La presidenta de México defendió la soberanía nacional al responder a críticas de Donald Trump y a la visita de Isabel Díaz Ayuso, rechazando cualquier injerencia extranjera en asuntos internos

La presidenta de México respondió a recientes cuestionamientos provenientes del extranjero y del ámbito político internacional, abordando temas relacionados con declaraciones de figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como diversas preguntas sobre seguridad, cooperación bilateral y la situación interna del país.

En su posicionamiento, subrayó la importancia de la soberanía nacional, la legalidad en los procesos judiciales y la necesidad de sustentar cualquier acusación con pruebas verificables, rechazando lo que calificó como afirmaciones sin fundamento.

En relación con las declaraciones atribuidas a Donald Trump sobre políticas de combate al narcotráfico y el terrorismo con posibles enfoques de intervención, la mandataria mexicana señaló que cualquier cooperación internacional debe respetar plenamente la soberanía de México y su marco constitucional.

Insistió en que el país mantiene una postura de colaboración, pero siempre bajo condiciones de respeto mutuo y sin aceptar injerencias en asuntos internos.

En ese contexto, reiteró que el gobierno mexicano no puede aceptar decisiones externas que pretendan influir en la vida política o en las decisiones de seguridad nacional.

Sobre la visita a México de la dirigente española Isabel Díaz Ayuso, la presidenta destacó que el país garantiza libertad de expresión y libertad de visita a cualquier persona extranjera, independientemente de su ideología política.

Sin embargo, enfatizó que la relevancia no radica en la presencia en sí, sino en las ideas que se promueven y los vínculos políticos que se establecen durante dichas visitas.

Señaló que diversas figuras de la oposición mexicana han compartido espacios con representantes de la derecha internacional, lo que, desde su perspectiva, refleja afinidades ideológicas con determinados proyectos políticos.

También afirmó que estos encuentros deben ser observados por la ciudadanía para comprender las distintas visiones de país que se presentan en el debate público.

La mandataria abordó además cuestionamientos relacionados con presuntas acusaciones de injerencia extranjera en operativos de seguridad dentro del territorio mexicano, particularmente en el estado de Chihuahua.

Afirmó que cualquier participación de agentes extranjeros en acciones de seguridad debe estar estrictamente regulada por la ley mexicana y la Constitución, y que no puede haber intervención de personal no acreditado en operaciones nacionales.

Subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar y esclarecer cualquier hecho relacionado con la posible presencia de agentes externos, así como determinar si existieron acuerdos formales o informales entre autoridades locales y actores extranjeros.

En este sentido, reiteró la importancia de que las autoridades estatales y municipales respeten los canales institucionales en materia de seguridad nacional, los cuales deben pasar por el gobierno federal.

Indicó que cualquier acuerdo en materia de seguridad con gobiernos extranjeros debe estar debidamente regulado y autorizado, descartando la posibilidad de convenios directos que no sigan los procedimientos oficiales.

Asimismo, señaló que la investigación en curso debe esclarecer quiénes participaron en los operativos mencionados, bajo qué condiciones se realizaron y si existió o no coordinación con instancias federales.

Respecto a los señalamientos provenientes de autoridades extranjeras sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas a ciudadanos mexicanos, la presidenta reiteró que la postura del gobierno es clara: toda acusación debe estar respaldada por pruebas.

Mencionó que se han enviado solicitudes diplomáticas para que, en caso de existir señalamientos formales, se presenten elementos verificables que los sustenten.

Criticó la difusión de información basada en filtraciones, documentos sin contexto o declaraciones no comprobadas, al considerar que este tipo de prácticas debilitan el debido proceso y generan desinformación.

En materia de seguridad pública, destacó que la Fiscalía tiene la responsabilidad de conducir las investigaciones y que el gobierno federal no interviene directamente en decisiones judiciales.

Subrayó que el sistema penal mexicano exige pruebas sólidas para cualquier acción legal, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada o corrupción.

Afirmó que en la actual administración se han logrado detenciones relevantes de autoridades municipales vinculadas a investigaciones criminales, siempre bajo el principio de legalidad y sin distinción de afiliación política.

La mandataria también se refirió a la relación bilateral con Estados Unidos, señalando que existen mecanismos de cooperación en diversos ámbitos, incluyendo seguridad, comercio y agricultura.

Destacó acuerdos recientes en materia de transporte aéreo, en los que se logró el reconocimiento de infraestructuras aeroportuarias mexicanas dentro de los convenios bilaterales.

Asimismo, mencionó avances en temas relacionados con propiedad intelectual y comercio agrícola, incluyendo negociaciones sobre productos como el tomate y el azúcar, así como medidas sanitarias vinculadas a plagas agrícolas.

En el ámbito de la seguridad internacional, señaló que incluso autoridades estadounidenses han reconocido problemas internos relacionados con el consumo de drogas y el tráfico de armas hacia México, lo que, desde su perspectiva, refuerza la necesidad de abordar el problema desde una visión integral y compartida.

Insistió en que la estrategia mexicana se basa en la prevención, el combate a las estructuras criminales dentro del marco legal y la cooperación internacional sin subordinación.

La presidenta también abordó el contexto político interno, señalando la existencia de críticas provenientes de sectores de la oposición y de algunos medios de comunicación, a los que acusó de difundir información sin sustento.

Afirmó que existe una narrativa que busca debilitar al gobierno mediante señalamientos no comprobados y destacó la importancia de que la ciudadanía contraste la información y analice las fuentes.

En relación con la situación en el estado de Sinaloa, confirmó que se mantiene comunicación con la nueva gobernadora y reiteró el compromiso del gobierno federal de apoyar a las autoridades locales en materia de seguridad y gobernabilidad.

Señaló que las decisiones sobre licencias o separaciones de cargos corresponden exclusivamente a las autoridades locales o a los propios funcionarios, y no al Ejecutivo federal.

Finalmente, reiteró que el principio rector de su administración es el respeto a la Constitución y la defensa de la soberanía nacional.

Subrayó que México no acepta imposiciones externas y que cualquier relación internacional debe basarse en el respeto mutuo, la cooperación y la transparencia.

Concluyó que el gobierno continuará trabajando en el fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de la población, siempre bajo el marco de la legalidad y la rendición de cuentas.