La representante Catherine Miranda enfrenta fuertes críticas por presunta incoherencia política, su oposición a reformas del gobierno Petro y su intento de frenar la candidatura de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, quedó en el centro de una fuerte controversia política y jurídica luego de que el periodista Gonzalo Guillén anunciara que emprenderá acciones legales en su contra, al considerar que habría respondido con falsedades un derecho de petición presentado en mayo de 2023.

El episodio se suma a un contexto de alta tensión política marcado por la cercanía de las elecciones legislativas y la consulta presidencial del próximo 8 de marzo de 2026.

Miranda, quien llegó al Congreso con el respaldo de sectores progresistas y fue parte del equipo de campaña del hoy presidente Gustavo Petro en Bogotá, ha sido señalada por antiguos aliados de haberse distanciado del proyecto de gobierno y de actuar, en varias ocasiones, en sintonía con la oposición.

En los últimos días, su decisión de anunciar una demanda contra la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida reavivó las críticas en su contra y profundizó la fractura política.

“La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie.

En democracia no todo vale”, escribió Miranda en sus redes sociales al confirmar que presentaría una demanda contra la candidatura de Cepeda.

La congresista añadió que “las normas se cumplen, les gusten o no”, sin detallar públicamente los argumentos jurídicos de fondo de su acción, lo que generó una ola de reacciones desde distintos sectores del progresismo.

Entre las respuestas más contundentes estuvo la de Roy Barreras, quien afirmó: “Hay quienes tienen la mezquinidad como bandera y el odio como única propuesta”, y criticó lo que consideró un intento de sabotear una consulta democrática.

María José Pizarro, por su parte, señaló que Miranda ha transitado por distintas orillas políticas: “En 2018 llegó como peñalista, en 2022 posó de izquierda y hoy posa de oposición y de derecha”.

A este escenario político se sumó un elemento de carácter jurídico que elevó la controversia.

El periodista Gonzalo Guillén recordó que el 13 de mayo de 2023 radicó un derecho de petición dirigido a Miranda, en su calidad de congresista y veedora pública, para indagar sobre posibles conflictos de interés relacionados con su participación en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En dicho documento, Guillén preguntó si la representante o su pareja, el entonces congresista Edward Rodríguez, tenían relaciones de amistad o de negocios con el excontralor general Carlos Felipe Córdoba o con el fiscal general Francisco Barbosa, así como si había existido algún impedimento en investigaciones específicas.

En su respuesta, Miranda apeló al derecho constitucional a la intimidad personal y familiar, pero agregó una afirmación que hoy es objeto de debate: “En este momento no estoy casada ni en unión libre ni en ninguna relación que me cause un conflicto de interés”.

También negó vínculos de amistad o negocios con Carlos Felipe Córdoba y con el fiscal Barbosa, y aseguró no haber ingresado al despacho del fiscal general entre 2020 y 2023 en el marco de sus funciones.

La polémica se reactivó cuando el exrepresentante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, reconoció públicamente que sí mantuvo una relación sentimental con Miranda.

“Yo tuve una relación con ella”, afirmó Rodríguez en una intervención televisiva, al tiempo que defendió que la vida personal no debía ser utilizada como arma política.

Sus palabras fueron interpretadas por críticos de Miranda como una contradicción directa con la respuesta dada al derecho de petición en 2023.

Tras conocerse estas declaraciones, Gonzalo Guillén reaccionó de manera contundente en redes sociales: “Responder con mentiras derechos de petición es delito.

Procederé judicialmente contra esa ampona”.

Para el periodista, la existencia de una relación sentimental en el periodo señalado podía ser relevante para determinar un eventual conflicto de interés, especialmente en decisiones relacionadas con la Comisión de Acusaciones y el archivo de procesos sensibles.

El debate también se vio alimentado por el recuerdo de una votación clave en dicha comisión, en la que se archivó una denuncia contra el fiscal Francisco Barbosa.

Miranda no estuvo presente en esa sesión y posteriormente sostuvo que, de haber asistido, habría solicitado el aplazamiento de la votación y la comparecencia del fiscal.

Sin embargo, sectores críticos consideran que su ausencia, sumada a los vínculos personales revelados después, amerita un escrutinio más profundo.

En paralelo, Miranda ha sido blanco de fuertes cuestionamientos ciudadanos.

En redes sociales se viralizó un video grabado en Cali, en el que un ciudadano increpa duramente a la congresista frente a una valla publicitaria, acusándola de haberse opuesto a reformas clave del Gobierno y de actuar en contra de los intereses populares.

Aunque el lenguaje utilizado en ese video fue ampliamente criticado por su tono agresivo, reflejó el nivel de polarización que rodea hoy a la representante.

La controversia se amplificó aún más con denuncias sobre la presunta utilización de cuentas coordinadas en redes sociales para amplificar mensajes políticos, un fenómeno que críticos califican como “bodegas digitales”.

Usuarios señalaron la existencia de múltiples cuentas replicando mensajes idénticos en defensa de Miranda, lo que ella no ha explicado públicamente.

Mientras tanto, el anuncio de acciones legales por parte de Gonzalo Guillén abre un nuevo frente para la congresista, que enfrenta cuestionamientos tanto políticos como jurídicos en un momento clave de su carrera, cuando aspira a dar el salto al Senado de la República.

El desenlace de este caso podría tener implicaciones no solo en su futuro político, sino también en el debate más amplio sobre la transparencia, los conflictos de interés y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente al derecho de petición, una herramienta fundamental de control ciudadano en la democracia colombiana.