Los líderes políticos defienden la legalidad de los fondos de protección de la familia Monsalve y señalan presuntos vínculos históricos entre el aparato militar y estructuras remanentes del paramilitarismo como el Clan del Golfo.

En el marco de la intensa confrontación política y judicial que redefine el panorama electoral y legislativo en Colombia, el exsenador Gustavo Bolívar y el congresista Iván Cepeda Castro protagonizaron un extenso análisis público enfocado en los expedientes judiciales que cursan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El diálogo abordó de manera prioritaria la controversia en torno a los presuntos pagos a la familia del testigo clave Juan Guillermo Monsalve, el papel de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y la persistencia de las denominadas “Oficinas de cobro” en las principales capitales del país.

Cepeda aclaró de forma taxativa la procedencia de los recursos económicos que la oposición ha catalogado de manera reiterada como supuestos “sobornos” para inducir testimonios falsos.

Según el legislador, los 11 millones de pesos destinados al traslado de urgencia de la familia de Monsalve desde el municipio donde se ubica la Hacienda Guacharacas hasta Bogotá provienen de un fondo de emergencia internacional provisto por Amnistía Internacional.

Dichos recursos fueron gestionados y ejecutados de manera autónoma por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) —organización defensora de derechos humanos de amplia trayectoria en el país, fundada históricamente por figuras de la talla del Nobel Gabriel García Márquez— con el exclusivo fin de salvaguardar la vida de los familiares del testigo ante inminentes amenazas de muerte.

“Esta idea de que yo estaba sobornando a la familia Monsalve es un invento absoluto. Yo no le he entregado al Comité de Solidaridad un solo peso; el dinero provino de fondos internacionales, tal como se probó rigurosamente ante la Corte Suprema de Justicia.

Quienes administran esos recursos son el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una plataforma que reúne a más de 200 organizaciones de víctimas del aparato oficial”, puntualizó Cepeda.

Uno de los puntos más agudos del debate radicó en el análisis de la política antidrogas y la relación histórica entre el gobierno de los Estados Unidos y el uribismo.

Bolívar y Cepeda coincidieron en que agencias como la DEA y diversos sectores del Departamento de Estado norteamericano han poseído información clasificada exhaustiva respecto a las actividades del exmandatario —remitiéndose a documentos desclasificados que lo posicionaban en el registro número 82 de inteligencia del año 1991—, optando por mantener un enfoque pragmático debido a la alineación del líder del Centro Democrático con las políticas anticomunistas regionales frente a modelos estatales como el venezolano.

“A mi juicio, se ha implementado una lógica determinada donde no se busca erradicar el narcotráfico, sino administrarlo.

Tras el atentado a las Torres Gemelas, Uribe consolidó en América Latina un modelo antiterrorista funcional a los intereses de Washington, el cual terminó aplicándose con dureza no contra los cabecillas de organizaciones armadas, sino contra el campesinado y las bases sociales de oposición”, argumentó el senador Cepeda.

El debate profundizó asimismo en las consecuencias operativas de los 10.000 millones de dólares inyectados a través del Plan Colombia.

Bolívar recordó el trágico fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas localmente como “falsos positivos”, explicando que la presión desmedida por presentar bajas militares en combate ante la imposibilidad de desarticular a los mandos altos de las extintas FARC llevó al asesinato sistemático de jóvenes civiles inocentes en condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, ambos líderes desmintieron el relato de la desmovilización integral del paramilitarismo promovida durante las administraciones de la llamada Seguridad Democrática.

De acuerdo con Cepeda, estructuras de alto impacto criminal como el Clan del Golfo constituyen el heredero directo y orgánico de los antiguos bloques paramilitares que no se acogieron de manera genuina a la Ley de Justicia y Paz.

Asimismo, denunciaron la subsistencia de emporios mafiosos en Medellín y la Costa Atlántica que operan bajo redes de corrupción interna donde, presuntamente, oficiales de las Fuerzas Militares facilitan el desvío de armamento oficial a organizaciones criminales.