Los homicidios en la capital de Sinaloa coinciden con una jornada de alta tensión política marcada por el secuestro y posterior huida de la alcaldesa de Tenancingo en el Estado de México.

MÉXICO D.F. — La encarnizada disputa interna que fragmenta al Cártel de Sinaloa sumó un nuevo capítulo de violencia explícita en la capital del estado.

Durante la noche del domingo 31 de mayo, dos hombres identificados como presuntos integrantes de la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, fueron ejecutados a balazos en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, al sur de Culiacán.

El doble homicidio, firmado de manera inequívoca por el brazo armado de ‘La Chapiza’ —leal a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán—, confirma que la ofensiva por el control absoluto de la plaza se mantiene en una fase de alta intensidad.

Según los primeros informes policiales y periciales recopilados tras las llamadas de alerta al 911 alrededor de las 23:00 horas, las víctimas habían sido previamente privadas de su libertad.

Los agresores las trasladaron en vehículos hasta la vía pública de la citada demarcación, donde las obligaron a descender para posteriormente dispararles de forma directa con armamento de grueso calibre.

En la escena del crimen, junto a los cuerpos y decenas de casquillos percutidos, las fuerzas de seguridad federales y estatales localizaron una cartulina de color naranja fosforescente con un mensaje intimidatorio que reafirma la autoría del grupo criminal y advierte de que la plaza «tiene dueño».

El hallazgo provocó un despliegue inmediato de elementos del Ejército Mexicano y personal forense de la Fiscalía General del Estado.

Aunque los cadáveres permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) a la espera de su identificación oficial, los analistas de seguridad consideran el suceso como un acto de propaganda criminal diseñado para infundir terror.

El texto hallado en la escena lanzaba amenazas explícitas contra cualquier operador que colabore con la facción de ‘Los Mayos’, advirtiendo además sobre una estricta vigilancia en puntos de venta de narcóticos y locales de apuestas clandestinas.

De forma paralela a los hechos del norte del país, el centro de México registró un grave episodio de violencia política que pone de relieve la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado.

La presidenta municipal de Tenancingo (Estado de México), Nancy Nápoles Pacheco, logró escapar de sus captores tras haber permanecido privada de su libertad durante varias horas por un comando armado que pretendía exigir un rescate de 40 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de euros).

El incidente se inició en las inmediaciones de la localidad de San Miguel Tecomatlán, donde el convoy oficial de la alcaldesa fue interceptado.

Nápoles Pacheco fue trasladada por la fuerza a una vivienda utilizada como casa de seguridad en el municipio vecino de Joquicingo.

Según los reportes policiales, la funcionaria aprovechó un descuido de sus custodios para salir del inmueble y refugiarse en una vivienda cercana, desde donde consiguió alertar a los cuerpos de seguridad del Estado de México.

La llamada de auxilio activó un fuerte dispositivo de la Secretaría de Seguridad estatal que localizó a la funcionaria en buen estado de salud.

A partir de las indicaciones proporcionadas por la propia alcaldesa, los agentes cercaron el perímetro de Joquicingo, logrando la detención de cuatro hombres señalados como presuntos integrantes de la organización delictiva ‘La Familia Michoacana’.

Durante la intervención penal, las autoridades confiscaron:

Armas largas de uso exclusivo del Ejército.

Cargadores abastecidos y abundantes cartuchos útiles.

Dispositivos de abrojos metálicos (conocidos localmente como ponchallantas).

Una camioneta de gama alta que figuraba con reporte de robo.

Tras más de 48 horas de reserva institucional, la alcaldesa Nápoles reapareció públicamente mediante un mensaje en formato de vídeo para confirmar que se encuentra ilesa y que reanudará sus funciones de gobierno, si bien evitó profundizar en los detalles técnicos de la investigación judicial, la cual ha quedado a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.