María Fernanda Delgado, detenida en Venezuela, alega haber sido coaccionada a punta de pistola por el anestesiólogo, alias ‘El Cubano’, bajo la premisa criminal de que «sin cuerpo no hay delito».

El proceso penal por la muerte de la estilista araucana Yulixa Consuelo Tolosa Rivas, de 52 años, ha tomado un rumbo definitivo tras las declaraciones exclusivas ofrecidas desde su centro de reclusión por María Fernanda Delgado, propietaria del centro estético clandestino Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia de Bogotá.

A través de un cuestionario manuscrito y declaraciones validadas por su entorno familiar directo, la sindicada ha reconocido su participación en la actividad ilícita, aunque ensaya una defensa fundamentada en una presunta coacción armada por parte del anestesiólogo de la intervención, un ciudadano extranjero conocido bajo el alias de «Leo» o «El Cubano», actualmente prófugo de la justicia.

Según la narrativa reconstruida por la imputada —quien permanece recluida en una instalación judicial de la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa (Venezuela)—, los hechos comenzaron el pasado 13 de mayo durante un procedimiento estético.

Delgado sostiene que ella no operó a la víctima, delegando la responsabilidad en un equipo técnico integrado por una esteticista, un cirujano general, un asistente y el anestesiólogo.

Mientras la propietaria atendía una visita pastoral en los niveles superiores del inmueble, fue alertada por el personal de masajes debido a una complicación severa en el quirófano.

Al descender, halló a Tolosa Rivas en estado de emesis (vómito) y bajo maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de los facultativos.

Los registros del oxímetro indicaban que la paciente aún conservaba signos vitales, por lo que se sugirió el traslado inmediato a un centro hospitalario de alta complejidad.

La declaración ministerial detalla que, ante la demora logística de los servicios de ambulancia, el esposo de Delgado, Edison Torres, dispuso de un vehículo particular para trasladar a la paciente hacia el Hospital Meissen, la institución médica más cercana al sector.

Sin embargo, la trayectoria fue alterada drásticamente dentro del habitáculo vehicular.

La imputada afirma que el anestesiólogo alias «Leo» extrajo un arma de fuego de su equipaje personal, encañonando de manera simultánea al médico cirujano y a los ocupantes de la cabina delantera, obligándolos a desviar la ruta de evacuación fuera de los límites urbanos de Bogotá con dirección a la vía Bogotá-Girardot.

«Él nos dijo que nos saliéramos de Bogotá y que agarráramos ruta.

Argumentaba que sin cuerpo no había delito», testificó la hermana de la detenida, transmitiendo la versión de la reclusa.

La célula detuvo la marcha en un tramo recto de la vereda El Copial, donde los médicos descendieron del automóvil para abandonar el cuerpo sin vida de Tolosa Rivas en las proximidades de la carretera, simulando las condiciones de un descarte vial.

El testimonio de Delgado ha sido evaluado con reserva por especialistas en psicología forense, quienes advierten la presencia de discordancias estructurales típicas de los discursos dirigidos a atenuar la responsabilidad penal en delitos de homicidio y ocultamiento de evidencia.

Una de las principales discrepancias radica en la naturaleza de las lesiones de la víctima.

Mientras la defensa de la dueña de la clínica argumenta que las marcas corporales corresponden a incisiones quirúrgicas estándar de una cirugía estética, los informes oficiales de la necrólisis emitida por el Instituto de Medicina Legal confirman un cuadro clínico severo:

Tras consumar el abandono del cadáver, el grupo retornó a Bogotá, donde los médicos fueron liberados en una estación de servicio sobre la Avenida Boyacá.

Posteriormente, Delgado recolectó a sus hijos y emprendió la huida por vía terrestre hacia Cúcuta, cruzando la frontera hacia el puente internacional de San Antonio.

Respecto a las capturas colaterales en la frontera de su tío, Jesús Delgado, y del taxista que operó el traslado del vehículo, la procesada alegó la total inocencia de ambos, afirmando que solo cumplían instrucciones para salvaguardar las llaves del garaje donde se custodió la unidad motriz.

La familia de la sindicada ha manifestado públicamente su rechazo a una eventual extradición hacia Colombia, solicitando que el proceso y cumplimiento de condena se ejecuten en territorio venezolano para no fracturar los vínculos familiares con los menores de edad.