Gustavo Petro acusó a sectores de la Fiscalía de ejercer presión política y judicial contra su familia tras la pérdida del embarazo de Laura Ojeda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó una de las confrontaciones más delicadas de su mandato al acusar públicamente a sectores de la Fiscalía General de la Nación de ejercer una “tortura psicológica” contra su familia, señalamiento que lanzó tras confirmarse la pérdida del embarazo de Laura Ojeda, pareja de su hijo Nicolás Petro.

La polémica estalló luego de que se aplazara una audiencia judicial contra Laura Ojeda por un proceso relacionado con presunta violación de datos personales en perjuicio de Daysuris Vásquez. Horas después, el mandatario reveló en redes sociales que la suspensión obedecía a un aborto espontáneo sufrido por su nuera y responsabilizó directamente a la presión judicial y mediática.

“Acabo de perder a un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional”, escribió Petro en un mensaje que rápidamente sacudió el panorama político nacional. El jefe de Estado añadió: “La presión ejercida por la Fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo un nieto”.

Las declaraciones generaron una inmediata tormenta política y jurídica. Mientras sectores cercanos al Gobierno respaldaron las denuncias del presidente, voces de oposición rechazaron los señalamientos y pidieron respeto por la independencia judicial.

Nicolás Petro también reaccionó con dureza contra la fiscal encargada de las investigaciones relacionadas con su entorno familiar. Según afirmó, hubo seguimientos irregulares, filtraciones de información privada y exposición indebida de imágenes de menores de edad durante diligencias judiciales.

“La fiscal Lucy Laborde nos hizo seguimiento y perfilamiento sin autorización judicial. Además reveló información privada y mostró el rostro de mi hijo en audiencia pública”, aseguró. Luego lanzó una acusación aún más contundente: “Toda esta presión y el acoso judicial provocaron un aborto. Ayer perdimos a nuestro bebé”.

Laura Ojeda, por su parte, publicó un mensaje cargado de dolor que aumentó la tensión política alrededor del caso: “No hay peor enemigo que una madre dolida. Prepárense”.

El presidente volvió a pronunciarse horas más tarde y elevó aún más el tono de sus acusaciones. “Esta es la tortura psicológica construida desde la Fiscalía General de la Nación contra mi familia. Ya cobran muertos en mi familia más cercana”, expresó.

La controversia ocurre en medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y distintos sectores judiciales, especialmente por las tensiones alrededor de la política de “Paz Total” impulsada por Petro.

En los últimos días, el Ejecutivo buscó avanzar en un proceso de sometimiento y desmovilización parcial de integrantes del Clan del Golfo mediante la creación de zonas de ubicación temporal para cerca de 400 miembros armados de la organización criminal. Sin embargo, la Fiscalía se negó a suspender órdenes de captura contra varios cabecillas solicitados por el Gobierno para participar en esas conversaciones.

La decisión abrió un nuevo choque institucional. Petro defendió su autoridad constitucional sobre la política de paz y cuestionó que otros poderes interfieran en esa estrategia.

“Ningún funcionario del Estado puede desobedecer una indicación del presidente en materia de paz. El jefe del orden público y de la política de paz en Colombia es el presidente de la República”, declaró durante un evento en el Cauca.

El mandatario también afirmó que detrás de las críticas y decisiones judiciales existiría una estrategia para intentar vincularlo internacionalmente con estructuras criminales debido a los diálogos adelantados con el Clan del Golfo.

“Quieren usar los procesos de paz como excusa para meterme preso en Estados Unidos”, aseguró Petro. “Me pueden meter preso, pero no voy a faltar a mi palabra de ser un hombre de paz”.

El presidente insistió en que todas las conversaciones con grupos armados se realizan bajo acompañamiento internacional y supervisión de organismos extranjeros y de la Iglesia Católica. “No quiero ocultar nada como sí se hizo en el pasado”, afirmó.

La tensión aumentó aún más cuando el abogado del presidente, Alejandro Carranza, confirmó que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y seguimiento internacional al caso de Laura Ojeda.

“He puesto en conocimiento de la CIDH la situación actual. Solicitamos seguimiento internacional para prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales relacionados con la maternidad, la infancia y la dignidad humana”, explicó el jurista.

Mientras tanto, desde sectores cercanos al Gobierno crecen las críticas contra la Fiscalía por presuntas filtraciones de expedientes y utilización mediática de los procesos contra Nicolás Petro. Uno de los episodios más cuestionados fue la divulgación de imágenes del momento de su captura en Barranquilla, material que terminó circulando ampliamente en medios y redes sociales.

El debate político se trasladó rápidamente a las altas cortes y al Congreso, donde distintos sectores interpretan el nuevo enfrentamiento como una muestra de la profunda fractura institucional que atraviesa Colombia a menos de un año del fin del mandato de Petro.

En medio de la tormenta política, el presidente insistió en mantener su apuesta por la desmovilización de estructuras armadas ilegales, aunque reconoció las enormes dificultades del proceso.

“Solo el cumplimiento de los acuerdos y el desmantelamiento de las economías ilícitas determinarán si el proceso avanza”, señaló.

Sin embargo, el drama familiar que golpea hoy a la familia presidencial terminó convirtiéndose en el centro de una confrontación política y judicial sin precedentes recientes, en la que el Gobierno acusa persecución y la oposición denuncia ataques contra la independencia de la justicia colombiana.