El operativo simultáneo en nueve inmuebles desvela una compleja estructura criminal diversificada. Las autoridades incautan un archivo clave con rutas y transacciones financieras sospechosas.

QUERÉTARO (México) — En una operación de alta precisión coordinada desde los niveles de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fuerzas federales coordinadas por Omar García Harfuch ejecutaron un golpe simultáneo contra el crimen organizado en los municipios de Querétaro y Corregidora.

El despliegue se saldó con la detención de veinte personas y el aseguramiento de un importante arsenal y vehículos de carga.

El operativo, diseñado bajo un estricto protocolo de confidencialidad para evitar filtraciones, contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

Las intervenciones se realizaron de manera sincronizada durante la madrugada, abarcando nueve inmuebles residenciales en colonias de clase media como Lomas de San Pablo, Jardines de Azucenas, Jurica y Rancho San Pedro.

Las investigaciones que condujeron a las detenciones se prolongaban desde hacía meses mediante el rastreo de frecuencias telefónicas y el uso de aeronaves no tripuladas (drones) de la Guardia Nacional.

Según fuentes próximas a la investigación, el líder de la célula —identificado bajo el alias de «El Tubo»— precipitó la caída de su organización al centralizar las comunicaciones en una sola línea de mando para optimizar la logística, lo que facilitó a la inteligencia federal interceptar el mapa completo de sus movimientos.

Asimismo, el traslado nocturno del armamento hacia un solo punto de control en Lomas de San Pablo fue registrado mediante sistemas de visión térmica, permitiendo a las fuerzas de seguridad asegurar el perímetro antes de proceder a las entradas forzosas.

Durante los dieciocho minutos que duró la incursión táctica, las autoridades emplearon inhibidores de señal en un radio de 200 metros, anulando toda capacidad de respuesta o alerta entre los inmuebles. El parte oficial confirmó que no se registraron bajas ni heridos entre el personal federal.

En los registros periciales se incautaron cuatro armas largas modificadas, dos armas cortas con la numeración limada, cargadores de alta capacidad, munición perforante de uso exclusivo militar y una granada de fragmentación.

Además, en el inmueble ubicado en Rancho San Pedro se aseguraron cuatro camiones cisterna (pipas) con documentación falsificada de la Comisión Reguladora de Energía y sistemas de adulteración de combustible.

Los peritos estiman que la capacidad de distribución de la célula oscilaba entre los 80.000 y 100.000 litros mensuales de hidrocarburo ilícito.

Paradoja en los registros: Los agentes ministeriales destacaron el hallazgo, en uno de los inmuebles de Residencial Villalba, de pertenencias escolares infantiles a escasos centímetros de cargadores de fusiles de asalto, lo que evidencia la normalización de las dinámicas delictivas en entornos estrictamente familiares y residenciales.

El elemento central de las próximas fases de la investigación radica en una carpeta plástica recuperada en el centro de operaciones de «El Tubo». Dicho expediente contiene documentación mercantil, facturas apócrifas y un organigrama manuscrito vinculados a tres empresas pantalla con domicilio fiscal en Corregidora.

Los indicios apuntan a una estrategia de diversificación económica, un modelo de expansión delictiva empleado para operar en plazas de baja incidencia delictiva aparente sin activar las alertas de seguridad ciudadana mediante violencia explícita.

La Fiscalía General de la República ha procedido a la apertura de una causa penal específica en materia de hidrocarburos.

Tras el cierre del despliegue, la SSPC remarcó que las líneas de investigación continúan abiertas para robustecer los expedientes en curso.

Los esfuerzos se centran ahora en la localización de la estructura financiera del grupo y los fedatarios públicos involucrados en la constitución de las sociedades mercantiles utilizadas para el blanqueo de capitales en el Bajío.