La comunidad de San José de Apartadó enfrentó asesinatos sistemáticos y violencia de grupos armados mientras intentaba mantenerse neutral

La región de Urabá, en Antioquia, guarda cicatrices profundas del conflicto armado colombiano que todavía hoy laten en la memoria de sus habitantes.

Desde la década de los noventa, la comunidad de San José de Apartadó ha sido testigo de violencia sistemática, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sociales que se oponían a la presión de grupos armados, tanto paramilitares como guerrilleros.

La historia de esta comunidad de paz refleja la fragilidad de la protección estatal y la complejidad de convivir en medio de la guerra.

En 1992, José Germán, concejal de la Unión Patriótica (UP), alertaba sobre la amenaza de los grupos paramilitares en la región.

Señalaba que la UP, que había tenido siete alcaldías desde su surgimiento, veía cómo sus dirigentes eran asesinados o desplazados sin que las autoridades garantizaran seguridad alguna.

Meses después de sus denuncias, Germán fue asesinado, convirtiéndose en uno de los muchos líderes que perdieron la vida por su compromiso político y social.

La llegada a la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez en 1995 introdujo un programa conocido como “Convivir”, que pretendía integrar a la población con la fuerza pública bajo la idea de participación comunitaria en seguridad.

Sin embargo, en la práctica, muchas de estas organizaciones incluían miembros con antecedentes judiciales y vínculos con grupos armados.

Gustavo Petro, en su análisis sobre paramilitarismo en Antioquia, señaló que de 128 juntas directivas de Convivir, un 32% contaba con miembros con historial criminal, lo que cuestionaba la capacidad del Estado de garantizar seguridad democrática sin influencias mafiosas.

En San José de Apartadó, la violencia no cedía a pesar de los esfuerzos de neutralidad.

Los líderes campesinos que promovieron la declaración de territorio neutral frente a todos los actores armados explicaban: “Aquí no le puede vender uno a los actores armados, ni a paramilitares, ni a guerrilla”.

La comunidad se comprometió públicamente a no colaborar con ninguno de los grupos en conflicto.

Sin embargo, quienes desobedecían o ayudaban a la guerrilla eran asesinados junto con sus familias, un patrón de violencia que buscaba infundir miedo y controlar el territorio.

Entre las víctimas destacaron Ramiro Correa, asesinado por las FARC en octubre de 1997; Leonel Mazo, por paramilitares en diciembre de 1998; Rigoberto Guzmán, por el ejército y paramilitares en junio de 2000; y Kituberquia, por las FARC en mayo de 1997.

En total, más de 154 personas fueron asesinadas en condiciones extremas de violencia, muchas de ellas decapitadas o desmembradas, lo que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva.

Una niña de casi seis años fue reportada como víctima de esta violencia brutal, recordando la magnitud del horror vivido por la comunidad.

El relato de los sobrevivientes describe también el papel de algunos miembros de la fuerza pública, que manipulaban la evidencia de los crímenes.

Un testigo explicó: “Un soldado cogió un machete, lo lavó en la quebrada y lo mostró como si nada, preguntando ‘¿Este será el desgollador o qué?’”.

Este tipo de acciones evidenciaba la complicidad y la impunidad que acompañaban la violencia, generando un clima de desconfianza hacia el Estado.

A pesar de estas circunstancias, la comunidad de San José de Apartadó se declaró pacífica, buscando alejarse de la guerra y mantener su territorio neutral.

Sin embargo, los asesinatos continuaron como una forma de sanción frente a la negativa de los pobladores a colaborar con los grupos armados.

Esta postura de resistencia pacífica representó un desafío constante para quienes ejercían violencia en la región.

En el presente, la memoria de estos hechos sigue siendo dolorosa.

La masacre de niños y líderes campesinos, con descuartizamientos y asesinatos selectivos, dejó heridas profundas que el Estado ha tardado en reconocer.

La relación entre paramilitares, militares y estructuras estatales como el DAS revela un entramado de complicidades que nunca recibió sanción clara ni gesto de condolencia oficial, generando un sentimiento de abandono entre los sobrevivientes.

La reflexión sobre estos hechos se vuelve aún más relevante al observar declaraciones actuales de políticos que insisten en que el país no debe regresar al pasado.

“A mí me duele mucho ver a los colombianos regresando al pasado.

La pesadilla de la violencia que marcó nuestras vidas no puede volver a instalarse”, expresó un líder comunitario, recordando la vulnerabilidad de quienes sobrevivieron a esa etapa sangrienta.

La historia de San José de Apartadó es un recordatorio de que la paz no se construye solo con palabras, sino con justicia, memoria y protección real para quienes deciden mantenerse neutrales en medio de la violencia.

Los relatos de asesinatos, desplazamientos y complicidad institucional son una advertencia de que el pasado oscuro aún puede proyectarse sobre el presente si no se toman medidas serias para preservar la seguridad y la dignidad de las comunidades más afectadas.