La oposición acusa al exministro de Hacienda de buscar el desmantelamiento del sistema pensional bajo el eufemismo de la “economía plateada”. Su pasado técnico y político vuelve al centro del debate.

La campaña electoral de cara a los próximos comicios en Colombia ha ingresado en una fase de profunda confrontación programática.

El foco de la controversia se ha trasladado al sistema de protección social tras las recientes declaraciones del candidato vicepresidencial y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Sus afirmaciones respecto a que los ciudadanos colombianos se están jubilando a una edad “relativamente joven” han desatado una ola de indignación en las centrales obreras y plataformas ciudadanas, que interpretan sus palabras como el preámbulo de una reforma para elevar la edad de jubilación.

Durante un reciente foro político, Restrepo defendió la necesidad de reestructurar el mercado laboral para responder al cambio demográfico del país, introduciendo el concepto de “economía plateada”.

Según el candidato, el envejecimiento de la población debe asumirse como una oportunidad para aprovechar el capital intelectual de los adultos mayores a través de esquemas de contratación alternativos.

“¿Por qué no utilizar a los adultos que se están pensionando relativamente jóvenes, con ganas, con capacidad, con talento, en unos modelos de contratación distinto para que sean protagonistas de la formación, de la educación y de la construcción de cultura? Ahí hay una sabiduría maravillosa”, argumentó Restrepo.

La respuesta de los analistas independientes y de los ciudadanos en las redes sociales fue inmediata y severa.

Los detractores de la propuesta señalan que, bajo una retórica pretendidamente positiva que ensalza la “sabiduría” de la tercera edad, se esconde la intención de precarizar el retiro productivo.

“Es una forma sutil de decirnos que tendremos que trabajar hasta morir y que la jubilación a los 62 años es un privilegio excesivo”, señalaron voceros de las veedurías sociales.

El revuelo pensional ha reactivado los cuestionamientos sobre la trayectoria pública de Restrepo.

Aunque el candidato ha enfatizado que su campaña se presenta sin los logotipos de los partidos tradicionales para evitar la burocracia corporativa —afirmando que no le gusta que la política se maneje “como el álbum de Panini, acumulando adhesiones que luego exigen cargos y entidades”—, la oposición no ha tardado en recordarle su vinculación histórica con los sectores más tradicionales del poder.

Diversos informes periodísticos reseñan que Restrepo ha ocupado prominentes cargos públicos gracias a designaciones directas de carácter político.

En 1997 fue nombrado director de planeación por la entonces influencia de sectores conservadores y, posteriormente, llegó a la rectoría de la Universidad del Rosario bajo un sistema cuestionado por mezclar mérito y “amiguismo”.

Asimismo, se desempeñó como primer ministro de Comercio del gobierno de Iván Duque, coordinó el empalme del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y asumió la cartera de Hacienda tras la dimisión de Alberto Carrasquilla.

El debate también ha revivido los duros reproches que Restrepo recibió durante el primer debate de fórmulas vicepresidenciales, donde la oposición le increpó con dureza la gestión económica del gobierno del que formó parte.

Durante su etapa al frente del Ministerio de Hacienda, Restrepo estabilizó la tarifa del impuesto de renta corporativo en el 35% y limitó los descuentos del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), medidas que para sus críticos no aliviaron la crisis social.

De igual forma, sectores sindicales recuerdan con recelo la ocasión en que Restrepo, amparándose en su rol de académico, solicitó formalmente al Consejo de Estado una medida cautelar para frenar el decreto de aumento del salario mínimo, bajo el argumento de que indexar fuertemente el salario generaría presiones inflacionarias desproporcionadas.

Con este historial de medidas de austeridad técnica, la propuesta de la “economía plateada” es vista por el electorado como una amenaza real a los derechos adquiridos de los trabajadores, consolidando un escenario de alta vulnerabilidad para las futuras generaciones de jubilados en el país.