Una narcomanta localizada en un puente peatonal de la Vía Rápida Poniente de Tijuana lanzó amenazas directas contra el cantante Eduin Caz y varios mandos policiales en relación con el presunto robo de 180 kilos de cocaína ocurrido en 2025

La frontera norte y los principales destinos turísticos del noroeste de México se encuentran en un estado de máxima alerta tras registrarse dos incidentes de alto impacto que vinculan al crimen organizado con figuras del espectáculo internacional y con ataques directos a las fuerzas armadas en zonas con alta presencia de visitantes extranjeros.

En la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, una lona con un mensaje intimidatorio, conocida popularmente como narcomanta, fue localizada en una de las vialidades más concurridas, dirigiendo amenazas explícitas contra Eduin Caz, el reconocido vocalista de la agrupación de música regional Grupo Firme, así como contra altos mandos y agentes operativos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Casi de manera simultánea, la violencia criminal alcanzó la exclusiva región turística de Los Cabos, en Baja California Sur, donde un fuerte enfrentamiento armado entre civiles de la delincuencia organizada y elementos del Ejército Mexicano dejó como saldo una persona de nacionalidad estadounidense fallecida y seis heridos más, sembrando el pánico en pleno núcleo turístico.

El hallazgo en Tijuana se produjo durante las últimas horas del viernes 29 de mayo, cuando automovilistas que circulaban por la Vía Rápida Poniente alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de una manta colgada en un puente peatonal.

En pocos minutos, videos grabados por los propios conductores comenzaron a viralizarse en las redes sociales, mostrando el texto del mensaje mientras el flujo vehicular continuaba de manera ordinaria bajo la estructura.

El escrito plasmado en la lona contenía advertencias directas y mencionaba por sus nombres propios a varios funcionarios, mandos policiales y agentes en activo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Además de las amenazas contra la corporación policial, el texto incluyó un apartado dedicado exclusivamente a Eduin Caz, a quien se le exigió de forma tajante mantenerse al margen de los asuntos relacionados con un individuo identificado con el nombre de Cristian Orosco.

Este incidente ha vuelto a poner el foco de atención pública sobre un delicado caso de corrupción e irregularidades internas que ya arrastraban las corporaciones de seguridad del estado desde finales del año pasado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el mensaje de la narcomanta hace una referencia explícita a las investigaciones abiertas por la desaparición y presunto robo de un cargamento de 180 kilogramos de cocaína y una fuerte suma de dinero en efectivo.

Este evento delictivo ocurrió originalmente en octubre de 2025 en el interior de un inmueble ubicado en la colonia Ojo de Agua, y en su momento derivó en una exhaustiva investigación de asuntos internos apoyada por grabaciones de cámaras de videovigilancia que captaron el ingreso de vehículos oficiales al sitio donde se resguardaba la droga.

Como resultado directo de esa indagatoria y del análisis de inteligencia, un total de 14 agentes estatales fueron suspendidos formalmente de sus funciones.

Respecto a esta situación, las autoridades del sector de seguridad pública han reconocido de manera abierta que la investigación sigue su curso ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, reiterando la postura de que no se tolerará que delincuentes uniformados empañen la labor de las instituciones de seguridad y afirmando que quienes incurran en estas prácticas delictivas se enfrentan a consecuencias legales severas o a la muerte a manos de las propias organizaciones criminales.

Por su parte, para el cantante Eduin Caz y los integrantes de Grupo Firme, esta situación no representa el primer episodio de intimidación por parte de los grupos que operan de manera ilegal en el país.

En febrero de 2025, la agrupación musical ya se había visto en la necesidad de cancelar de forma abrupta su presentación estelar programada en el Carnaval de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, luego de que apareciera otra advertencia dirigida contra ellos en términos similares.

Hasta el momento, ni el vocalista, ni la oficina de representación de la banda, ni los canales oficiales del grupo musical han emitido alguna postura o comunicado público respecto a los acontecimientos ocurridos en Tijuana.

Asimismo, los cuerpos de seguridad pública estatales no han precisado si se implementará un protocolo especial de protección o si se reforzará el esquema de seguridad personal para el artista o para los funcionarios nombrados en la lona.

