La Fiscalía General de la Nación obligó al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, del Centro Democrático, a retractarse por señalamientos públicos contra RTVC, mientras avanza una nueva denuncia por presunta injuria y hostigamiento político.

La controversia en torno a la conducta de dirigentes y candidatos del partido Centro Democrático volvió al centro del debate público tras conocerse una serie de denuncias y actuaciones judiciales relacionadas con presuntos actos de estigmatización, injuria y hostigamiento en redes sociales.

Los hechos involucran al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Guri”, y al candidato al Congreso David Toledo Ospina, y tienen como eje el señalamiento público contra la activista y candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis.

El caso más reciente se originó a partir de un video difundido en redes sociales el 24 de enero, en el que Rodríguez y Toledo se refieren a Lalis insinuando, sin pruebas, que tendría vínculos con grupos armados ilegales.

En la grabación, tras una discusión sobre el uso de bates como supuesta “legítima defensa”, uno de ellos afirma: “Entonces sos guerrillera”, a lo que el otro responde: “Sí, debe ser guerrillera”.

Estas expresiones, ampliamente difundidas, generaron una reacción inmediata de la candidata, quien decidió acudir a la justicia.

“Hoy 27 de enero de 2026 he decidido ponerle un límite a esto”, anunció Lalis en un video publicado en sus redes sociales.

“Acabo de radicar ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra los señores David Toledo Ospina y Andrés Felipe Rodríguez”.

En su declaración, la candidata fue enfática al señalar que este tipo de afirmaciones no pueden considerarse opiniones políticas: “En un país como Colombia, señalar falsamente a una persona de pertenecer a un grupo armado no es un juego.

Es ponerle una lápida en la espalda”.

La denuncia se suma a antecedentes recientes que ya habían puesto bajo escrutinio la conducta del concejal Rodríguez.

El pasado 8 de junio de 2025, durante el denominado Concierto de la Esperanza realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá y transmitido por el sistema de medios públicos, Rodríguez publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó: “Los asesinos patrocinados por Señal Colombia celebran el atentado hecho en contra de Miguel Uribe Turbay.

Estamos en guerra y cada uno de estos es un asesino en potencia.

Malditos”.

El mensaje generó una fuerte reacción por parte de RTVC y de su gerente, Hollman Morris.

En el video del evento citado por el concejal, Morris había expresado un mensaje de solidaridad y rechazo a la violencia.

“Vamos a enviar toda la mejor energía a Miguel Uribe y a su familia.

La violencia no pasará en Colombia”, dijo entonces, invitando a los asistentes a “disfrutar este concierto en paz, en armonía y sin odios”.

A raíz de los señalamientos, Morris anunció acciones legales y sostuvo que las publicaciones del concejal constituían hostigamiento y ponían en riesgo a los trabajadores del sistema de medios públicos.

Como resultado de esa denuncia, la Fiscalía General de la Nación citó a una audiencia de conciliación en la que Rodríguez se vio obligado a retractarse públicamente.

En su mensaje de rectificación escribió: “Con el ánimo de conciliar en diligencia en la Fiscalía General de la Nación, acordamos que no me consta que Señal Colombia patrocine asesinos ni que celebraron el atentado contra Miguel Uribe Turbay a través del Concierto de la Esperanza”.

La retractación incluyó disculpas a los trabajadores de Señal Colombia.

No obstante, el tono posterior del concejal generó nuevas críticas.

En un video grabado tras la diligencia judicial, Rodríguez afirmó: “Vinimos a Bogotá a cumplir con una diligencia judicial… se logró en conciliación llegar a un acuerdo en donde se rectifica el trino”.

Luego añadió, en tono irónico: “Holman, hazme famoso”.

Para diversos sectores, estas expresiones evidenciaron una actitud de burla frente a la justicia y minimizaron la gravedad de los señalamientos previos.

En paralelo, las denuncias contra Rodríguez también recuerdan episodios anteriores que marcaron su imagen pública, como su participación en confrontaciones durante manifestaciones y la difusión de imágenes en las que aparece portando un bate.

En redes sociales, el concejal ha defendido estas acciones afirmando que se trata de “legítima defensa” y que “defender la seguridad ciudadana es un deber jurídico y social”.

En el caso de la denuncia presentada por Lalis, la candidata subrayó que en la entrevista que dio origen a los ataques ella no mencionó a ninguno de los denunciados.

“Esto no es libertad de expresión ni opinión política”, reiteró.

“Sus afirmaciones no solo dañan mi buen nombre, sino que alimentan discursos de odio que históricamente le han costado la vida a miles de personas”.

La aspirante aseguró que no permitirá que se ponga en riesgo su seguridad ni la de su equipo de campaña.

Lejos de retractarse, David Toledo publicó posteriormente un mensaje en el que afirmó: “Retractarme nunca”, insistiendo en sus señalamientos y profundizando la controversia.

Esta postura ha sido interpretada por analistas y activistas como una escalada retórica en medio de la campaña electoral, en un país donde la estigmatización política ha tenido consecuencias trágicas.

El debate abierto por estos hechos trasciende a las personas involucradas y vuelve a plantear preguntas de fondo sobre los límites del discurso político, la responsabilidad de los funcionarios y candidatos en el uso de las redes sociales y el papel de los partidos en el control de las conductas de sus avalados.

Mientras la Fiscalía avanza en el estudio de las denuncias, el caso se convierte en un nuevo llamado de atención sobre el impacto real que pueden tener las palabras en un contexto marcado por décadas de conflicto y violencia política.