MÉXICO.– Las fronteras entre la legalidad y el crimen organizado vuelven a desdibujarse en el estado de Guerrero. Una investigación de ocho meses, coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), culminó en las últimas horas con la ejecución de nueve cateos simultáneos y la detención de 11 personas en el puerto de Acapulco.

Los detenidos, acusados de operar una red de extorsión contra comerciantes, vendedores ambulantes y prestadores de servicios turísticos, han sido vinculados extraoficialmente con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos”.

Entre los arrestados destaca Jesús Zamora Cervantes, señalado como el presunto líder de la organización.

La polémica ha estallado al confirmarse que Zamora fungía como asesor en la nómina del Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por la alcaldesa morenista Abelina López, quien se ha apresurado a deslindarse públicamente del excolaborador.

La gravedad del caso se incrementó drásticamente la madrugada del 4 de junio, cuando hombres armados rociaron con gasolina e incendiaron la vivienda de otro de los detenidos, Marco Antonio Velázquez, líder de la organización Turisteros Unidos.

Las autoridades investigan este atentado como una presunta revancha criminal.

Ante la difusión en redes sociales de imágenes que muestran a los presuntos delincuentes junto a funcionarios estatales —incluida la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado—, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ordenó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantener abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer si la red de corrupción alcanzó la estructura de la gubernatura.

La ofensiva federal contra los vínculos institucionales con el narcotráfico no se limita a Guerrero.

En el Estado de México, el alcalde de Metepec, el panista Fernando Flores, se encuentra bajo investigación de oficio por parte de la Fiscalía estatal tras ser exhibido en video irrumpiendo por la fuerza en un club deportivo privado acompañado de escoltas fuertemente armados.

Por otra parte, la situación jurídica del alcalde de Cuautla (Morelos), Jesús Corona Damián, se ha agravado. Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Corona Damián fue capturado precisamente en Acapulco tras haber permanecido prófugo de la justicia, siendo señalado como pieza clave en la red de protección institucional a la célula criminal dirigida por Júpiter Araujo, alias “El Barbas”.

Asimismo, en Uruapan (Michoacán), las pesquisas por un caso de extorsión telefónica y ataques armados contra el domicilio de una víctima derivaron en la captura de un elemento activo de la policía municipal, lo que ha puesto bajo sospecha a la corporación local, gestionada por la alcaldesa Grecia Quiroz.

El escrutinio sobre la clase política mexicana ha trascendido las fronteras. Tras las publicaciones del diario estadounidense Los Ángeles Times, que aseguraban el retiro de visas por presuntos vínculos con el narcotráfico a los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, el mandatario tamaulipeco convocó a una rueda de prensa para exhibir físicamente su documento migratorio y asegurar que sigue vigente. No obstante, registros oficiales apuntan a que Villarreal no ha viajado a Estados Unidos en los últimos 19 meses.

Por su parte, el canciller mexicano, Roberto Velasco, declaró que el Gobierno de México no ha recibido ninguna notificación oficial ni comunicación extraoficial por parte de las autoridades estadounidenses o del embajador Ronald Johnson que confirme la cancelación de dichos visados.

Para frenar los señalamientos de supuesta colusión, el Gobierno federal presentó un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que detalla la captura de más de 84,000 personas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, incluyendo objetivos prioritarios de organizaciones como el Cártel del Pacífico (Ovidio Guzmán, Néstor Isidro Pérez “El Nini”), el Cártel Jalisco Nueva Generación (Rosalinda González Valencia) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (José Antonio Yépez, “El Marro”).

El clima de violencia también ha alcanzado al gremio periodístico en el oriente del país. En Nanchital, Veracruz, un comando armado irrumpió de manera violenta en el domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, privándola de la libertad.

Días antes de su secuestro, Guzmán había denunciado públicamente el uso excesivo de la fuerza y presuntos abusos por parte de la policía municipal de Nanchital, bajo la administración de Raúl González Martínez.

La madre de la comunicadora logró abordar a la presidenta Sheinbaum durante su gira en Coatzacoalcos para exigir su localización, caso que ya ha sido atraído por el aparato de inteligencia federal bajo el mando de García Harfuch.