La tragedia de Whakaari: negligencia, azufre y la orden que dejó desamparadas a las víctimas en el cráter
Veintidós personas perdieron la vida en 2019 en la Isla Blanca de Nueva Zelanda. Pese a las alertas científicas de nivel dos y al heroísmo de pilotos civiles, la burocracia estatal prohibió el rescate oficial durante la «hora dorada».
MADRID. Sonreían, fotografiaban el paisaje lunar y se maravillaban ante la majestuosidad de la naturaleza sin saber que capturaban las últimas imágenes de sus vidas.
El 9 de diciembre de 2019, el idilio turístico en el estratovolcán marino Whakaari (Isla Blanca), situado a 48 kilómetros de la costa de Whakatāne (Nueva Zelanda), se transformó en un infierno de vapor a más de 200 grados, ceniza abrasadora y gases letales.
Cuarenta y siete personas se encontraban en la isla en el momento de la erupción freática; veintidós de ellas fallecieron y veinticinco sobrevivieron con secuelas físicas y psicológicas que arrastrarán de por vida.
Años después del desastre, las investigaciones judiciales y los testimonios recopilados han arrojado luz sobre una cadena de negligencias corporativas y decisiones institucionales que convirtieron una atracción natural en una trampa mortal y que, además, entorpecieron las labores de rescate en los momentos más críticos.
Crónica de una catástrofe anunciada
El Whakaari, un volcán cuya actividad no se manifiesta con ríos de lava sino con violentas explosiones de vapor a presión, ya había registrado erupciones en 2013 y 2016.
En aquellas ocasiones, la fortuna quiso que los eventos ocurrieran de noche, sin presencia humana. Sin embargo, los indicios de que el sistema hidrotermal estaba bajo una presión extrema eran evidentes para los científicos.
Semanas antes del fatídico día, la Autoridad de Monitoreo Volcánico de Nueva Zelanda (GeoNet) había elevado la alerta al nivel dos, el umbral máximo antes de una erupción inminente, advirtiendo explícitamente de que la actividad eruptiva era «más probable de lo normal».
Pese a este escenario, las agencias operadoras —entre ellas White Island Tours— y las compañías de cruceros como Royal Caribbean, cuyo buque Ovation of the Seas ofrecića la excursión como un atractivo estelar de su itinerario, optaron por minimizar el riesgo y omitieron informar a los pasajeros sobre el estado real del volcán.
Aquel lunes, los turistas desembarcaron portando únicamente cascos plásticos, respiradores desechables y caramelos para mitigar la irritación de la garganta provocada por el azufre. Ninguno de ellos fue advertido de que caminaban sobre un polvorín.
Dos minutos de erupción, una eternidad de dolor
La tragedia se desencadenó en un abrir y cerrar de ojos. Tras una breve sesión de fotos al borde del cráter, el agua grisácea y un repentino aumento de la columna de humo negro anunciaron el desastre.
Apenas siete minutos después de que los primeros grupos iniciaran el retorno al muelle, el volcán estalló.
La nube piroclástica y el vapor sobrecalentado a 204 °C envolvieron a las víctimas. Quienes vestían más capas de ropa lograron protegerse parcialmente de las cenizas ácidas, pero nada pudo frenar el aire ardiente que destruyó de inmediato sus vías respiratorias.
La desesperación llevó a algunos, bajo las órdenes de pilotos y guías, a arrojarse al mar para protegerse bajo el agua, mientras a su alrededor la piel de los heridos comenzaba a desprenderse debido a las severas quemaduras químicas y térmicas.
Entre las historias de supervivencia extrema destaca la de Jesse Langford, un joven que, gravemente herido, tuvo que caminar en solitario hacia la orilla en busca de auxilio, dejando atrás a sus padres y a su hermana en medio del caos.
Perdió a ambos progenitores. Otra superviviente, Stephanie Browitt, pasó seis meses hospitalizada, sufrió la amputación de ocho dedos y requirió más de veinte cirugías reconstructivas tras perder también a su padre y a su hermana en la isla.
La polémica orden de exclusión y el heroísmo civil
Uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la jornada se vivió en las salas de mando de los servicios de emergencia del continente.
Mientras los supervivientes agonizaban en lo que la medicina de catástrofes denomina la «hora dorada» —los primeros sesenta minutos donde la asistencia médica es vital para la supervivencia—, las tripulaciones oficiales recibieron la orden estricta de no acercarse a la isla por motivos de seguridad institucional.
Ante el vacío dejado por los equipos gubernamentales, la iniciativa civil asumió el mando. El barco turístico Phoenix regresó de inmediato hacia la densa nube de ceniza para rescatar a veintiséis personas en condiciones extremas.
Paralelamente, seis pilotos comerciales de helicópteros de la zona desafiaron la zona de exclusión aérea dictada por las autoridades y aterrizaron en la superficie inestable del volcán.
Sin equipos especiales, estos pilotos rescataron a los heridos más graves y localizaron los cuerpos de los fallecidos.
Para cuando el personal de emergencias del Estado llegó finalmente a la zona, la totalidad de los veinticinco supervivientes ya había sido evacuada gracias al esfuerzo exclusivo de los civiles y de los propios guías turísticos.
Dos de estos trabajadores, incluido el experimentado Hayden Marshall-Inman, perdieron la vida intentando salvar a sus clientes. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de recuperación posteriores, dos cuerpos nunca pudieron ser rescatados del entorno volcánico.
Consecuencias judiciales y el cierre definitivo
La catástrofe desencadenó una exhaustiva investigación penal por parte del Organismo Regulador de Seguridad Laboral de Nueva Zelanda (WorkSafe). El proceso judicial concluyó con la imputación de diversas entidades por infracciones graves de salud y seguridad.
Royal Caribbean eludió el juicio tras alcanzar un acuerdo económico extrajudicial con la familia Browitt y otras víctimas por una cuantía que no ha sido desvelada.
Por su parte, la empresa Whakaari Management Limited, titular de la licencia de explotación turística de la isla, fue condenada al pago de una multa de 928.000 dólares, una cifra considerada irrisoria por los familiares de los veintidós fallecidos en relación con el volumen de negocio que generaba la atracción.
Desde aquel 9 de diciembre, las excursiones comerciales al Whakaari han quedado suspendidas de forma indefinida y el acceso a la isla permanece completamente cerrado al público, una restricción que la comunidad indígena Maorí —los primeros en socorrer a los damnificados desde sus templos y hogares— llevaba años reclamando en aras de la seguridad y el respeto a un entorno sagrado que, finalmente, impuso su ley.
