Iván Cepeda presentó un Sistema Nacional Anticorrupción que propone investigar redes completas de corrupción, endurecer penas y eliminar beneficios como la prisión domiciliaria para responsables de grandes desfalcos al Estado

La campaña presidencial en Colombia entró en una nueva fase de alta tensión política luego de que el senador Iván Cepeda anunciara oficialmente la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, una de las propuestas más ambiciosas de su programa de gobierno y que promete convertirse en uno de los ejes centrales del debate electoral.

El anuncio, realizado durante una rueda de prensa ante medios nacionales, incluyó medidas de fuerte impacto jurídico y político, entre ellas el endurecimiento de penas para delitos de corrupción, la eliminación de beneficios como la prisión domiciliaria para grandes corruptos y el nombramiento del exministro de Defensa y exmagistrado Iván Velásquez como máximo responsable del nuevo organismo.

Cepeda aseguró que la corrupción en Colombia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una estructura organizada que atraviesa distintos niveles del Estado y afecta directamente la capacidad institucional para combatir la pobreza y la desigualdad.

Según explicó, su propuesta busca enfrentar no solo a funcionarios individuales involucrados en actos ilegales, sino también a las redes políticas, económicas y burocráticas que permiten la permanencia de esos esquemas dentro de las instituciones públicas.

El candidato del Pacto Histórico afirmó que el Sistema Nacional Anticorrupción operaría como una estructura permanente, coordinada e integral, con herramientas tecnológicas avanzadas para rastrear irregularidades en la contratación pública y detectar patrones de corrupción.

Entre los mecanismos mencionados se encuentran sistemas de interoperabilidad de datos estatales, modelos de inteligencia artificial para el análisis financiero y seguimiento automatizado de contratos públicos.

Además, indicó que el sistema trabajaría de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control para fortalecer las investigaciones penales relacionadas con delitos de gran corrupción.

Uno de los puntos que más repercusión generó fue el anuncio de que los responsables de grandes casos de corrupción no podrían acceder a beneficios judiciales especiales ni a reclusión domiciliaria.

Cepeda sostuvo que la corrupción debe ser tratada como una forma de criminalidad organizada y que quienes desvíen recursos públicos deberán enfrentar penas más severas y devolver el dinero apropiado ilegalmente.

También señaló que se crearán incentivos judiciales para personas que colaboren con información relevante que permita recuperar recursos públicos y desmontar redes criminales infiltradas en el Estado.

El senador explicó que su eventual gobierno presentará ante el Congreso una Ley Nacional Anticorrupción con trámite prioritario, destinada a reformar los mecanismos de transparencia institucional, reducir la impunidad y fortalecer los sistemas de vigilancia sobre el gasto público.

Según dijo, el objetivo es reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y evitar que los recursos destinados a programas sociales terminen capturados por estructuras ilegales.

Otro de los componentes de la propuesta contempla una participación más amplia de la ciudadanía en los procesos de auditoría, vigilancia y control sobre la contratación pública.

Cepeda planteó la creación de espacios de seguimiento con participación de organizaciones sociales, movimientos comunitarios, universidades y sectores académicos, buscando aumentar la supervisión sobre la ejecución de recursos estatales.

El dirigente político también insistió en que las denuncias ciudadanas deben contar con mayores garantías de protección y seguridad para evitar represalias contra quienes revelen actos de corrupción.

Sin embargo, el anuncio que más impacto político produjo fue la confirmación de Iván Velásquez como futuro director del Sistema Nacional Anticorrupción en caso de que Cepeda llegue a la Presidencia.

Velásquez es una de las figuras más reconocidas en América Latina en investigaciones sobre corrupción y estructuras criminales infiltradas en el poder político.

Como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia coordinó las investigaciones de la parapolítica entre 2006 y 2012, procesos que permitieron revelar vínculos entre congresistas colombianos y grupos paramilitares.

Posteriormente, Velásquez fue designado por Naciones Unidas como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, donde lideró investigaciones de alto perfil contra redes de corrupción estatal.

Su trabajo en ese país condujo a la judicialización del entonces presidente Otto Pérez Molina y de varios altos funcionarios guatemaltecos en el caso conocido como “La Línea”, uno de los mayores escándalos políticos de Centroamérica en la última década.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Velásquez ocupó el cargo de ministro de Defensa y promovió reformas orientadas a combatir estructuras ilegales y prácticas de corrupción dentro de sectores institucionales.

Su trayectoria ha estado marcada por amenazas, persecuciones políticas y reconocimientos internacionales por su labor en defensa de los derechos humanos y la transparencia pública.

La propuesta de Cepeda ya comenzó a provocar reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país.

Mientras sectores cercanos al oficialismo consideran que el proyecto representa un cambio profundo en la lucha contra la corrupción, desde la oposición surgieron cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas y sobre la concentración de poder que podría tener una estructura de este tipo dentro del Estado.

En medio de una campaña presidencial marcada por el debate sobre seguridad, economía y gobernabilidad, la propuesta anticorrupción presentada por Iván Cepeda se convirtió rápidamente en uno de los anuncios más comentados del escenario político colombiano.

La posibilidad de endurecer las sanciones contra redes corruptas y colocar a Iván Velásquez al frente de esa estrategia abre un nuevo capítulo en la disputa electoral y promete intensificar la confrontación entre las distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales