El partido político Juntos por el Perú presentó recursos para anular la votación en 2,371 mesas de sufragio que incluyen 647 mesas en los Estados Unidos y 1,722 mesas en Lima Metropolitana

El escenario político del Perú ha ingresado a una fase de extrema beligerancia jurídica tras la masiva presentación de recursos de nulidad de mesas de sufragio por parte de las principales agrupaciones políticas en contienda.

Al vencerse el plazo legal estricto a la medianoche del tercer día posterior a los comicios presidenciales del año 2026, el partido político Juntos por el Perú, a través de su personero legal titular, el doctor Carlos Safra Flores, desató una ofensiva procesal de proporciones inéditas.

La agrupación de izquierda ha solicitado formalmente la anulación de los votos emitidos en un total de 2,371 mesas de sufragio distribuidas estratégicamente en zonas geográficas clave, argumentando presuntos indicios razonables de fraude y supuestas alteraciones sistemáticas en el llenado de las actas electorales.

El núcleo de la estrategia jurídica desplegada por Juntos por el Perú apunta de manera directa hacia la votación peruana en el extranjero, específicamente en los Estados Unidos de América.

El personero legal de la organización ingresó a la plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones, exactamente a las 11:55 de la noche, un expediente detallado que exige la invalidez total de 647 mesas de votación en territorio estadounidense, una cifra que equivale a aproximadamente el 90% del total de las mesas instaladas en dicho país, complementado con el pedido de nulidad de dos mesas adicionales ubicadas en el estado de Carolina del Norte.

Esta arremetida transnacional se complementa con un requerimiento masivo para anular 1,722 mesas en Lima Metropolitana, afectando directamente a distritos populosos como Ate y Barranco, lo que representaría cercenar cerca del 5% de la masa electoral histórica de la capital peruana.

El impacto cuantitativo de esta maniobra legal posee una clara intencionalidad política dentro de la correlación de fuerzas de la contienda electoral.

De acuerdo con las proyecciones técnicas extraídas de las actas oficiales que ya son de carácter público en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la aprobación de estos pedidos de nulidad masivos restaría del conteo general un estimado de 142,000 votos válidos.

Esta masa de sufragios está compuesta por 97,000 votos obtenidos por el fujimorismo en Lima Metropolitana y otros 45,000 votos consolidados en los centros de votación estadounidenses, lugares donde la candidatura de Keiko Fujimori registró una amplia ventaja.

La anulación de este bolsón de votos reduciría la ventaja de Fuerza Popular, permitiendo que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, asuma provisionalmente la delantera en el cómputo general.

Sin embargo, la viabilidad de la impugnación masiva impulsada por Juntos por el Perú enfrenta serios cuestionamientos formales debido a las altas tasas económicas exigidas por la legislación electoral peruana.

Conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos, cada solicitud de nulidad de mesa requiere el pago individualizado de una tasa judicial de 1,375 soles al Banco de la Nación.

Al intentar anular más de 2,000 mesas, la organización política debió desembolsar una cifra mínima que supera los 3.2 millones de soles.

Analistas del sistema electoral reportaron que, hasta pocos minutos antes del inicio del trámite formal, las constancias fiscales y los vouchers de depósito correspondientes no figuraban anexados de manera clara en el expediente virtual, un defecto procesal que en elecciones anteriores provocó que pedidos de partidos como Renovación Popular fueran declarados inadmisibles de plano por los magistrados.

Por su parte, la organización política Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, optó por una estrategia legal radicalmente opuesta en cuanto a su volumen, enfocándose en denuncias puntuales de carácter penal y administrativo en el sur del país.

El personero legal acreditado ante el Jurado Electoral Especial de San Román, José Benel Alvarado Rojas, interpuso un recurso de nulidad que abarca únicamente cuatro mesas de votación específicas localizadas en centros educativos de la ciudad de Juliaca, dentro de la región de Puno.

El argumento fujimorista señala un hecho concreto de violación al derecho de fiscalización: los personeros de Fuerza Popular debidamente acreditados fueron impedidos por la fuerza de ingresar a las aulas de votación durante el acto formal de instalación de las mesas, lo que les imposibilitó firmar las actas correspondientes y verificar la regularidad del proceso.

A diferencia del pedido masivo de la izquierda, la representación de Fuerza Popular adjuntó de manera inmediata las copias físicas del pago de las tasas correspondientes por cada mesa impugnada, así como las denuncias penales asentadas ante el Ministerio Público por sus personeros en Juliaca para sustentar la carga de la prueba.

El cronograma del proceso electoral peruano determina que la carga probatoria recae exclusivamente sobre la parte demandante, por lo que Juntos por el Perú deberá presentar evidencias físicas incontestables de la supuesta manipulación de actas en Lima y Estados Unidos si desea evitar el rechazo de sus expedientes.

Mientras los jueces electorales inician la calificación de los recursos, la ciudadanía y los personeros de ambos partidos permanecen en máxima alerta a la espera de una resolución que podría consolidar o revertir definitivamente el destino de la presidencia de la República.