para la región Caribe.

Mientras el gobierno Petro explica pedagógicamente que Colombia es el único país de la región donde el Estado no regula el precio de generación, permitiendo que las empresas especulen con los costos, la derecha se limita a reciclar discursos que ya han sido superados por la gestión actual.

Además de la pifia en los subsidios, Valencia intentó atribuirse ideas como la instalación de paneles solares en techos y el cambio de electrodomésticos viejos por equipos de alta eficiencia.

Lo que la senadora parece ignorar, o prefiere ocultar, es que estos programas ya son una realidad tangible bajo el nombre de “Colombia Solar” y el fondo Fenoge.

El gobierno del Cambio ha impulsado casi 300 comunidades energéticas y ha logrado una reducción de tarifas de hasta el 28% en el Caribe gracias a políticas concretas de eficiencia y no a promesas de campaña vacías.

La senadora María José Pizarro reforzó esta crítica señalando que es indignante ver a quienes permitieron el desfalco energético del país tratar de engañar a una población que hoy debe elegir entre comer o pagar la luz por culpa de la herencia regulatoria de los gobiernos anteriores.

El contraste es absoluto.

Mientras la campaña de Iván Cepeda se fortalece en las calles con el apoyo orgánico de ciudadanos como Frank Epalza en Soledad, Atlántico, quienes ven en el progresismo la continuación de las reformas sociales, la extrema derecha se queda sin argumentos.

El desespero de Paloma Valencia la ha llevado a proponer soluciones que ya existen, demostrando que su partido no tiene un proyecto de país, sino un libreto de obstrucción.

La ciudadanía de la Costa, que ha sufrido décadas de olvido y tarifas exorbitantes, empieza a notar que las soluciones no vendrán de quienes celebraron el hundimiento de los alivios financieros, sino de quienes, a pesar del sabotaje legislativo, siguen instalando paneles solares y devolviendo la soberanía energética al pueblo.

La “humillación” sufrida por la senadora ante los datos técnicos del Ministerio no es otra cosa que el choque de la vieja política contra la realidad de un país que ya no se deja engañar con espejitos.