A menos de 72 horas de las elecciones presidenciales, la campaña del candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella enfrenta un fuerte escándalo tras la instalación de una enorme valla publicitaria en un edificio de Montería donde operan varios despachos de la rama judicial

A menos de 72 horas de que se abran las urnas para las trascendentales elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo, el clima político en Colombia ha alcanzado su punto máximo de ebullición.

Las campañas presidenciales queman sus últimos cartuchos en medio de una intensa guerra de narrativas, debates éticos y denuncias sobre el uso del espacio público y el respeto a la institucionalidad.

En este escenario de alta tensión, la campaña del abogado y candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar un fuerte revés logístico y político en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, sumado a una serie de cuestionamientos que han provocado un profundo debate nacional sobre los verdaderos intereses de quienes aspiran a ocupar el cargo más importante de la nación.

La controversia estalló con fuerza en las plataformas digitales tras la denuncia pública realizada por la abogada Jessica Juliet Chávez.

A través de registros fotográficos, la jurista evidenció la instalación de una enorme valla publicitaria con la imagen de Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, en la fachada de una edificación en Montería donde operan múltiples despachos de la rama judicial.

La denuncia escaló rápidamente debido a la gravedad que implica exhibir propaganda proselitista en recintos donde los ciudadanos acuden en busca de imparcialidad, especialmente en juzgados encargados de resolver conflictos laborales, jurisdicción civil y procesos de restitución de tierras.

El malestar social aumentó al revelarse que el director seccional de administración judicial de la rama en Montería es Alfonso Jairo de la Espriella Burgos, quien según las investigaciones del entorno político local sería primo hermano del candidato presidencial, lo que levantó suspicacias sobre una presunta negligencia o favoritismo institucional.

Ante el creciente control social y la indignación de la comunidad jurídica, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería se vio obligada a emitir un comunicado oficial firmado por el propio de la Espriella Burgos.

En el documento se aclaró a la ciudadanía que la estructura en cuestión no corresponde al Palacio de Justicia oficial, sino a un inmueble de naturaleza privada donde la rama judicial actúa únicamente en calidad de arrendataria del piso quinto de los 17 niveles con los que cuenta la edificación.

Asimismo, la institución enfatizó que la propaganda no fue autorizada ni promovida por su despacho.

Sin embargo, reconociendo la necesidad de preservar la confianza legítima de la sociedad en la absoluta neutralidad de los jueces, la dirección seccional solicitó a la administración del edificio el retiro inmediato del material visual, orden que se ejecutó de forma oportuna.

A pesar de la aclaración sobre la propiedad privada del lugar, sectores alternativos y analistas políticos insistieron en que el debate de fondo radica en la estética de la función pública, argumentando que la administración de justicia no solo debe ser transparente en sus fallos, sino también proyectar una imagen de total independencia material y visual frente a las contiendas electorales.

Este incidente en Córdoba se suma a una serie de tropiezos que han debilitado la recta final de la aspiración presidencial de De la Espriella, cuya plataforma política se ha centrado en propuestas radicales como la reducción drástica del aparato estatal, la flexibilización del porte de armas para la ciudadanía y la promesa de instaurar una “patria milagro” bajo una narrativa de corte mesiánico.

La campaña del penalista ha recibido duros ataques tanto de la izquierda como de su propio espectro ideológico.

Desde el progresismo, el congresista David Racero solicitó formalmente una investigación ante el Consejo Nacional Electoral debido al uso de publicidad en la costa caribeña que asocia de forma engañosa la imagen de De la Espriella con el presidente Gustavo Petro, una estrategia calificada por la oposición como un intento desesperado por confundir al electorado utilizando la afinidad regional de ambos líderes.

Por otra parte, figuras históricas de la oposición de derecha, como la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, han marcado distancia de manera contundente.

Valencia recordó en entrevistas radiales que mientras el partido uribista permaneció en el territorio nacional ejerciendo una oposición frontal durante los últimos cuatro años, De la Espriella se encontraba residiendo cómodamente en el extranjero, cuestionando la legitimidad de su repentino discurso combativo.

La polémica que rodea al candidato de la derecha dura no se limita a la logística electoral, sino que ha tocado fibras profundas de la opinión pública debido a declaraciones de su entorno más íntimo.

Una entrevista concedida a la revista Semana junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, generó rechazo generalizado tras conocerse un fragmento donde Pineda afirma que, en caso de perder la contienda electoral, el resultado no afectaría su estilo de vida, puesto que ya tienen su futuro económico resuelto en el exterior y podrían abandonar el país sin mayores contratiempos.

Estas palabras, sumadas a antiguas declaraciones del propio abogado donde tildaba a los colombianos de “desagradecidos”, han sido interpretadas por sus detractores como una prueba de desapego hacia las realidades de las poblaciones más vulnerables, los sectores campesinos y las víctimas del conflicto.

En un ambiente electoral marcado por la incertidumbre, el episodio de Montería deja en evidencia el poder de la veeduría ciudadana y añade una pesada carga de cuestionamientos éticos sobre una campaña que camina sobre la cuerda floja a escasas horas de que el país decida su rumbo político en las urnas.