Un insólito litigio civil por difamación en Twitter iniciado por el abogado Abelardo de la Espriella contra el periodista Ignacio Gómez provocó el bloqueo ilegal de múltiples viviendas en Colombia debido a un grave error en la verificación de cédulas por parte del registro inmobiliario

Un litigio por presuntos daños morales que se extendió durante seis años ha dejado al descubierto un asombroso episodio de persecución judicial y fallas administrativas en el sistema de registro inmobiliario del país.

El caso, que enfrenta al controvertido abogado y actual aspirante presidencial Abelardo de la Espriella con el reconocido periodista de investigación y editor de Noticias Uno, Ignacio Gómez, escaló a tal nivel de absurdo que terminó afectando el patrimonio de ciudadanos particulares que nada tenían que ver con la disputa, todo por el simple hecho de compartir el mismo nombre y apellido que el comunicador.

El origen de esta batalla legal se remonta a la noche del 24 de julio de 2016.

En aquella fecha, el ambiente político y judicial del país estaba caldeado por las denuncias contra el entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, acusado de vender una sentencia.

En el espacio informativo de la red independiente, el periodista Guillermo Gómez relató la asombrosa celeridad con la que Abelardo de la Espriella había sido absuelto en un proceso relacionado: apenas dieciséis días hábiles y sin notificar formalmente al autor de la denuncia original.

Como editor encargado de las redes sociales del medio, Ignacio Gómez procedió a promocionar la noticia en la plataforma Twitter, hoy conocida como X.

La reacción del abogado no se hizo esperar y la jornada terminó en un encendido intercambio de insultos a través del servicio de mensajería privada de la red social, que culminó con una tajante amenaza judicial por parte del jurista.

El punto álgido de la discordia, que años después se ventilaría con total seriedad en los tribunales civiles, fue un comentario mordaz de Gómez sobre la vestimenta del abogado.

En un tono irónico, el periodista le escribió que su ropa no era fea, sino que simplemente se le notaba el “polvo blanco”.

Esta mención encendió la indignación de De la Espriella, quien argumentó que la frase constituía una infamia, una injuria y una calumnia que lesionaba gravemente su buen nombre, causándole una profunda congoja y tristeza que supuestamente arrastraba desde hacía más de quince años debido a los constantes cuestionamientos de la prensa crítica.

Para buscar una reparación económica por este supuesto daño moral, De la Espriella acudió en 2018 al Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla.

Sin embargo, la estrategia legal implementada incluyó una solicitud de medidas cautelares sumamente agresiva y carente de rigor básico: pidió el embargo y secuestro de los bienes inmuebles del demandado.

El problema radicó en que la solicitud se lanzó de manera genérica contra cualquier propiedad registrada bajo el nombre de Ignacio Gómez en todo el territorio nacional, sin verificar el número de documento de identidad del periodista.

La ligereza de la petición judicial provocó una cadena de afectaciones patrimoniales flagrantes.

En Bogotá, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos acató la orden sin realizar la debida confrontación de la cédula de ciudadanía.

Como consecuencia directa, la vivienda del propio periodista Ignacio Gómez, adquirida legítimamente en 1993 mediante un crédito hipotecario y un premio periodístico, quedó bloqueada en el registro inmobiliario en 2018, impidiéndole realizar cualquier transacción comercial o mudanza cuando intentó cambiar de residencia debido a los constantes robos de computadores que sufría su hogar.

El perjuicio se extendió rápidamente a colombianos completamente ajenos al pleito de Twitter.

Ignacio Antonio Gómez, un trabajador retirado del servicio de aseo de Bogotá, vio cómo la casa que había construido con el esfuerzo de cincuenta años en el sur de la capital resultaba embargada por el litigio de un abogado al que jamás conoció.

El humilde ciudadano falleció esperando la liberación de su predio, consciente del error pero impotente ante la burocracia.

Un intento similar ocurrió en Medellín con la vivienda de José Ignacio Gómez Gómez; sin embargo, en este caso, el registrador de la capital antioqueña demostró mayor rigurosidad y devolvió el oficio al juez civil, advirtiendo explícitamente que el propietario del inmueble no compartía la misma cédula de identidad que el periodista demandado.

El desenlace de este surrealista proceso judicial llegó en agosto de 2024.

Durante las audiencias finales, marcadas por los problemas de conexión a internet del demandante y por intensos interrogatorios donde la defensa de Gómez, liderada por la abogada Ana Bejarano, cuestionó la sistematicidad de las demandas de De la Espriella contra la prensa independiente, la jueza de la causa decretó tablas.

El despacho judicial desestimó las pretensiones del hoy candidato presidencial al considerar desproporcionado el reclamo por la frase del “polvo blanco”, la cual el propio periodista llegó a matizar con ironía aludiendo a la caspa como un hongo común.

Con el fallo se ordenó levantar definitivamente las anotaciones de los registros inmobiliarios, devolviendo la tranquilidad legal tanto al comunicador como a las familias de los demás ciudadanos que terminaron pagando las consecuencias de una insólita confusión de nombres.