El fenómeno de las amenazas contra figuras públicas de la música tradicional y el regional mexicano continúa en aumento, provocando la cancelación frecuente de conciertos masivos, la movilización de operativos de seguridad excepcionales y la apertura de carpetas de investigación judicial que pocas veces concluyen con el esclarecimiento total de los hechos.

Mientras la tensión aumentaba en la frontera, una situación de extrema violencia irrumpió en el extremo sur de la península, específicamente en el municipio de Los Cabos.

La comunidad de San José del Cabo, en las inmediaciones de la localidad de Santa Anita, se convirtió en el escenario de una intensa balacera que interrumpió la tranquilidad de esta zona residencial y turística.

Los hechos se desencadenaron cuando elementos del Ejército Mexicano que realizaban recorridos oficiales de vigilancia acudieron a atender denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de detonaciones de armas de fuego en el sector.

Al arribar al sitio indicado, los militares localizaron un convoy de hombres armados que se desplazaban a bordo de varios vehículos.

Al notar la proximidad de las fuerzas federales, los civiles iniciaron una agresión directa abriendo fuego contra los uniformados, lo que provocó que los soldados repelieran el ataque, originando un fuerte tiroteo cruzado que se prolongó por varios minutos y causó pánico generalizado entre los habitantes y los conductores que transitaban por las vías cercanas.

El saldo final del enfrentamiento armado en San José del Cabo fue de una persona muerta y seis heridos con lesiones de diversa consideración.

La víctima mortal fue identificada formalmente como un ciudadano originario del estado de California, Estados Unidos, quien se encontraba en el lugar al momento del intercambio de disparos y fue alcanzado por los proyectiles, falleciendo finalmente durante la madrugada del domingo en un hospital de la localidad debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Entre las seis personas que resultaron heridas se encuentran dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaban en el cumplimiento de su deber, así como cuatro civiles ajenos a los hechos, identificados como una mujer de 65 años de edad, un adolescente de 14 años, un hombre de 36 años y una mujer de 43 años, quienes recibieron atención médica de urgencia tras el cese de las hostilidades.

A pesar de que las corporaciones de seguridad desplegaron de inmediato un amplio cerco y operativos de rastreo por tierra, los agresores lograron darse a la fuga aprovechando la confusión del momento, por lo que hasta el momento no se cuenta con reporte de personas detenidas en relación con el ataque.

En el sitio del enfrentamiento, el personal del Ejército Mexicano logró el aseguramiento de un importante material bélico y logístico abandonado por los delincuentes, consistente en cuatro armas de fuego largas de uso exclusivo, dos chalecos tácticos con equipamiento, un radio de comunicación portátil, quince artefactos metálicos diseñados para pinchar neumáticos, conocidos como ponchallantas, y dos vehículos utilizados por los integrantes de la célula criminal durante el tiroteo.

Toda el área circundante quedó resguardada y bajo custodia de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias forenses de ley.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, la entidad federativa de Baja California Sur experimenta desde el año 2025 un recrudecimiento de la violencia debido a una disputa frontal y territorial entre diversas facciones del narcotráfico, específicamente entre los grupos identificados como los Chapitos y los Mayos, quienes buscan el control total de las rutas locales.

Esta pugna interna coloca nuevamente a Los Cabos en una posición de alta vulnerabilidad dentro del mapa de seguridad nacional.

Los acontecimientos de esta jornada demuestran un cambio significativo en las dinámicas delictivas, evidenciando que las manifestaciones de la violencia armada ya no se encuentran recluidas de manera exclusiva en las carreteras aisladas o en las regiones de la sierra profunda, sino que tienen la capacidad de irrumpir con consecuencias letales en los principales destinos vacacionales y centros urbanos del país, cobrando la vida de civiles inocentes y de visitantes extranjeros.

La Mesa Estatal de Seguridad mantiene vigentes las operaciones de patrullaje permanente y ha exhortado a toda la población local a extremar precauciones, evitar las zonas bajo resguardo y hacer uso responsable de las líneas de emergencia para denunciar cualquier situación sospechosa.