La filtración de informes de la Dirección Nacional de Inteligencia confirma que el gobierno de Petro advirtió formalmente a la Fiscalía sobre una red de lavado de activos con criptomonedas vinculada a la Junta del Narco sin obtener acciones judiciales

La realidad política de Colombia ha dado un giro sísmico tras la filtración de pruebas contundentes que vinculan a la denominada “Junta Directiva del Narcotráfico” con operaciones de lavado de activos mediante criptomonedas, una alerta que el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habría entregado formalmente a la Fiscalía General de la Nación sin obtener respuesta alguna.

La investigación, difundida por el analista Juan Poe y respaldada por el propio presidente, revela que desde mayo de 2025 se enviaron radicados específicos a la oficina de la fiscal Luz Adriana Camargo, advirtiendo sobre una red transnacional que utiliza activos digitales para blanquear fortunas en complicidad con estructuras como el Clan del Golfo.

Mientras la Fiscalía niega sistemáticamente la existencia de esta “junta”, la justicia de Estados Unidos parece ir varios pasos adelante al condenar a personajes de la alta sociedad internacional, como Maximilian de Hoop Cartier, vinculado a la icónica dinastía de joyería de lujo, por operar precisamente una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia para lavar más de 470 millones de dólares procedentes de actividades delictivas en Colombia.

Este escenario pone de manifiesto una desconexión alarmante —o una omisión deliberada— entre el ente acusador colombiano y las agencias de inteligencia.

La captura de capos y lavadores de “cuello blanco” en el extranjero deja en evidencia que Colombia se ha convertido en un centro de operaciones financieras para mafias que ya no solo habitan en el monte, sino que se camuflan en exclusivos sectores urbanos como El Poblado en Medellín.

Es aquí donde la narrativa de la extrema derecha comienza a resquebrajarse.

Senadoras como Paloma Valencia han reaccionado a estos avances con gritos de “golpe de Estado”, especialmente tras la decisión del Gobierno de suspender órdenes de captura para 29 miembros del Clan del Golfo con el fin de avanzar en una mesa de diálogo y desmovilización.

La oposición intenta calificar este movimiento como una alianza con el crimen para influir en las próximas elecciones, ignorando que el cronograma de tránsito a zonas temporales está fijado para después de los comicios y que, simultáneamente, la Armada y la Policía han incautado cifras récord de cocaína y capturado a exportadores vinculados a la misma organización.

La estrategia del presidente Petro marca una ruptura con la fracasada “Seguridad Democrática” del pasado.

Mientras el uribismo aboga por una guerra frontal de “plomo y cárcel” que solo ha dejado una estela de sangre y más de 6,402 falsos positivos, el actual gobierno apuesta por la inteligencia tecnológica y la inversión social.

Un hito de esta soberanía es el reciente lanzamiento del fusil “Jaguar”, producido íntegramente por Indumil en Colombia, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros como Israel.

Sin embargo, esta transición hacia la paz es recibida con ferocidad por quienes se beneficiaron del conflicto.

La calumnia se ha convertido en el arma principal de figuras como Valencia, quien intenta vincular a defensores de derechos humanos como Iván Cepeda con el paramilitarismo, cuando es el propio Centro Democrático el que ha cargado con el estigma de la parapolítica y las fotografías con cuestionados pilotos y empresarios vinculados al narcotráfico.

El costo de esta confrontación no solo es político, sino humano.

El reciente asesinato del periodista independiente Mateo Pérez Rueda en Briseño, Antioquia, a manos de disidencias, subraya la urgencia de desarticular estas bandas mediante la inteligencia y no solo con el choque de fuerzas.

En departamentos donde gobierna la derecha, como la Antioquia de Andrés Julián Rendón, el vacío de liderazgo operativo es evidente; se prioriza el discurso de odio contra el Ejecutivo sobre la protección efectiva de los líderes sociales y comunicadores.

La filtración de la denuncia ante la DNI no es solo un papel con un número de radicado; es el testimonio de una lucha interna por limpiar las instituciones de la influencia mafiosa que, durante décadas, financió campañas y compró silencios.

Hoy, el país se divide entre quienes temen que los criminales hablen en una mesa de paz y quienes exigen que la justicia deje de mirar hacia otro lado mientras las criptomonedas del narco fluyen ante sus ojos.