Sandra Ortiz afirmó ante un tribunal que habría recibido presiones para acusar a ministros del Gobierno sin pruebas a cambio de beneficios judiciales

En medio de un ambiente político cada vez más tenso en Colombia, nuevas declaraciones de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz han encendido un fuerte debate sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación en investigaciones de alto perfil que involucran a exfuncionarios del Gobierno.

Ortiz, actualmente privada de la libertad en el marco del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró en audiencia judicial que habría sido objeto de presuntas presiones para declarar contra altos funcionarios del Ejecutivo sin contar con pruebas materiales.

De acuerdo con lo expuesto por la exfuncionaria, durante su paso por el proceso investigativo se le habría condicionado la obtención de beneficios jurídicos a la entrega de información incriminatoria.

En sus palabras, la situación habría trascendido el ámbito estrictamente judicial para adquirir, según su percepción, un carácter político.

“Si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medidas de aseguramiento”, afirmó Ortiz durante su intervención, al relatar lo que, según ella, le habría sido comunicado en el proceso de colaboración con la justicia.

La exfuncionaria añadió que la presión no se limitaría a su situación personal, sino que tendría como objetivo la construcción de expedientes contra integrantes del Gobierno nacional.

“Desde ese momento yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”, señaló, insistiendo en que su caso estaría siendo utilizado dentro de una estrategia más amplia de impacto institucional.

Estas afirmaciones generaron reacciones inmediatas en el escenario político.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus canales habituales, cuestionando el uso del denominado “principio de oportunidad” en procesos de colaboración con la justicia.

Según el mandatario, dicho mecanismo podría estar siendo utilizado con fines distintos a la búsqueda de la verdad judicial.

“Usando el principio de oportunidad con el único propósito de destruir un gobierno y no de encontrar la verdad”, expresó el jefe de Estado, al referirse a lo que considera una instrumentalización de los procesos judiciales.

En su intervención, el presidente también hizo referencia a casos anteriores que han involucrado a su entorno familiar, asegurando que existirían intentos de presión psicológica en el marco de investigaciones judiciales.

“Hasta eso llegaron”, afirmó, en relación con lo que describió como un ambiente de presión sobre personas cercanas a su círculo.

Las declaraciones de Ortiz también incluyen cuestionamientos sobre la manera en que se estarían recolectando y utilizando pruebas dentro del proceso.

La exconsejera aseguró que algunas evidencias mencionadas en su imputación no habrían sido plenamente verificables o habrían presentado inconsistencias en su trazabilidad.

“Nos dijeron que las celdas del señor Sneider no existen”, afirmó Ortiz, al referirse a uno de los elementos probatorios del caso, agregando que dicha situación generaría dudas sobre la solidez de la acusación en su contra.

Asimismo, la exfuncionaria sostuvo que durante la etapa de investigación se le habrían presentado inconsistencias en documentos financieros relacionados con otros implicados.

Según su versión, algunos datos no coincidirían con la información inicialmente presentada ante las autoridades judiciales.

En paralelo, la defensa del Gobierno ha reiterado que los procesos judiciales deben desarrollarse con plena independencia institucional.

Voceros jurídicos cercanos al Ejecutivo han advertido que la judicialización de exfuncionarios no puede convertirse en un instrumento de confrontación política, mientras que insisten en que las investigaciones deben basarse exclusivamente en pruebas verificables.

En este contexto, también se han reactivado cuestionamientos sobre la gestión de la Fiscalía en otros casos de alto impacto nacional.

Sectores políticos afines al Gobierno han señalado la falta de avances en investigaciones que involucran denuncias contra figuras de la oposición, mientras que, según su percepción, otros procesos sí habrían mostrado mayor celeridad.

Ortiz, por su parte, insistió en que su situación estaría directamente relacionada con su participación en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Si a mí hoy estoy en esa situación, hoy sí lo hablo y lo digo abiertamente por un tema político y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro”, declaró durante su audiencia.

Las acusaciones también han reavivado el debate sobre la figura del “principio de oportunidad”, mecanismo jurídico que permite a un implicado colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales.

En este caso, las denuncias apuntan a que dicho instrumento podría estar siendo utilizado como forma de presión para obtener testimonios contra terceros.

Mientras tanto, el proceso judicial relacionado con la UNGRD continúa su curso, en medio de un ambiente de alta tensión institucional y creciente polarización política.

Las autoridades judiciales no han emitido pronunciamientos adicionales sobre las denuncias de Ortiz, aunque se espera que en las próximas audiencias se evalúen las solicitudes de la defensa y la validez de las pruebas presentadas.

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio la relación entre política y justicia en Colombia, especialmente en un momento en el que diversas investigaciones de corrupción y gestión administrativa se encuentran en desarrollo.

Para algunos sectores, lo ocurrido evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia judicial; para otros, se trata de un reflejo de la creciente confrontación entre poderes del Estado.

En medio de este escenario, el país permanece atento a la evolución del proceso, que podría tener implicaciones significativas tanto en el ámbito judicial como en el panorama político nacional, especialmente en un contexto marcado por la cercanía de nuevos ciclos electorales y la intensificación del debate público en torno a la institucionalidad.