El senador Iván Cepeda cuestiona públicamente la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez frente a presuntos vínculos históricos con el narcotráfico y la expansión del paramilitarismo en Colombia

La política colombiana atraviesa uno de sus momentos más álgidos tras las recientes y contundentes declaraciones del senador Iván Cepeda, quien ha vuelto a poner sobre la mesa de debate nacional los presuntos vínculos históricos entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y estructuras del narcotráfico que datan de la época de Pablo Escobar.

Este enfrentamiento dialéctico no es nuevo, pero ha cobrado un vigor inusitado a raíz de las críticas de Uribe hacia el programa de gobierno de Cepeda, específicamente en lo que respecta al derecho a la movilización social.

Mientras el líder del Centro Democrático califica estas propuestas como una amenaza a la estabilidad institucional, Cepeda argumenta que la protesta pacífica es la herramienta legítima del poder constituyente para frenar los abusos de las élites que, según él, han cooptado el Estado durante décadas.

El núcleo del conflicto radica en una pregunta que Cepeda lanzó con firmeza: ¿cuándo asumirá Uribe su responsabilidad personal por crímenes de lesa humanidad y sus supuestos nexos con el paramilitarismo? La tensión se ha visto alimentada por decisiones judiciales de gran calado, como la reciente expulsión del general Mauricio Santoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Santoyo, quien fuera el jefe de seguridad de confianza de Uribe durante su presidencia, fue hallado responsable de colaborar con las milicias paramilitares y de estar involucrado en la desaparición de defensores de derechos humanos en Medellín, como Patricia Monsalve y Ángel Quintero.

El hecho de que un hombre con tal prontuario criminal, condenado incluso en Estados Unidos, haya ocupado el círculo más íntimo del poder presidencial, es para muchos analistas una prueba de la oscuridad que rodea aquellos años de gobierno.

A esta compleja red de acusaciones se suma el doloroso caso del joven periodista Mateo Pérez en Briseño, Antioquia.

Su asesinato a manos de disidencias mafiosas ha sido utilizado, según denuncias de sus propios familiares, como una bandera política por sectores de la extrema derecha para atacar la gestión del actual gobierno.

El primo del periodista asesinado rompió el silencio para aclarar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solo buscó protagonismo mediático en medio de la tragedia, mientras que fueron figuras del Pacto Histórico quienes realmente brindaron apoyo humano y logístico en los momentos de angustia.

Esta instrumentalización del dolor evidencia una fractura ética en el debate público, donde la muerte de un comunicador regional se convierte en mercancía electoral.

Paralelamente, el país ha quedado estupefacto ante las revelaciones de Casa Macondo sobre las visitas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell a Colombia.

Aunque se intentó ocultar el rastro migratorio, una orden judicial permitió confirmar que Epstein salió de Bogotá hacia Miami en julio de 2002, justo en la transición entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

El hecho de que uno de los criminales más infames de la historia moderna haya tenido libertad de movimiento en territorio colombiano, incluso piloteando helicópteros con figuras de la alta política, sugiere una preocupante cercanía entre las élites nacionales y personajes oscuros del escenario internacional.

Finalmente, la historia reciente de Colombia parece estar siendo escrita bajo una luz de confrontación entre quienes defienden el statu quo y quienes exigen una verdad completa que no se limite a versiones oficiales.

Desde la condena del hermano de Uribe por su relación con “Los 12 Apóstoles” hasta las revelaciones sobre la parapolítica que salpicó al 30% del Congreso, el panorama revela una estructura de poder que se resiste a desaparecer.

La lucha de Cepeda y otros sectores progresistas no es solo por un cambio de leyes, sino por una reconstrucción de la memoria histórica que impida que los crímenes del pasado queden sepultados bajo la retórica de la seguridad.

Colombia se enfrenta al desafío de decidir si continúa bajo el manto de la impunidad o si finalmente abraza una justicia que no distinga entre rangos ni apellidos.