La Municipalidad Metropolitana de Lima ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en 2,300 metros de la Carretera Central para facilitar la ampliación de carriles y mejorar el flujo vehicular hacia el este de la capital

La madrugada en el distrito de Ate se vio sacudida por un despliegue masivo de fuerzas de fiscalización y agentes de la Policía Nacional del Perú, en lo que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha calificado como un operativo histórico de recuperación de espacios públicos.

Desde las dos de la mañana, la maquinaria pesada y cientos de efectivos intervinieron un tramo de aproximadamente 2,300 metros lineales en la Carretera Central, una de las arterias viales más críticas y congestionadas de la capital peruana.

El objetivo declarado por la administración del alcalde Renzo Reggiardo es liberar la vía para proceder con un proyecto de ampliación que contempla la construcción de dos carriles adicionales en doble sentido, lo cual, según los estudios técnicos de la comuna, representaría la solución definitiva al cuello de botella vehicular que afecta diariamente a miles de ciudadanos que se desplazan hacia el centro y el este de la ciudad.

Sin embargo, detrás de los objetivos de modernización urbana se esconde un conflicto social y legal de proporciones mayores.

Mientras la gerente de fiscalización de la municipalidad, Mariela Falla, sostiene que el operativo se ha desarrollado de manera pacífica y que los ocupantes son “pseudopropietarios” que invadieron indebidamente el espacio público, la realidad a ras de suelo cuenta una historia distinta.

Al recorrer la zona de intervención, los vecinos y comerciantes locales muestran una indignación que raya en la desesperación.

Muchos de ellos no son ocupantes precarios de esteras y palos; se trata de familias que habitan construcciones de material noble de hasta cinco pisos y que aseguran tener una presencia histórica en el lugar que supera los noventa años.

El testimonio de los afectados es contundente: afirman poseer títulos de propiedad debidamente inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y partidas que los acreditan como dueños legítimos del suelo que hoy la municipalidad reclama como suyo.

El núcleo de la controversia radica en la validez de los procesos administrativos previos al desalojo.

Los propietarios denuncian que nunca recibieron una notificación formal de desalojo o demolición con una fecha establecida, lo que les impidió ejercer su derecho a la defensa o, en el peor de los casos, retirar sus pertenencias de manera ordenada.

Según relatan, el municipio se limitó a emitir multas por supuesta construcción en vía pública desde el mes de enero, pero ignoró sistemáticamente los más de treinta expedientes de descargo presentados por las familias, donde se adjuntaban planos de zonificación del propio Instituto Metropolitano de Planificación que catalogaban el área como zona comercial y no como vía pública.

Esta contradicción institucional ha generado un sentimiento de indefensión entre los vecinos, quienes consideran que están siendo víctimas de un delito de usurpación y abuso de autoridad por parte del Estado.

El impacto del operativo no solo se mide en términos legales, sino también en el caos cotidiano que ha generado en Lima Este.

Con más de un kilómetro de la Carretera Central completamente cerrado al tránsito, desde el Hospital de Emergencias de Ate hasta la prolongación de la avenida Javier Prado, miles de peatones se han visto obligados a caminar largas distancias bajo el sol matutino para llegar a sus centros de trabajo o estudio.

Las rutas de transporte público que conectan Chosica, Chaclacayo y Huarochirí con el resto de la metrópoli han colapsado, obligando a los usuarios a realizar trasbordos improvisados y caminatas forzadas en una zona ya de por sí castigada por la informalidad y la falta de infraestructura.

A medida que las máquinas avanzan derribando muros y estructuras, queda en el aire una pregunta fundamental sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y el respeto a la propiedad privada.

Si bien la ampliación de la Carretera Central es una necesidad pública urgente para descongestionar el tráfico limeño, la ejecución de proyectos de esta envergadura mediante el uso de la fuerza y sin un diálogo resolutivo previo con quienes ostentan títulos de propiedad inscritos abre un peligroso precedente jurídico.

Mientras la municipalidad espera culminar las labores de limpieza y recuperación hacia la tarde de hoy, los vecinos ya anuncian medidas legales contra los funcionarios responsables, asegurando que la batalla por estos 2,300 metros de vía apenas está comenzando en los tribunales.

La modernidad de la ciudad parece estar avanzando sobre los derechos de ciudadanos que, tras casi un siglo de posesión, hoy ven sus hogares convertidos en escombros en nombre del interés metropolitano.