El ministro de Hacienda de Colombia presentó una propuesta económica centrada en reducir la desigualdad mediante reformas fiscales, aumento del salario real y mayor intervención del Estado en la economía

El ministro de Hacienda de Colombia presentó una amplia reflexión sobre el modelo económico del país, en la que defendió la necesidad de replantear las bases del crecimiento y de orientar las políticas públicas hacia la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y una mayor intervención del Estado en la transformación productiva.

Durante su intervención, explicó que el caso colombiano debe entenderse como un proceso en construcción, con avances y dificultades, que busca redefinir los objetivos tradicionales de la política económica más allá del simple crecimiento del producto interno bruto.

En su exposición, el funcionario planteó que la desigualdad no es un fenómeno natural ni inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, fiscales e institucionales acumuladas a lo largo del tiempo.

Señaló que en las últimas décadas, en distintas regiones del mundo, la participación del ingreso correspondiente a los sectores más pobres ha disminuido de forma sostenida, no por una menor productividad, sino por estructuras económicas diseñadas para concentrar beneficios.

En el caso colombiano, indicó que históricamente se han mantenido altos niveles de desigualdad debido a sistemas tributarios considerados regresivos, en los que exenciones, deducciones y regímenes especiales han favorecido principalmente a grandes empresas y a los sectores con mayores ingresos, reduciendo la capacidad de recaudación del Estado y limitando la redistribución de recursos.

El ministro afirmó que estas estructuras han generado una transferencia indirecta de recursos públicos hacia actores económicos con mayor capacidad de acceso a beneficios fiscales, lo que ha contribuido a profundizar las brechas sociales.

En este contexto, planteó la necesidad de revisar y reducir dichas exenciones con el objetivo de fortalecer la equidad del sistema tributario.

También destacó que, según la evidencia histórica, los períodos de mayor igualdad han estado asociados a sistemas fiscales progresivos, en contraste con teorías económicas basadas en el llamado efecto de “derrame”, que sostienen que el crecimiento económico beneficia automáticamente a todos los sectores de la sociedad.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue el papel de los salarios en la redistribución del ingreso.

El ministro sostuvo que el debilitamiento del poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia no responde únicamente a dinámicas del mercado, sino a decisiones políticas relacionadas con la flexibilización laboral, la desindustrialización y los cambios en la globalización económica.

Explicó que estas transformaciones han reducido la capacidad de negociación de los trabajadores, afectando la evolución de los salarios reales durante décadas.

En este sentido, destacó que una de las medidas adoptadas recientemente ha sido el incremento del salario mínimo por encima de la inflación, lo que, según cifras oficiales, habría permitido un aumento cercano al 30% en el poder adquisitivo real de los trabajadores en los últimos años, junto con una reducción significativa del desempleo.

El funcionario también se refirió al papel del Estado en la economía, señalando que su función no debe limitarse a intervenir en situaciones de crisis, sino que debe actuar como un agente activo en la planificación del desarrollo económico.

Recordó que en distintos momentos históricos, como la crisis financiera global de 2008 y la pandemia, los Estados fueron fundamentales para sostener la economía, lo que evidencia su rol estructural en el funcionamiento del sistema.

En esta línea, defendió la idea de que la inversión pública, especialmente en sectores sociales, debe entenderse como una herramienta de desarrollo y no como un gasto asistencial, destacando el impacto positivo de políticas como el acceso a la vivienda, el crédito productivo y los sistemas de cuidado.

Asimismo, planteó que la política monetaria tiene efectos distributivos y no es neutral desde el punto de vista social.

Explicó que decisiones como el mantenimiento de tasas de interés elevadas pueden beneficiar a los tenedores de activos financieros, mientras afectan el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas, así como el consumo de los hogares.

En este sentido, señaló la importancia de coordinar la política monetaria con la fiscal y la salarial, y mencionó la necesidad de revisar los objetivos de inflación en economías con altos niveles de desempleo estructural, como la colombiana, donde el costo del crédito puede influir en la capacidad de crecimiento y transformación productiva.

En relación con el crecimiento económico, el ministro cuestionó la idea de que el producto interno bruto deba ser el único indicador de éxito de una economía.

Indicó que, aunque el crecimiento es importante, no necesariamente refleja mejoras en el bienestar de la población.

Como ejemplo, mencionó que en el periodo reciente se han registrado reducciones significativas en la pobreza monetaria, descensos en el nivel de hambre y una disminución histórica del desempleo, lo que, según explicó, representa avances sociales relevantes independientemente del ritmo del crecimiento del PIB.

En este sentido, propuso ampliar los indicadores de desarrollo para incluir aspectos como la economía del cuidado, el acceso a bienes comunes y la protección del medio ambiente.

El funcionario también abordó la importancia de considerar la economía del cuidado dentro de las cuentas nacionales, destacando que gran parte de este trabajo, realizado principalmente por mujeres, sostiene el funcionamiento del sistema económico sin ser adecuadamente reconocido.

Además, señaló la relevancia de proteger recursos naturales como el agua, la biodiversidad y la tierra, no solo como activos productivos, sino como patrimonio colectivo esencial para la sostenibilidad del país.

Finalmente, el ministro concluyó que las transformaciones económicas requieren decisiones políticas deliberadas orientadas a modificar las reglas del sistema.

Reiteró que el crecimiento económico por sí solo no garantiza una distribución equitativa de la riqueza y que el mercado no es capaz de corregir automáticamente las desigualdades.

En este sentido, enfatizó que el enfoque actual busca consolidar un modelo en el que el salario, la inversión social, la política fiscal y la estrategia de desarrollo estén alineados con el objetivo de mejorar el bienestar general de la población y reducir las brechas sociales existentes.